La familia Suárez está asociada al narcotráfico en la zona 4, en particular en el Cerro y Cerro Norte, desde hace décadas. El líder familiar es Alberto Betito Suárez, que es secundado por sus hermanos, Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, preso en el Comcar, y Lorena Loli Suárez, presa en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Colón, que egresará con su pena cumplida el mes que viene.

Ricardito fue condenado a nueve años de prisión como autor de reiterados delitos de organización de actividades de narcotráfico, reiterados delitos de extorsión, violencia privada y lesiones personales agravadas en calidad de coautor. También está preso, entre otras cosas, por tráfico de animales prohibidos, por ser el propietario de un mono que es recordado por haberse escapado del zoológico de Villa Dolores y recorrer la zona de Pocitos.

Está alojado en el módulo 12 del Comcar, también conocido como Unidad 25. Este módulo, de máxima seguridad, depende directamente de la dirección central del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un módulo de aislamiento máximo, donde las comunicaciones con el exterior están controladas. La actual gestión lo “reinauguró” como una nueva cárcel de máxima seguridad, aunque tiene esta función desde hace años.

Al igual que su hermano, que ahora está libre, su objetivo es ser trasladado al Penal de Libertad. Para salir de este módulo, sobre el que denunció condiciones inhumanas, Betito se colgó para intentar suicidarse, envió cartas a la prensa y así ganó el traslado que quería, a una cárcel de máxima seguridad pero con otros niveles de interacción posible.

Ricardito, por su parte, entregó un habeas corpus pidiendo cambiar de cárcel el viernes pasado, según informó _El País _. Su intención es volver al Penal de Libertad, donde ya estuvo recluido.

Según este medio, que accedió a la audiencia en la que Ricardito alertó sobre las condiciones inhumanas del módulo, declaró que les compró 26 celulares a cuatro policías, lo cual es evidentemente ilegal, configura una falta muy grave de los policías y va contra los cometidos de este módulo, que es el aislamiento total de los perfiles más conflictivos del sistema, que siguen cometiendo delitos desde la cárcel.

El País señaló que la abogada de Ricardito, Mara Cardozo, informó a la jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, María Helena Mainard, que previo a su traslado al módulo 12 del Comcar, Ricardito estuvo ocho meses en el Penal de Libertad, donde asegura que estuvo “incomunicado”.

La abogada sostuvo en el habeas corpus que el hombre lleva 15 meses en el módulo 12, donde está siempre aislado, en una celda de un metro por un metro y medio, según consignó el mismo medio. Además, la defensora indicó que tiene un televisor, una cama y una cámara que lo vigila 24 horas.

En este marco, El País compartió que la abogada afirmó que Ricardito denunció a tres policías por entregarle 26 celulares para tener comunicación. La abogada indicó que por esta denuncia su defendido recibe amenazas de los policías del módulo por haber dejado de pagar los celulares, algo que denunció ante la dirección del módulo.

Según la nota, desde el Ministerio del Interior se negó que se le hayan requisado 26 celulares a Ricardito, aunque sí reconocieron que le requisaron cuatro celulares y cuatro relojes inteligentes, que permiten la comunicación si se asocian a un celular. Afirmaron que la última requisa donde le incautaron estos elementos fue en febrero de este año y por eso a partir de esto aumentaron las medidas de seguridad, trasladándolo a un lugar con cámaras, donde está totalmente aislado. También se hizo un cambio de personal y no se le incautaron más dispositivos desde entonces.

Según las fuentes del medio, desde la cartera especulan que con el habeas corpus Ricardito quiere ser trasladado al Penal de Libertad, donde tiene mayores facilidades, tal como hizo su hermano Betito al colgarse de una soga y luego pedir un traslado.

Gabriela González, abogada del Ministerio del Interior, reconoció ante la jueza que se le tomó actas a los policías que le vendieron los dispositivos a Ricardito y que la denuncia pasó a Asuntos Internos y a Fiscalía. Por su parte, Fabio Díaz, director del módulo 12 o Unidad 25, resaltó la conducta de Ricardito y también reconoció que le manifestó haber sido amenazado por cuatro policías, a los que señaló. Por eso, tomó actas de estas denuncias y las trasladó a la Fiscalía.

A estos alegatos se sumó el de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, que dijo que si bien las condiciones de reclusión son correctas, no existe un tratamiento de rehabilitación para esta persona privada de libertad. Ahora la jueza debe definir si hace lugar o no al habeas corpus y se traslada a Ricardito al Penal de Libertad o se lo mantiene en el módulo 12 de Comcar.