El juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires, Sebastián Casanello, envió un exhorto a la Justicia uruguaya para que disponga una medida cautelar para preservar el avión utilizado para traslados clandestinos del Plan Cóndor que fue encontrado por el ilustrador Sebastián Santana en el aeropuerto de Melilla.
En la resolución judicial, a la que accedió la diaria, Casanello dispone un exhorto internacional para que Uruguay “disponga preservar el estado actual del avión Hawker Siddeley HS-125 modelo 400B con código de identificación 5-T-30 y 25251, que fuera registrado con la matrícula 0653”.
La decisión fue tomada tras recibir la declaración de Santana, quien encontró el avión cuando estaba realizando un trabajo de producción para el audiovisual Cinco en Asunción, para la plataforma plancondor.org.
El avión era utilizado por el dictador argentino Emilio Eduardo Massera (1976-1978) y fue con el que se realizó el traslado clandestino de los detenidos desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quienes fueron trasladados desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977, y podría haber estado involucrado en otros traslados clandestinos del Plan Cóndor.
Santana encontró el número de la matrícula del avión en los Archivos del Terror de Paraguay, que fueron recuperados en 1992 por el abogado y activista en derechos humanos Martín Almada y, a partir de allí, comenzó a buscar qué tipo de avión era, para la realización del documental.
“Yo quería ver cómo era el avión o si podía ver un avión similar, y se me dio por copiar la matrícula, ponerla en un navegador de internet y buscar imágenes a ver qué aparecía; creo que ni siquiera puse la palabra avión y empezaron a aparecer fotos de un avión, bien [de la] época de los 70, pero en la cola decía 5T30653 y no 5730653, entonces digo: ‘Tengo un código de siete letras y hay un solo caracter que es distinto y no es tan distinto en términos gráficos’”, contó Santana en anteriores declaraciones a la diaria.
A partir del hallazgo, la abogada argentina Flavia Fernández Brozzi y su colega Rodolfo Yanzón pidieron al juez federal Daniel Rafecas la medida cautelar de no innovar, en el marco de la causa que investiga los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo.
Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a la diaria que la información que tiene la cartera es que el avión pertenecía a las Fuerzas Armadas de Argentina y “aparentemente” era utilizado para realizar una actividad conocida como “hacer llover”, que consiste en cambiar la consistencia de las nubes a través de la inyección de un compuesto químico de sales. Luego pasó a manos de una empresa privada argentina y más tarde fue abandonado en el aeropuerto Ángel S Adami. En 2007 existió una intención de compra y de cambio de matrícula a una nacional, pero no se concretó. El mismo año, mediante una resolución de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), se dispuso su inmovilización, según lo que establece el Código Aeronáutico.
La normativa establece que la inmovilización de una aeronave se decreta como respuesta a la ejecución de una sentencia, o ante una deuda. Tanto las nacionales como las extranjeras son consideradas abandonadas a favor del Estado si el propietario no las reclama dentro de los seis meses posteriores a su notificación.
A la vez, si estas suponen un riesgo “para la navegación aérea, la infraestructura, los medios de comunicación” y su permanencia en el lugar en el que se encuentran puede “producir un perjuicio”, las autoridades cuentan con la habilitación para removerlas.
El exhorto de la Justicia argentina fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina para que este lo comunique al Poder Judicial uruguayo a través de la cancillería. Según explicaron a la diaria desde la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, el Poder Judicial remite a la Fiscalía el pedido de Casanello y el fiscal envía su pronunciamiento para la definición del juez.