Carlos Tarocco, exdirector del Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), fue imputado por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto. Se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación, porque el delito que se presume que cometió Tarocco estuvo asociado a investigar para un “plan” que intentaba entorpecer la investigación por explotación sexual de adolescentes de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezin. La intención era fingir una trama de las víctimas contra los imputados y así montar una estafa procesal. Tarocco fue alojado en la cárcel de Cañitas, Río Negro, que es de mínima seguridad.
Además de Tarocco, un policía de nombre Federico Rodríguez, que trabaja en la Oficina de Información Táctica del INR, fue detenido por haber sido el responsable de ingresar al sistema para obtener datos sobre las víctimas y sus allegados. También fue quien se reunió varias veces con una de las víctimas con la excusa de que quería contratar sus servicios como community manager. Sobre su situación procesal, la fiscal del caso, Alicia Ghione, prefirió no hacer declaraciones y planteó que era parte de la reserva de la investigación.
Este sábado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que, a partir de una investigación interna, se determinó que un operador penitenciario, que son los funcionarios civiles que trabajan en las cárceles, fue identificado como uno de quienes formaban parte de este plan.
Sobre el caso, Heber dijo en una rueda de prensa que “la Policía es quien descubre a los malos policías que actuaron, lo que nos da orgullo en el funcionamiento”. Por eso, “además, tenemos una división especial que es Asuntos Internos, que busca y que vigila que la conducta de la Policía dé plena garantía a la población”, señaló. Sin embargo, Ghione y su equipo de adscriptas plantearon que no fue la Policía, sino la Fiscalía, la que notó estas maniobras que involucran corrupción policial.