La Justicia convocó a juicio oral por la causa Los Vagones

La Justicia convocó a juicio oral y público para resolver la causa que investiga torturas en el centro clandestino de Canelones conocido como “Los Vagones”.

El juicio tiene fijadas seis audiencias que se realizarán entre el 8 y el 15 de diciembre. En la primera la Fiscalía y la defensa del imputado presentarán sus alegatos de apertura y está previsto que declaren los peritos que participaron en la investigación penal llevada adelante por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe.

En las audiencias, entre el 9 y el 14 de diciembre, fueron citados a declarar 16 testigos propuestos por la parte denunciante, víctimas del centro clandestino, que funcionó en la ciudad de Canelones entre fines de la década del 60 y mediados de la del 70.

El 15 de diciembre está previsto que las partes presenten sus alegatos finales y el juez emita su sentencia. El Código del Proceso Penal establece la posibilidad de que “excepcionalmente”, y fundado en la complejidad de la causa, el juez pueda pedir una prórroga de 15 días para dictar la sentencia.

La causa fue iniciada por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y la Asociación Ágora en mayo de 2019 y es la primera causa por crímenes de lesa humanidad que se tramitó después de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.

En diciembre de 2019 fueron imputados con prisión preventiva los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale -ambos fallecidos- y Alejandro Ferreira por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones.

En marzo de 2020 los imputados, que cumplían prisión preventiva en Domingo Arena, fueron a prisión domiciliaria.

El 24 de octubre de 2020 Guillén, que integró la Dirección de Investigaciones de Canelones, se suicidó, y familiares del policía, que entienden que la situación judicial del imputado pesó en la decisión, amenazaron de muerte a dos sobrevivientes del centro clandestino, lo que fue denunciado por las víctimas.

En abril de 2021 el juez de garantías Luis Alberto Sobot retiró el arresto domiciliario como medida cautelar y, en julio, decidió archivar la causa al considerar que los delitos por los que estaban imputados habían prescripto, computando el plazo desde que fueron liberados, por lo que se computaron algunos años de la dictadura y en los que estuvo plenamente vigente la ley de caducidad.

Esa decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, en noviembre de 2021. En su fallo, los ministros Alberto Reyes, Sergio Torres y Graciela Gatti destacaron la responsabilidad del Estado en “proveer a los sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violado”, y señalaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15.737, dispone que la sanción al culpable de un delito constituye un derecho humano para la víctima.

Esa sentencia, que permitió la continuidad del proceso penal, también hizo referencia al artículo 72 de la Constitución, que reconoce “los derechos inherentes a la personalidad humana que se derivan de la forma republicana de gobierno”, y advirtió que “luego de reinstalada la democracia la ley de caducidad constituyó un impedimento inconstitucional, ilegítimo para la persecución de los delitos que pudieron ser investigados décadas después”.

La causa fue retomada por Sobot, quien en julio de 2022 culminó la audiencia de control de acusación, en la que se definieron los términos en los que se realizará el juicio, las pruebas que se presentarán y los testigos de cada parte.

Los Vagones

El centro de torturas Los Vagones funcionó en la ciudad de Canelones. Las víctimas eran recluidas y torturadas dentro de dos vagones de AFE. El centro clandestino funcionó en dos lugares de la zona del parque Artigas; en una primera etapa, entre fines de los 60 y 1975, funcionó en el edificio de la Escuela de Policía de Canelones, donde ahora está instalada la sede de la Policía Alta Dedicación Operativa. Al fondo del edificio se instalaron tres vagones de ferrocarril, dos en los que se recluía a dirigentes sindicales y políticos -algunos llegaron a permanecer meses en el vagón- y otro donde se depositaban las pertenencias de los militantes apropiadas en los operativos de detención.

Entre setiembre y octubre de 1975 los vagones fueron trasladados a unas cuatro cuadras de distancia, detrás del estadio de Canelones, en el Barrio Olímpico. En esa época el centro de reclusión fue parte de la operación Morgan, que implicó la desaparición y tortura de decenas de miembros de la dirigencia del Partido Comunista.