La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, presentaron ante la Justicia los gastos realizados con las tarjetas corporativas de la regasificadora Gas Sayago, como nueva evidencia para incluir en el expediente penal que investiga presuntos abusos de funciones en la empresa que es propiedad de los entes.
Este jueves los jerarcas junto a sus abogados ratificaron la denuncia ante la jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Mainard y el fiscal Luis Pacheco. En una rueda de prensa Emaldi volvió a afirmar que se hace esta denuncia porque es su obligación luego de conocer los resultados del informe de la auditora PWC, y reiteró que a su entender hubo un “perjuicio económico grave para el Estado, con fondos públicos” que “se podrían haber interrumpido”.
De hecho, Emaldi destacó nuevamente que las autoridades de Gas Sayago tuvieron varias oportunidades en las que se marcó la conveniencia de dar un paso al costado con el proyecto y no se hizo. Por ejemplo, cuando la compañía Deloitte, auditora externa de la regasificadora, afirmó que “a partir de esa nota 13 de diciembre de 2015 empieza a hablar de incertidumbre del negocio” y recomienda abstenerse.
Por su parte, Durand hizo referencia a la nueva evidencia presentada en la Justicia y apuntó contra la gerenta general del proyecto, Marta Jara. Según comentó, “las autorizaciones de las tarjetas corporativas y muchos de los gastos están firmados y autorizados por Jara, como el viaje a Seúl”, y aseguró que se gastaron 59.000 dólares y 300.000 pesos con las dos tarjetas corporativas que tenían de Ancap entre 2013 y 2017 y además se pagaban gastos con cheques.
Durand aseguró que a “la Justicia agregamos un informe de nuestros servicios jurídicos; agregamos facturas de viajes y compras de entradas en 2018 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia con dinero de Gas Sayago”. En esta línea agregó: “Me gustaría saber como el ejemplo de las entradas para quién eran, si era una necesidad de la empresa, lo mismo con los viajes, los gastos en alimentación”.
Además, el vicepresidente de Ancap se refirió en particular a la empresa brasileña OAS, que cobró 54 millones de dólares por la construcción del gasoducto, y hoy está involucrada en el caso de corrupción conocido como Lava Jato en Brasil. En este sentido, informó que el departamento jurídico de Ancap analizó un informe de la consultora PWC que estudió a las empresa contratadas por Gas Sayago y sobre OAS aseguró que hubo “irregularidades” en su asignación que podrían llegar a la Justicia.