Martín Correa, coordinador del Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante, que funciona dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), denunció ante la Fiscalía a Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, y a Luis Mendoza, director del INR, por violencia y discriminación. También fueron denunciados por Omar Vera, exdirector de la Unidad 6 Punta de Rieles y la Unidad 19 Florida.

Según la carta de renuncia a la que accedió la diaria, Correa planteó que “esta decisión está basada en las múltiples violencias institucionales a las que me vi sometido, también a la exposición directa respecto de mis agresores a las que me veo enfrentado a diario desde el año 2020”.

Indicó que “ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han tomado medidas de protección ante las varias recomendaciones recibidas por parte de organismos nacionales de Derechos Humanos y de salud laboral expedidos al respecto” y que “esto ha provocado perjuicios en mi salud, en mi economía y en mi intimidad; además de daños morales a los que he decidido poner fin indefectiblemente”. Por eso, afirmó que resolvió renunciar y continuar con la denuncia penal que está en proceso en la Fiscalía de Flagrancia de tercer turno, a cargo del fiscal Diego Pérez.

Pérez señaló que González se comunicó con Juan Gómez, fiscal de Corte, para acelerar la investigación en su contra. No obstante, el fiscal aseguró que esta comunicación “no tuvo ninguna incidencia en el curso de la investigación”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se pronunció sobre estas denuncias. Luego de investigar el caso, la institución concluyó que existían “claros indicios de discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral, que han sido avalados por los testimonios de los denunciantes y de otras personas que se expresan en las entrevistas realizadas y en los medios de prensa”.

Consideraron “que la situación de discriminación y acoso presenta como agravante que es ejercida por un jerarca de un organismo público y que, a su vez, es una dirección dentro del organismo, vinculada a la convivencia y el buen trato”. Recomendaron que se investigue y que se informen los resultados de la investigación. También se sugirió la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Para Luis Alberto Heber, ministro del Interior, González “minimiza” las denuncias y “dice que hay una exageración de la situación”. Además del coordinador de personas migrantes en cárceles y el exdirector de Punta de Rieles, el director de Convivencia fue denunciado por la exsubdirectora técnica del INR, Milena Más, por representantes de Asfavide y de las organizaciones Nada Crece a la Sombra y por Ombijam.