Hay 26 cárceles en Uruguay, 18 tienen chacras. Estos espacios son de “mínima seguridad”. Para seleccionar a quienes van allí se debe cumplir con la normativa vigente y se debe pasar por la evaluación de la Junta de Traslados.

El decreto 440/978 establece el reglamento interno de los centros “de recuperación carcelaria”. Los primeros tres artículos citan mandatos constitucionales: “Todos los reclusos tendrán derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad; serán considerados en forma igualitaria, no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos o las virtudes; en ningún caso la reclusión servirá para mortificar, y sí solo para promover la reeducación y readaptación social del recluso y la prevención del delito”.

También plantea “condiciones mínimas para la admisión”: que la persona tenga un máximo de 52 años, que tenga media pena o “probable” media pena cumplida, “según se trate de penados o procesados” [porque el decreto es previo al cambio del Código del Proceso Penal, en el qué pasó a hablarse de imputados], respectivamente; y que el saldo de la pena no sea mayor de cinco años ni menor de un año efectivo o presunto, “según se trate de penados o procesados”.

En rueda de prensa desde la Torre Ejecutiva, Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), informó que le solicitó al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la “flexibilización” de este decreto. “Tenía muchos requisitos y esos requisitos para nosotros quedaron obsoletos para que tenga que ver con el perfil y con informes técnicos y de seguridad”, afirmó.

“Hoy tengo 302 lugares en chacras y hay 14.502 personas privadas de libertad”, indicó, y subrayó el hacinamiento que hay “en muchos módulos de Comcar y en Canelones”. Mientras, “por otro lado tengo 300 lugares en chacras y el decreto 440 me limita la llegada de gente”, lamentó Mendoza.

Para el director del INR, “la prioridad es la rehabilitación y qué mejor que tenemos mil hectáreas y la gente trabaje y produzca para la alimentación de los internos”.

Antecedentes

Una de esas cárceles chacra es la Unidad 2 Chacra Libertad, que funciona como unidad en sí misma y no como anexo a otra cárcel. Es contigua al Penal de Libertad, cárcel de máxima seguridad, y fue una de las apuestas de esta gestión: allí se implementó un proyecto de plantación de papas, que contó con varios apoyos; de hecho, la primera cosecha fue acompañada por una actividad pública en la que participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Esta cárcel fue objeto de polémica tras un informe periodístico de Santo y Seña. De 2020 a 2021 hubo 45 fugas en el sistema penitenciario (una fuga cada ocho días). Seis de las 45 fugas (13%) se concentraron en la Unidad 2, por lo que se puso la lupa sobre esta cárcel, que tenía una población de 27 personas en ese momento, y sobre los criterios de selección para el arribo a esta unidad.

De los seis fugados, cuatro fueron recapturados, uno está prófugo y al sexto lo mataron en un caso de sicariato. El hombre asesinado era líder de una banda narco y responsable de varios homicidios en el barrio 19 de Abril, también de amenazas y desalojos. Su vuelta al territorio tras su fuga suscitó una reunión entre Gustavo Leal, exdirector de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, y Erode Ruiz, jefe de Policía de Montevideo en ese momento. Esa reunión le costó el puesto a Ruiz, que fue cesado por el exministro Jorge Larrañaga.

Cuando ocurrieron las fugas, el director de la Unidad 2 era el comisario mayor Jorge Solé, quefue cesado y, según informó el Ministerio del Interior, fue trasladado a una comisión que delinea políticas para todas las cárceles chacra. Meses antes, este policía se atrincheró ante la Policía tras ser denunciado por violencia doméstica por su hija, investigación administrativa que continuaba abierta, según consignó la cartera cuando fue cesado.

En el informe periodístico que consignó las fugas, Milena Más, exsubdirectora técnica del INR, planteó presuntas irregularidades en los traslados a la Unidad 2 y situaciones de violencia de parte de Mendoza y Santiago González, actual director de convivencia y seguridad ciudadana, que la llevaron a renunciar.

Para hacer un traslado en cárceles, el trámite debe pasar por la Junta de Traslados. Para poder estar en una cárcel de mínima seguridad, como son las chacras, se deben cumplir determinadas condiciones: jurídicas (haber cumplido la mitad de la pena), técnicas (evaluación situacional de la persona) y operativas (riesgo de fuga, sanciones, conflictos, etcétera). Hasta el comienzo de esta gestión, las Juntas de Traslados dependían de la subdirección técnica del INR. Esto cambió y ahora dependen directamente del director del INR. La norma también establece la integración obligatoria de las juntas: deben estar la subdirección técnica y la subdirección operativa [la que se encarga de la seguridad].

Según Más, se le coartaba la información y, “atenta” a los traslados a la Unidad 2, “pidió las carpetas y fundamentos acerca de por qué habían elegido a esos presos”. Según pudo constatar, “al menos diez presos no debían estar ahí por el riesgo de sus evaluaciones”. Seis de ellos fueron los que se fugaron. También “se percató” de que había personas que “recién entraban”, y que no cumplían con el requisito de la mitad de la pena cumplida. “Fuimos a ver las carpetas; 35 carpetas que determinaron elementos importantes donde había antecedentes de fuga, Oasys [estudio técnico que determina el riesgo de reincidencia] estaban vencidos, y muchos presentaban riesgo alto de fuga”, señaló la exsubdirectora técnica.

Más afirmó que “cuando notó que no eran del perfil”, solicitó acceso a los documentos, pero no le dieron datos de las personas fugadas. Según plantea, durante los meses en que estuvo “se realizaron traslados de personas privadas de libertad sin respetar evaluaciones” y tampoco le permitían participar en las reuniones en las que se definían estos traslados.

Según se presentó en el informe, a partir de testigos, “Santiago González baja línea al equipo de dirección” porque “precisan presos”, ya que es algo que el jerarca “publicita en sus redes y para eso necesita gente”.