La abogada Soledad Suárez, que representa a cinco de las ocho víctimas del caso que investiga al senador Gustavo Penadés, valoró la decisión de la Fiscalía de solicitar el desafuero del legislador, que este martes fue elevado a la Suprema Corte de Justicia por la jueza penal de 36° turno, Marcela Vargas.
Suárez dijo que hay varias situaciones en el proceso que suponen la necesidad de levantar los fueros parlamentarios del legislador, entre ellas, la toma de medidas cautelares o la imputación. Al ser consultada sobre el vínculo entre el desafuero y las garantías del proceso para las víctimas, señaló que “la medida eficiente” para la protección de estas es la reserva de la identidad y los datos personales, lo que fue prorrogado por 120 días.
Consultada sobre la afectación que puede implicar la reserva de la identidad de las víctimas sobre el derecho a la defensa de los denunciados, señaló que se trata de una medida que se utiliza con frecuencia y que se ampara en el artículo 5 de la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas, que establece los derechos de las víctimas; en el literal a del artículo 124 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que plantea la necesidad de “adoptar medidas de protección de la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes involucrados, así como la de su familia y testigos frente a posibles represalias”; y en el artículo 75 de la ley de violencia basada en género sobre la protección de la víctima en el derecho penal; además del marco jurídico internacional ratificado por Uruguay.
“Esos derechos se deben ponderar al mismo tiempo con el derecho de defensa, en las situaciones cotidianas de los abogados que estamos en los procesos. No necesariamente es que una persona no tiene derecho a nada y la otra tiene derecho a todo, muchas veces se requiere un equilibrio entre ambos, es natural al proceso. Lo que se va a hacer es ponderar los derechos que hay en juego y entiendo con mucha convicción y así lo entendemos desde el equipo, que la ponderación que hizo la jueza es la correcta”, expresó.
La abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República subrayó que es la única protección que tienen las víctimas en la causa y planteó que el hecho de que sean menores de edad supone reforzar las diligencias que apunten a su protección. “Eso no quiere decir avasallar el derecho de defensa de los imputados, no estamos a favor de eso”, señaló.
Suárez recordó que pese a la reserva, la Fiscalía dispuso que los abogados de los denunciados tuvieran acceso a los contenidos de la denuncia, salvo en cuanto al nombre y algunos datos específicos que suponen la identificación de los denunciantes.
En cuanto a las posibilidades concretas de defenderse sin posibilidades de conocer la identidad del denunciante, Suárez señaló que los denunciados tienen acceso a todo el relato de los hechos en la denuncia, elementos del contexto, una ubicación relativa del lugar y señaló en términos genéricos que, si bien este tipo de casos tienen puntos en común, todas las víctimas tienen heterogeneidad de formas de ser, de reacciones y de formas de haber llegado a esa situación.
“Con el contenido de las declaraciones logran tener información suficiente con grados de detalle que permite ejercer el derecho de defensa. No es pleno, pero los derechos fueron debidamente ponderados; si hay una limitación, no es lo suficientemente significativa para cuestionar la única medida eficiente que tengo para la protección de las víctimas”, expresó.
La abogada informó que planteó a la Fiscalía su preocupación porque las defensas quisieran acceder a la identidad de los denunciantes y la Fiscalía determinó la prórroga de la reserva.
Suárez se refirió a los dichos por los que fue cuestionada por la Asociación de Abogados Penalistas. “Yo ratifico lo que dije, no voy a aceptar palabras que no dije. No dije que el derecho de reclamar supusiera un riesgo porque iban a salir corriendo a hacerles algo [a las víctimas], yo lo que dije es que les estaban sacando la única protección que tienen”, agregó.