La periodista de la diaria Denisse Legrand realizó una denuncia penal contra la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi luego de que la legisladora publicara un tuit con información falsa en la que se le atribuye a la periodista declaraciones que no son suyas.

“Lula debería convocar tropas chavistas para reprimir a los bolsonaristas. Los militares brasileños son unos inútiles”, señalaba la cita atribuida a Legrand en una publicación del 10 de enero. La frase es parte de una sola imagen con la foto de la periodista, su nombre y el medio en el que trabaja. “Estas aseveraciones son muy graves”, comentó la senadora en Twitter.

Cuando la periodista le indicó que se trataba de una noticia falsa, la senadora intentó defenderse señalando que sólo retuiteó, pero en realidad fue ella la que conformó la publicación con la imagen y el comentario. “Yo solamente le di retuit a afirmaciones graves, no afirmé que las haya pronunciado usted, de no ser así lo aclara y punto”, agregó la senadora, que no pidió disculpas, no aclaró la situación, ni borró la publicación.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía por los abogados de Legrand, Juan Ceretta y Juan Raúl Williman, señala que mientras la publicación de la senadora con la información falsa tuvo 617.000 reproducciones, entre el 10 y el 23 de enero, la aclaración de Legrand apenas llegó a 75.000, “quedando demostrado el alcance ampliamente superior”.

“Estamos ante una persona, senadora de la República, que utiliza sus redes sociales para difundir información falsa y mensajes de sistemática intolerancia, que se convierten en un constante hostigamiento contra periodistas y personas con exposición pública”, plantea el escrito presentado ante la Fiscalía.

Además, sostienen que “la motivación de la autora no parece ser otra que la intimidación y humillación de la periodista”, y agregan que es una conducta que Bianchi “sostiene constantemente en sus redes sociales, con un discurso hostil e inquisitivo contra periodistas y trabajadores de los medios”.

En la denuncia hacen referencia a los límites de la libertad de expresión, planteados por la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo numeral 2 del artículo 11 del capítulo II sostiene que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

En diálogo con la diaria, Ceretta señaló que el escrito que presentaron no menciona un delito específico para dejar en manos de la Fiscalía la tipificación. “Nosotros entendemos que hubo un hecho con apariencia delictiva”, sostuvo.

El abogado señaló que hay dos aspectos centrales para dilucidar el alcance de los fueros parlamentarios que ostenta la senadora, uno es el ámbito en el que las expresiones fueron realizadas. Bajo la interpretación de que el alcance de los fueros parlamentarios se restringe al ámbito parlamentario, se debe definir si una publicación en redes sociales es parte de la función parlamentaria y si cualquier publicación lo es o sólo aquellas que refieran al ejercicio de sus funciones. En este sentido, citan la normativa vigente en Estados Unidos y también la opinión de los abogados constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Martín Risso.

“Lo que está claro es que el contenido de esa publicación nada tiene que ver con el ejercicio de la función parlamentaria, porque, si no, estaríamos reivindicando el derecho de los parlamentarios, a través de sus fueros, a que publiquen fake news”, expresó.

Ceretta señaló que si la Fiscalía entiende que Bianchi está amparada en sus fueros parlamentarios para ser investigada por este caso, solicitará a la Cámara de Senadores su desafuero, aunque aclaró que, aun sin entrar en la definición del alcance de los fueros, la fiscalía podría llamar a declarar voluntariamente a la senadora.

En los próximos días el Departamento de Priorización y Asignación de la Fiscalía designará una fiscalía para analizar la denuncia, que se estima que será una de Flagrancia.

Además, los abogados denunciantes van a recorrer los otros caminos alternativos, no excluyentes, disponibles en este caso: el derecho a respuesta y la denuncia por vía civil.