La Operación Ártico comenzó en febrero de 2021, cuando responsables del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) de Paysandú radicaron una denuncia ante la Jefatura de Policía del departamento porque presumían que una adolescente que estaba bajo amparo del instituto era víctima de explotación sexual.

El caso fue asumido por La Fiscalía de Paysandú de Primer Turno, a cargo de Carolina Martínez, quien destacó el trabajo de la Policía, el que catalogó como “muy profesional”, por lo que “permitió llegar a un resultado exitoso” en este caso.

En la investigación, que incluyó incautación de celulares y revisión de cámaras de videovigilancia, se pudo identificar a seis víctimas que tienen entre 14 y 16 años, de las cuales una está bajo amparo de INAU. Todas eran contactadas por adultos, a través de las redes sociales, para ser explotadas: les prometían dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

El 8 de marzo fueron detenidas 12 personas, 11 varones de entre 23 y 48 años y una mujer de 20, todos de Paysandú. Algunos son primarios y otros reincidentes.

Según informó Fiscalía, “el foco está puesto en los adultos porque no existe comercio sexual de esta naturaleza si no hay adultos que lo busquen y que paguen por ello”. “La prueba que había era muy contundente y eso se demuestra porque de las doce personas detenidas todas fueron condenadas”, se señaló. “Las pruebas contundentes permitieron que todos sean condenados”, se enfatizó.

Desde Fiscalía explicaron que no se trata de una red ni se maneja ese concepto porque los adultos no se conocían entre sí, sino que contactaban a las adolescentes por redes sociales de manera independiente.

La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía va a trabajar con las víctimas para brindar apoyo y contención. La investigación no está cerrada y continúa, por lo que podría haber nuevas detenciones.

Diez de los varones fueron condenados con prisión efectiva como autores de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución “a personas menores de edad o incapaces” para que ejecuten actos sexuales o eróticos en concurso formal con reiterados delitos de contacto con menores de edad por cualquier medio de tecnología con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. Las penas van de 22 a 28 meses de prisión.

Se les impusieron penas accesorias: suspensión para el ejercicio de la patria potestad; tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas incapaces; y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de diez años. También tienen la obligación de brindar una reparación patrimonial a la víctima por un monto equivalente a doce de sus ingresos mensuales, o en su defecto doce salarios mínimos. Sus nombres formarán parte del registro de agresores sexuales.

El hombre restante fue condenado por un delito de contacto por cualquier medio tecnológico con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual en reiteración real con un delito de divulgación de imágenes de grabaciones de contenido íntimo agravado. La pena que se le impuso es de 12 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio y ser supervisado por la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida. También tendrá arresto domiciliario nocturno de 22.00 a 6.00. Además, se debe presentar una vez por semana en la seccional policial que le corresponde por su domicilio y hacer trabajo comunitario dos veces por semana durante dos horas.

La mujer fue condenada como autora de un delito de negociación de estupefacientes a dos años de penitenciaría.