Eric tenía 29 años cuando se ahorcó, el jueves, en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Su hermano Alexander también murió allí: lo mataron en un incendio provocado en el módulo 3, el 13 de enero de este año.

El módulo 12 del ex Comcar tiene cuatro sectores: uno de seguridad, que depende directamente del gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dirigido por Luis Mendoza; dos de alojamiento transitorio, que dependen de la dirección del ex Comcar; y uno de salud mental, que es gestionado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a través del hospital Vilardebó y el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad.

En lo que va del año, hubo cuatro muertes en ese módulo: dos “dudosas” y dos suicidios. Antes del suicidio de Eric, hubo otro en julio: una persona privada de libertad que había sido internada en el hospital Vilardebó se mató a la semana de ser retornada al ex Comcar.

Las dos muertes dudosas fueron similares: los dos tenían 20 años, severas patologías psiquiátricas y discapacidad mental, y murieron en causas que aún se investigan. Uno de ellos fue Marcelo Ayala, que falleció en mayo. Su caso alertó acerca de la situación de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental agudos. El otro fallecido fue Brian Cervetti, que murió el 14 de febrero.

Entre el periplo carcelario y los múltiples intentos de autoeliminación

Eric ingresó al sistema penal el 27 de abril. Fue recluido en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación que funciona en la Unidad 1 de Punta de Rieles (cárcel de participación público-privada). Por el homicidio de su hermano y los riesgos de seguridad asociados a este caso, tenía varios lugares vetados, por lo que fue trasladado a la Unidad 12 Cerro Carancho, en Rivera, el 3 de mayo, a pesar de que su defensa había sugerido varias cárceles más cercanas para que mantuviera el vínculo con su familia.

La primera autoagresión registrada fue el 28 de junio: se cortó el cuello. Según consta en su registro del Sistema de Gestión Carcelaria (SGC), en el que se detallan todos los eventos que ocurren dentro de la cárcel, “manifiesta haberse autolesionado porque extraña a su familia y no solicita a la unidad medidas de seguridad”.

Al otro día volvió a autoagredirse. Durante la recorrida rutinaria se constató que Eric “se encontraba en su cama llorando, con una manga de su buzo atada a las rejas de su celda, donde expresó al funcionario que tenía intenciones de autoeliminarse”. Fue conducido al hospital departamental de Rivera, donde quedó internado en la sala psiquiátrica.

Cuatro días después le dieron el alta y volvió a la cárcel. El 7 de julio le pusieron una sanción por “presionar a las autoridades ejerciendo o amenazando con ejercer medidas tales como actos de autoagresión y/o daños”. Es una práctica común en las cárceles aplicar una sanción cuando una persona tiene un intento de autoeliminación. Se plantea además que “realiza ayuno voluntario como medida de presión para lograr un traslado”.

El 11 de julio lo volvieron a internar en el hospital departamental de Rivera porque se volvió a cortar el cuello en su celda. Según consta en el SGC, el planteo institucional es que “la conducta adquirida por esta persona privada de libertad es con el fin de obtener un traslado a otra unidad del sur del país por acercamiento familiar”. Quedó internado de nuevo en la sala psiquiátrica del hospital.

El 19 de julio le dieron el alta y volvió a Cerro Carancho. El 28 de julio fue trasladado a Montevideo y alojado en la Unidad 1 de Punta de Rieles. En el expediente figura una consulta urgente en el hospital Vilardebó “para valoración” y de ahí fue derivado al sector de salud mental del módulo 12 del ex Comcar, para dar seguimiento a su cuadro. Del 28 de julio al 12 de agosto estuvo en ese sector. El 13 de agosto lo trasladaron a la Unidad 1 de Punta de Rieles.

El 23 de agosto se lo trasladó al hospital Vilardebó, donde se le hizo la pericia psiquiátrica. En esa instancia se determinó “hospital Vilardebó sí o sí” para una pericia psiquiátrica urgente, dice el documento en el que se registró el traslado, es decir que los médicos indicaron que debía permanecer bajo el cuidado del hospital en el módulo 12. Al otro día, volvió al ex Comcar, al sector de salud mental, por indicación de la psiquiatra.

Hábeas corpus correctivo para exigir medidas ante los reiterados intentos de autoeliminación

Tras múltiples gestiones con el INR, la abogada defensora de Eric, Carolina Bautel, presentó el 26 de agosto un hábeas corpus correctivo en el que planteó la situación, con énfasis en la conducta suicida de su defendido, y solicitó que la Justicia disponga medidas para evitar más riesgos y daños.

Como fundamentos para plantear este recurso se entiende que la situación de Eric se “encuadra en las condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana referidas por la norma”, según expone el documento al que accedió la diaria. El hábeas corpus correctivo “protege el derecho de la persona privada de libertad a no ser objeto de un tratamiento carente de racionalidad, impidiendo tratos o traslados indebidos”.

En el relato del hábeas corpus, la defensa describe las peripecias y vulneraciones que había atravesado Eric en los casi cinco meses que estuvo preso. Señala el traslado a la cárcel de Rivera, Cerro Carancho, como detonante: “A partir de ahí su situación física y mental comenzó a deteriorarse”, alerta. Enfatiza en que la lejanía de sus seres queridos “derivó en su quiebre emocional y en un primer intento de autoeliminación”.

La abogada relata en el documento que lo entrevistó en la cárcel y confirmó lo grave de la situación. “Durante la entrevista, que duró casi dos horas, lloró todo el tiempo, mirando constantemente hacia atrás y sus costados, visiblemente perseguido, inseguro, paranoico”, contó. Dio cuenta de la situación al equipo del comisionado parlamentario penitenciario, que intentó verlo, pero no lo logró.

En el documento, la abogada insiste en que la salud mental de Eric está en riesgo, en que es necesario que reciba un diagnóstico, la atención correspondiente y la derivación a otra cárcel. “Su salud mental y física se encuentran en peligro al no haber recibido diagnóstico ni la atención correspondiente, ya que aún dado de alta de la sala del módulo 12 su angustia y paranoia persisten”, indicó.

El hábeas corpus correctivo solicita que se haga “urgente” la pericia psiquiátrica pendiente para “considerar su situación y de este modo recibir el tratamiento adecuado”. Además, se solicita que, por “su actual situación”, sea derivado a una cárcel con poca población, “donde pueda recibir atención adecuada a sus necesidades, así como la frecuente visita de sus afectos”.

Finalmente, se pide que se convoque a una audiencia urgente al INR y que se lleve adelante el hábeas corpus correctivo “por el inminente peligro que representa para sí mismo el condenado carente de asistencia psiquiátrica adecuada”.

Se hizo lugar al hábeas corpus y María Noel Tornarelli, jueza de ejecución de 7° turno a cargo de la causa, dispuso que Eric permaneciera alojado en el módulo 12 del ex Comcar, “tal como fuera indicado por la médica psiquiatra del hospital Vilardebó”. Es decir, en el sector de salud mental del módulo, y no en el sector de tránsito en el que se mató.

También se indica que una vez que los médicos entiendan que está estabilizado y apto para el traslado se lo deberían comunicar a la jueza, pero eso no sucedió. Además, plantea que “de existir algún factor de riesgo que ponga en peligro la vida del penado”, la defensa comunicaría la situación.

Intimación al INR a cumplir con el fallo del hábeas corpus

El 1° de setiembre Eric fue dado de alta del sector de salud mental del módulo 12 a la espera de una evaluación de la Subdirección Técnica Nacional, con Lourdes Salinas al frente, para que se decidiera la cárcel a la que sería trasladado considerando su situación. A la espera de la evaluación, contra la disposición del hábeas corpus, fue alojado durante casi dos semanas solo en el sector transitorio del mismo módulo.

La defensa se enteró casualmente de que le habían dado el alta del sector de salud mental, porque la novia de Eric fue a verlo y escuchó en la visita que tenía el alta y que iban a trasladarlo. La abogada intentó evitarlo: se comunicó con la cárcel y solicitó que se viera la resolución del hábeas corpus. Como estaba de “alta” no fue alojado en el sector de salud mental, así que quedó en el sector transitorio.

La defensa asegura que “no se cumplió con nada de lo acordado”: “No fue evaluado para asignarle unidad, no se comunicó a la sede judicial el alta ni se realizó la pericia psiquiátrica” solicitada. “Nada”, enfatiza.

Al otro día se volvió a intimar al INR y a ASSE “al cumplimiento de lo acordado y resuelto” en el hábeas corpus correctivo. Se solicitó la permanencia de Eric en el sector de salud mental del módulo 12, “tal como fue indicado por la médica psiquiatra del hospital Vilardebó”, pero no se cumplió.

Según informó el Ministerio del Interior, Eric recibió la evaluación de la Subdirección Técnica Nacional el 14 de setiembre y se definió su traslado a la Unidad 1 de Punta de Rieles. Dos días después se mató.

“No se siguieron los pasos consignados en el hábeas corpus”, dijo la abogada. “El alojamiento aislado en el módulo 12, y no en el sector de salud mental, como propuso la psiquiatra del Vilardebó, creemos que fue lo que lo terminó de desquiciar”, afirmó.

“Nos sentimos muy impotentes durante los días que permaneció en el módulo 12, aislado, esperando la evaluación y el traslado. Eso demoró mucho”, consignó. “En el medio tuvo una sola visita de su mamá, que fue una odisea gestionarla”, señaló, y concluyó: “Cuando nos enteramos nos enojamos mucho, ahora estamos muy angustiadas, porque este desenlace se podría haber evitado. Hubo muchas alertas y acciones para evitarlo”.