En el marco del Operativo Despedida, que implicó un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Toledo, a cargo de la fiscal María Sigona, y la Brigada Departamental Antidrogas de Canelones, este martes se hicieron 20 allanamientos en varios lugares, entre ellos en el barrio 2020 y en fincas ubicadas en Suárez y Sauce. La intención era dar con 12 personas que estaban requeridas.

Un policía que era investigado por filtrar información a narcotraficantes sobre procedimientos fue detenido en una boca de venta de drogas en el marco de uno de los allanamientos realizados.

El policía fue formalizado por varios delitos: encubrimiento, relevación de secretos, uso indebido de información privilegiada y omisión del deber de denunciar delitos. Se solicitó su prisión preventiva mientras continúa la investigación. Su defensa apeló esta medida cautelar.

Fuentes de la investigación dijeron a la diaria que el policía, de 38 años y con cuatro años en la institución, cumplía funciones actualmente en la seccional de Suárez como funcionario de “particular confianza” que hace “tareas de investigación”. Previo a esto, trabajaba en la Brigada Departamental Antidrogas de Canelones, pero fue trasladado porque había sospechas de que cobraba coimas por alertas sobre los posibles allanamientos y operativos policiales en bocas de venta de droga.

Víctor Trezza, jefe de Policía de Canelones, confirmó esta información. Habló sobre las sospechas que había respecto del funcionario y que había escuchas que confirmaban sus actividades ilegales.

De las 12 personas que buscaba la Policía se encontró a ocho, entre las que estaba el policía. Además, se detuvo a otras seis. En total, hubo 14 detenidos; diez de ellos fueron formalizados y cuatro fueron puestos en libertad. Ocho de los formalizados ya fueron condenados: seis de ellos con penas que van de los dos años y a los dos años y ocho meses prisión efectiva, es decir, de cárcel, por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

Otra persona fue formalizada por un delito de negociación de sustancia prohibida agravada. La Fiscalía pidió su prisión preventiva, pero la Justicia no hizo lugar y dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. La Fiscalía apeló esta decisión.

Javier Benech, director de Comunicación de la Fiscalía, agradeció al Ministerio del Interior por brindar todas las garantías necesarias para poder investigar un caso de esta naturaleza, que involucra a un policía.