La decisión adoptada este jueves por la Suprema de Corte de Justicia (SCJ) de disponer un sumario y trasladar de sede a la jueza especializada en Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarián, sacudió el ámbito judicial, dado que se trató de una medida drástica que dejó al descubierto el malestar de los ministros con la actuación de la jueza que dispuso la prisión domiciliaria sin tobillera para el narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa, ahora fugado.

La presidenta de la SCJ, Doris Morales, quien tiene previsto reunirse este lunes con el fiscal de Corte, Juan Gómez, por este tema, se encuentra en Santo Domingo, donde participa de un congreso, y si bien no formó parte del acuerdo que resolvió la medida contra Chamsarián, está en contacto permanentemente con sus colegas.

“Son hechos muy graves, debemos abocarnos a soluciones claras, precisas y contundentes para evitar este tipo de circunstancias, analizando lo que corresponde hacer y alcanzando una solución de común acuerdo para resolver este tipo de hechos”, comentó a la diaria.

El tema se continuará tratando en los próximos acuerdos de la SCJ, en los que se analizará en qué forma deben revisarse los procedimientos y la comunicación entre las instituciones que participan en el control del cumplimiento de las penas, así como la seguridad de los sistemas de información involucrados en los expedientes judiciales y la capacidad que tiene el Poder Judicial para garantizar la autenticidad de los documentos.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, comentó a la diaria que una de las posibilidades es avanzar en la creación de fiscalías de Ejecución, lo que permitirá que los fiscales que investigan las denuncias penales no sean los mismos que luego tienen que controlar el proceso de cumplimiento de la pena, pero fue enfático en señalar que eso dependerá de las posibilidades presupuestales con las que cuente la Fiscalía, que presenta múltiples carencias para el funcionamiento de la actual estructura.

La Rendición de Cuentas, que la semana que viene ingresa al plenario del Senado, propone habilitar a la Fiscalía de Corte la creación de hasta cinco nuevas fiscalías, aunque con el mismo presupuesto, dejando a criterio de la institución la especialización de cada sede, locación y sistema de funcionamiento.

“Todos debemos estar en coordinación porque no somos excluyentes unos de otros, simplemente hay cosas que debemos conversar [...] no estamos peleados con nadie, ayer coordinamos con el jefe de Policía, el lunes nos vamos a reunir con la SCJ no con otra intención que buscar las mejores soluciones para la ciudadanía”, expresó Gómez en rueda de prensa.

Las investigaciones administrativas contra las juezas de Crimen Organizado

A partir de la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, conocida el 5 de setiembre, la SCJ pidió un informe a la jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, María Helena Mainard, sobre su actuación en la causa, en la que dispuso la prisión domiciliaria a partir de documentos apócrifos. El 14 de setiembre, tras recibir el informe, la SCJ dispuso una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades o faltas de Mainard, que está siendo llevada a adelante por el ministro del tribunal de apelaciones de tercer turno, José María Gómez.

El día antes de que la SCJ resolviera la investigación administrativa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, criticó públicamente a Mainard por haber aceptado un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del narcotraficante Ricardo Cárceres, conocido como “El Ricardito”, para que cesara su reclusión en régimen de aislamiento, en el que estaba desde mediados de 2022. “La jueza lo saca de la máxima seguridad, del aislamiento. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a delinquir? ¿O alguien cree que va a hacer un curso de carpintero? [...] Realmente es una jueza que no nos ayuda en esta tarea de lucha contra el narcotráfico”, expresó el ministro.

Al día siguiente, la presidenta de la SCJ, Doris Morales, se reunió con el ministro Heber. Si bien el encuentro estaba agendado desde fines de agosto y tenía como propósito hablar sobre la seguridad en los juzgados, el tema principal terminó siendo la situación generada con la fuga de González Bica, hasta ese momento el único narcotraficante fugado detectado. Heber dijo que sus dichos contra Mainard no apuntaban al Poder Judicial y propuso enviar a la SCJ un listado con unos 50 casos de personas que, siendo imputados por narcotráfico, fueron enviadas a prisión domiciliaria en 2023.

Tras la reunión, la Corte emitió una circular en la que expresó su preocupación por la situación y ordenó a todos los jueces del país a revisar las prisiones domiciliarias otorgadas y cerciorarse de la autenticidad de los documentos en los que se basaron, además de comunicar a Fiscalía y enviar un informe con los fundamentos de las decisiones de cada caso a los ministros de la Corte.

A raíz de esa circular, el 20 de setiembre, la otra jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarián, informó que había detectado la fuga del narcotraficante Leal da Costa, enviado a prisión domiciliaria sin tobillera.

Tras recibir el informe, la SCJ dio 72 horas a Chamsarián para que informara sobre el caso, y tras recibir la documentación, dispuso directamente una apertura de sumario tomando como medida, mientras se desarrolla la investigación, el traslado de la jueza al juzgado penal de 31er turno, dejando a su titular, el juez Fernando Islas, a cargo del juzgado de Crimen Organizado donde estaba Chamsarián. La investigación sobre Chamsarián será realizada por la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, Adriana de los Santos.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el juez Leonardo Méndez, expresó su confianza en que las juezas “contarán con las máximas garantías del proceso administrativo” y destacó la importancia de tener “un buen relacionamiento interinstitucional, respeto por los operadores judiciales y no personalizar los asuntos”.

Los casos que están siendo investigados en la justicia penal

Hasta el momento, el único caso por el que hubo personas imputadas por la Justicia fue la fuga de González Bica, el primer caso en ser detectado y por el que se descubrió la existencia de una organización criminal, presuntamente comandada por Matías Campero, un estudiante de abogacía con antecedentes de falsificación, que conectaba a narcotraficantes con abogados penalistas.

A principios de setiembre, el Comisionado Parlamentario, Miguel Petit, denunció ante la Justicia la situación tras constatar que en el expediente de González Bica había documentos que simulaban ser un recurso amicus curiae, utilizado por el comisionado para pedir la excarcelación o cambios en el régimen de privación de libertad ante situaciones de vulnerabilidad.

González Bica había sido detenido el 12 de junio de 2022, en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaban en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. Tras obtener la prisión domiciliaria, González Bica rompió la tobillera y fugó. En su expediente se constataron al menos tres informes apócrifos, entre ellos, un certificado médico en que planteaba una situación de insuficiencia renal, que fue clave para la decisión de la jueza Mainard. En su momento, el envío a prisión domiciliaria fue apelado por la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero.

La causa que investigó la organización criminal también fue asumida por Mainard, algo criticado en el ámbito judicial por quienes entendían que debía excusarse por haber actuado en la causa en la que se concretó la fuga. La investigación llevada adelante por Ferrero culminó con la formalización del proceso por un delito de falsificación de documentos de Campero y de la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, además del narcotraficante de Villa Española Antony Suárez, quien fue beneficiado por la organización al obtener un traslado a un centro de salud a partir de un certificado médico falso, en una causa en la que actuó uno de los juzgados penales de Canelones.

El tercer caso fue el del narcotraficante Leal da Costa, que se conoció tras la revisión de Chamsarián, en el que, además de Campero, está siendo investigada la abogada del narcotraficante.

En la audiencia en la que se concretó la maniobra, la abogada se presentó junto a Campero, a quien le habrían pagado 30.000 dólares por presentar un falso informe del Instituto Técnico Forense en el que recomendaba la prisión domiciliaria de Da Costa por problemas de salud derivados de un trasplante de riñón.

Da Costa había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión, en la Operación Babilonia, en la que se incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, seis vehículos, tres armas y 90.000 dólares. Tres meses después de ser imputado, Chamsarián le otorgó la prisión domiciliaria.

Según supo la diaria, la abogada que está siendo investigada por la causa Leal Da Costa también es investigada por otros cuatro casos en los que se utilizó documentación apócrifa, presuntamente elaborada por Campero.

Asimismo, el juez de Ejecución y Vigilancia de octavo turno, Nelson dos Santos, efectuó una denuncia penal por varias maniobras de falsificación de documentos del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En este caso, Campero fue denunciado por modificar los expedientes en los juzgados de Ejecución, que tiene como cometido seguir el cumplimiento de la pena y modificar las hojas que computaban la redención de pena por trabajo y estudio.

Luego de que Campero modificaba la fecha, informaba a través de familiares del privado de libertad el nuevo vencimiento de pena, y cuando llegaba el día, el condenado reclamaba su salida. Al diferir la información registrada en el departamento carcelario con la que reclamaba el privado de libertad, se comunicaban con el juzgado correspondiente y, en los casos en que se concretó la maniobra, el juzgado ordenaba la libertad del condenado.

Otro de los casos que se investiga es el del propio Campero, que fue imputado por el secuestro de una mujer y un hombre a quienes acusaba de estafa. Campero logró su prisión domiciliaria tras presentar un documento falso en uno de los juzgados de Maldonado, en agosto de este año.

La SCJ está procesando la información obtenida de los informes enviados por los jueces, por lo que la cantidad de causas en las que se constató la determinación de prisión domiciliaria a partir de documentos falsos aún no está determinada.