Un allegado al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo se contactó por primera vez con Alejandro Astesiano el 23 de julio a las 21.44. A modo de presentación, escribió por Whatsapp: “Como info te digo que Luis [Lacalle Pou] conoce a la flia de mi Sra [XXXX] de la ciudad de Minas”. En la conversación rápidamente queda claro que la intención es concretar una reunión privada con el presidente de la República.
“Si a tu señora la conoce mejor desconocidos. Así salen las cosas, todo tiene un manejo”, responde el entonces jefe de la seguridad presidencial, que cierra su explicación con un emoji de guiñada.
La conversación entre ambos sigue adelante. El interlocutor le comparte a Astesiano un link con una noticia del diario argentino La Nación, que salió publicada en la edición del 1º de junio. “Balcedo pasa de imputado a demandante y le reclama 22 millones de dólares a Uruguay”, dice el titular de la nota. La bajada agrega: “El polémico sindicalista y empresario pide un resarcimiento luego de haber entregado un chalet en la playa, ocho millones de dólares y tres automóviles de alta gama; ahora espera la extradición”.
Luego el enviado de Balcedo profundiza en la información ya divulgada: “Quiere arreglar”. Este mensaje cierra con dos emojis: silencio y guiño. El jefe de la seguridad presidencial le aclara, como por si acaso, que ya conoce “todo el caso”.
Los días siguientes hay nuevos contactos entre ambos por Whatsapp, algunos en mensajes de texto y otros en mensajes de voz. En uno de ellos, cerca del mediodía del 28 de julio, Astesiano le explica que para concretar una “reunión reservada”, es importante tener antes algún material escrito, para que después “no queden dudas”. En los siguientes mensajes intentan coordinar una reunión en Montevideo para concretar la entrega de una carpeta con documentos.
“Dale, movete que hay mucha guita”, le sugiere en un momento el enviado de Balcedo a Astesiano. Los emojis de cierre vuelven a ser dos: la mano que pide atención y el bíceps flexionado que se usa como señal de fuerza. Luego, en otro mensaje del 31 de julio, el operador del empresario argentino escribe: “Apenas sepas avisale que tiene que ir a Punta del Este (reunión) y dps a lo del Kia”. Balcedo cumple actualmente una prisión domiciliaria en la chacra El Gran Chaparral de Playa Verde, a la que tiene que regresar todos los días a las diez de la noche.
Pasan los días, Astesiano deja de responder los mensajes y el allegado a Balcedo empieza a transmitir un poco de ansiedad. “Mirá que Fiscalía contestó la semana pasada y en cualquier momento empiezan a negociar el juicio. Tratá de meter la cabeza y NO quedar afuera!! Tas avisado. (Yo no te comenté nada, es todo muy reservado)”, le escribió en la tardecita del 7 de agosto.
Ahora sí Astesiano vuelve a dar señales de vida y le manda dos audios. Luego, el enviado de Balcedo insiste: “A él le tiene que interesar xq también hacen juicio a Presidencia. Se come un garrón”. “Síii”, le responde finalmente Astesiano, en lo que figura como el último contacto que mantuvieron ambos por Whatsapp.
El chat 195 de la carpeta investigativa, a la que accedió la diaria, es uno de los 1.300 contactos que mantuvo el exjefe de la seguridad presidencial entre los primeros días de febrero y el 26 de setiembre. Ese día, tras regresar de las vacaciones en Costa Rica con Lacalle Pou y su familia, Astesiano fue detenido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati por los pasaportes falsos a ciudadanos rusos.
La situación judicial de Balcedo
El 1° de octubre de 2020, Balcedo alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fue condenado a cuatro años y ocho meses de penitenciaría, que cumple en prisión domiciliaria, por delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. El acuerdo, que fue validado por la jueza María Helena Mainard, implicó la devolución al empresario argentino de 2.635.335 dólares. Balcedo será entregado a la Justicia argentina cuando termine de cumplir la condena en Uruguay.
En mayo de 2022, Balcedo inició una demanda civil contra el Estado uruguayo por 22 millones de dólares, como indemnización por haber frustrado un negocio con el avión Gulfstream G-IV, que Balcedo tenía bajo la modalidad de leasing y que estuvo, por orden judicial, detenido en el aeropuerto de Carrasco durante un año.