UTE presentó este viernes en el juzgado de Crimen Organizado información sobre Gas Sayago que se desprende de la auditoria que el actual directorio le encargó a la empresa PWC. El abogado que representa a la empresa estatal, Jorge Barrera, dijo a la prensa que la denuncia penal presentada a la Justicia era “una obligación” porque si no el ente “incurría en omisión”.

El actual directorio de UTE ya había resulto en junio que el informe sea remitido a Fiscalía, para anexar a la causa iniciada en 2013 a raíz de denuncias por irregularidades en la licitación de Gas Sayago.

“Hay un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos, como sucesión de actos arbitrarios que se podían haber interrumpido a lo largo de todo este proceso”, dijo Barrera, y agregó que se constataban “hechos de apariencia delictiva” tanto desde “el punto de vista objetivo como desde la calificación jurídica”.

Por su parte, la directora de UTE Silvia Emaldi detalló que “con base en la evidencia que surge del informe de PWC podemos detallar que el proyecto no era viable desde su inicio y que luego hubo cuatro instancias claves donde ese proyecto pudo haberse detenido. Primero, cuando Argentina en 2012 ya deja claro que no participaría en el proyecto y su participación era de 50%; segundo, cuando en 2015 el contratista principal, por incumplimientos, abandona la obra y paga la garantía de 100 millones de dólares”.

Los otros dos momentos en los que se podría haber detenido la obra son cuando sin contratista principal y habiendo “fracasado las obras del dragado y del gasoducto se prosigue contratando consultoras para reformular el proyecto”; y por último, cuando “se intenta buscar un socio y Shell se desvincula de las posibilidades”, puntualizó la directora de UTE.

“Todos estos hechos están detectados y detallados en el informe de PWC, más otros, por lo que en el mes de junio el directorio definió poner en conocimiento del ministerio público el informe y contratar al doctor Barrera para su patrocinio”, finalizó.

En su momento, cuando el directorio presentó el informe de PWC, Emaldi había comentado que Gas Sayago “implicó” hasta la fecha la “pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de UTE y Ancap y con los 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”. Esta suma no sería la final: la regasificadora ha sido “demandada por 37 millones de dólares” y se “deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata” –lo que costará ocho millones más–.

La firma Gas Sayago fue creada en 2011 –es propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), pero funciona en el derecho privado– para encargarse de la construcción de una planta regasificadora en el oeste de Montevideo, proyecto del gobierno del Frente Amplio que tenía como socio clave a Argentina. Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, firma que luego quedó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht y terminó en la quiebra.