El jueves 28 de diciembre, ocho personas habitaban la celda 49 del módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Otros presos salieron de sus celdas y, a través del sapo (la ventanilla que tiene la puerta), tiraron hacia adentro de la celda una bombita de luz con combustible que obtuvieron de una máquina de cortar pasto, con la intención de provocar un incendio. A su vez, con una lanza, introdujeron un pedazo de colchón embebido en esta sustancia. La celda tomó fuego. Para escapar, desde la celda contigua, la 48, hicieron un boquete y por allí salieron los que pudieron. La Policía abrió la celda e intentó apagar el fuego para ayudar en el rescate.

Dos de las personas privadas de libertad murieron en el lugar, otras dos a los dos días, otra murió este martes y la sexta víctima del séxtuple homicidio, el miércoles. Otra víctima del ataque permanece hospitalizada en estado grave y sólo uno de los ocho habitantes de la celda 49 fue dado de alta.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) atinaron a decir que fue un atentado y no un motín. En la jornada de este miércoles se hizo un minuto de silencio en el módulo donde ocurrió el ataque, que fue encabezado por Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario.

Este viernes, tanto el comisionado parlamentario penitenciario como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) convocaron a una rueda de prensa para hacer público un comunicado y un documento sobre este incendio a los que accedió la diaria.

En la rueda participaron Petit y Jimena Fernández, presidenta de la INDDHH. Cabe señalar que el pronunciamiento de la INDDHH llega días después de que el gremio de funcionarios de este organismo lo reclamara y enfatizara en que garantizar la vida y las condiciones de las cárceles es responsabilidad del Estado.

Según el comunicado emitido por el comisionado y la INDDHH, “este hecho marca una línea divisoria entre lo que era y es, y lo que debe ser y tendrá que ser, si queremos ser fieles a las tradiciones republicanas, democráticas y humanistas del Uruguay”.

Nombraron expresamente a los fallecidos, “pues hacerlo tiene que ver con el espíritu y con las metas de este comunicado”: Lauro Matías Rivero Pereira, 25 años; Leonel Estéfano Rodríguez Fernández, 24 años; Gustavo Nicolás Fernández Basso, 32 años; Carlos Guillermo Barreto Suffo, 41 años; Carlos Alexander Olivera González, 31 años; Héctor Iván Dutra Antonaccio, 26 años. “Estos jóvenes no deben transformarse en un número más, ni en un hecho a olvidar por el pesar que provoca lo ocurrido, sino en un llamado a construir desde ya, aun en contexto electoral, líneas de trabajo que sirvan para avanzar hacia un sistema penitenciario propio del siglo XXI y de la tradición humanista del Uruguay”, enfatizaron.

“No se trata del primer caso de violencia extrema dentro de nuestras cárceles”, aclaran, y acotan que “el incumplimiento de los estándares de rehabilitación y educación en gran parte del sistema penitenciario es un fenómeno de larga, triste y desesperante data”. “Si bien se suman esfuerzos proactivos para su mejora, también se suceden eclosiones de violencia y problemas crecientes, como un nivel de superpoblación y hacinamiento, que implican la vulneración de derechos y comprometen el desarrollo de una buena convivencia y actividades de rehabilitación”.

“Los problemas estructurales en las unidades más complejas, ubicadas mayoritariamente en el área metropolitana, desbordan el esfuerzo, el compromiso y la proactividad de la amplia mayoría del personal penitenciario, que diariamente sostiene con humanismo su tarea. Las carencias refieren a ausencias o limitaciones persistentes desde tiempo atrás, de políticas públicas insuficientes, lo que no debe constituir una excusa para la resignación sino un motivo para aumentar los esfuerzos y generar respuestas en todos los ámbitos decisorios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, según las instituciones.

“Murieron seis personas jóvenes, frente a los cuales el Estado fracasó, ya no sólo en su obligación de dar oportunidades de rehabilitación, sino también en su obligación de preservar sus derechos fundamentales, como son el de la vida y el de la integridad personal”, subrayaron.

“En función de esta gravedad de los hechos es que el comisionado parlamentario penitenciario y la INDDHH, en cumplimiento de nuestros mandatos, nos permitimos recomendar a todas nuestras contrapartes institucionales”. La primera es asumir “la emergencia de la situación, la vulneración de derechos y la volatilidad del contexto en buena parte del sistema carcelario, [que] el Poder Ejecutivo conforme, a la brevedad, un grupo operativo de nivel interministerial a los efectos de llevar adelante acciones concretas de intervención en recursos humanos, infraestructura, logística, obras y gastos de funcionamiento en las áreas críticas del sistema penitenciario, en especial en la Unidad 4 Comcar, por su valor de impacto estratégico, pues allí se alojan casi 5.000 personas (lo que significan uno cada tres presos del país), procediéndose a la asignación presupuestal de partidas extraordinarias o aportes de insumos y bienes por parte de otros organismos”.

La segunda plantea: “La historia nacional es rica en mostrarnos que grandes problemas sólo pueden ser resueltos o enfrentados eficazmente al menos con grandes acuerdos”. “Para ello es necesario contar con ámbitos concretos, plurales y efectivos”, dijeron, y, en este sentido, “proponemos entonces la implementación de mesas de trabajo a efectos de lograr puntos específicos de acuerdo y trabajo a futuro, que establezcan líneas para la transformación del sistema siguiendo las buenas prácticas nacionales e internacionales de rehabilitación y prevención de la violencia”. Para esto, adelantaron que “nuestras instituciones comenzarán a la brevedad una ronda de contactos a efectos de promover la implementación efectiva de lo anterior”.

Llamaron a aprovechar el tiempo electoral: “Afortunadamente vivimos en un país plenamente democrático y el marco electoral, además de tiempo de debate, evaluaciones y contrapuntos, es también tiempo de análisis y propuestas para reformas que trascienden gobiernos, administraciones y períodos legislativos, pero que se relacionan con el derecho a la vida de todas las personas”. “En otras palabras, este tiempo electoral y este tema deberían ser vistos como la oportunidad de lograr un acuerdo que todos los partidos se comprometan a ejecutar una vez finalizada la elección, sea cual sea el ganador y con el compromiso de apoyo irrestricto de los demás”, concluyeron en el comunicado.

Ante el horror

En el documento en que se amplía lo planteado en el comunicado se expresa que “ante el horror: más políticas públicas, más acuerdos de Estado” como base de los planteos constructivos. El ataque en el Comcar “marca un terrible fracaso del Estado en generar condiciones mínimas de rehabilitación para buena parte de sus ciudadanos bajo sanción penal, y no debe ser un número más ni un hecho a olvidar sino un llamado a construir desde ya, pese al contexto electoral, líneas de trabajo que sirvan para avanzar hacia un sistema penitenciario propio del siglo XXI y de la tradición humanista del Uruguay”.

“Al día de hoy, la causa desencadenante de los hechos es investigada por la Fiscalía y también administrativamente por el INR”, señalaron. “Hasta el momento, las informaciones existentes apuntan a conflictos de convivencia o mal relacionamiento entre los internos, que habría provocado la agresión de algunos de ellos con la virulencia vista”, agregaron.

Las causas y las conductas criminales

Para el comisionado es necesario ver el ataque en su contexto. Estamos ante una población de casi 15.500 personas privadas de libertad. Desde 2020 hasta ahora hay 3.000 presos más, lo que representa un aumento de 24% en estos años. Aunque todas las cárceles aumentaron la población, casi la mitad fueron destinadas al Comcar, que tiene alojadas a alrededor de 5.000 personas. “Si desde 2020 la población aumentó un 24% en el sistema, en el Comcar esto ha representado un aumento del 39%”, afirmó Petit.

El módulo 4, en particular, es uno de los módulos en los que más ha impactado este aumento, “pasando de 526 personas en 2020 a 803 a principios de 2024, lo que representa un aumento del 53%, sin que haya aumentado la cantidad de plazas disponibles. Esto ha agravado fuertemente las condiciones de hacinamiento que ya existían allí desde entonces”.

Desde 2020 a la fecha, han muerto 139 personas en el sistema penitenciario por causas violentas. Casi la mitad de ellas (67) fallecieron en el Comcar. De ellas, 16 (el 24%) murieron en el módulo 4 de esta unidad. “La tasa de muertes violentas promedio de este período según la población es un 64% mayor en el Comcar (42 cada 10.000) que en el total del sistema (25 cada 10.000) y para el módulo 4 más que la duplica [con 61 cada 10.000]”, sostuvo.

Según el documento, como antecedente, se habían identificado varios puntos críticos en este módulo y en otros, los que requieren “atención especial dada su frágil capacidad de control y asistencia”. “Para entender lo que pasó”, debe tenerse presente que el módulo 4 alberga a 810 personas cuando tiene capacidad para 396. Además, al equipo que gestiona el módulo 4, se le suma la gestión del módulo 5 (380 personas) y del módulo 6 (280 personas). Esta cantidad de personas alojadas únicamente en estos módulos representa más población que prácticamente todas las cárceles del país.

Indicaron que la investigación penal se centra en determinar cómo fue la serie de hechos que desencadenaron estos homicidios. Pero afirmaron que “cabe además y muy fundamentalmente preguntarse por qué se desarrolló esa conducta criminal”. “¿Qué lleva a que una persona o un grupo de personas ataque a quienes conviven con ellos y tienen una similar situación jurídica y de vida con una acción que sin dudas iba a generar la muerte o heridas gravísimas a sus numerosos destinatarios?”; “¿qué lleva a naturalizar en esas vidas una acción que tuvo como resultado seis muertes y varios heridos de entidad?”, se preguntaron.

Ensayaron una respuesta: “Es ineludible señalar que la causa subyacente de este horror está directamente vinculada con las pésimas condiciones carcelarias que existen en ese módulo y que varias veces, durante varios años, igual que a otros sectores del sistema, hemos calificado como ‘crueles, inhumanas o degradantes’, debido a que las personas que allí se encuentran no tienen acceso a tratamiento penitenciario, o sea, a actividades socioeducativas que conformen una agenda de rehabilitación o educación, como al que obligan nuestras normas nacionales y las normas internacionales a las que el país ha adherido”.

“La situación del módulo 4 es particularmente crítica”, resaltaron. “La escasez de personal y la superpoblación lleva a que existan mínimas actividades socioeducativas (unos 100 internos acceden a educación y unos 90 a trabajos, en general, de muy poca significación) y a que sea excepcional el acceso al patio, cuando las Normas Mínimas de Naciones Unidas establecen que toda persona presa debe tener al menos una hora diaria de acceso y ejercicio al aire libre. Los internos en general sólo acceden a las ‘planchadas’, o sea, a los espacios interiores o corredores donde desembocan las celdas, y en algunos casos a algún salón de uso común”.

Según el documento, “resulta impactante la falta de personal que existe en el Comcar, cuyos guarismos no hacemos públicos por razones de seguridad y sentido común. Pero que constituye un tema de enorme preocupación sobre el que estamos hablando con nuestras contrapartes”. “A este encierro, que suma a la falta de actividades, se debe agregar la superpoblación, que determina que en celdas para 6 personas haya a veces 9, 10 u 11 personas, las que, como decíamos, circulan por las ‘planchadas’, que son espacios acotados y bajo techo, pero con mínimas posibilidades de acceso al aire libre”, agregaron, y destacaron que tampoco hay atención psicológica ni actualmente grupos de orientación, diálogo, asistencia o tratamiento a las adicciones.

Esto excede a quienes se encargan de la gestión del día a día. Petit valoró “altamente el compromiso y dignidad con que “las autoridades de la Unidad 4 están trabajando para atender una realidad dura, explosiva y desbordante”.

Para Petit, son diversos factores los que llevan a esta realidad, entre ellos se destacan “la baja prioridad presupuestal tradicional del tema, la opción por soluciones normativas punitivas muchas veces exageradas en su dosimetría penal o contradictorias con las posibilidades de actividades de rehabilitación, el auge de la circulación de sustancias psicoactivas y la generación de delitos en torno a las mismas, [que] siguen empujando a un aumento de la población penitenciaria, que se vuelve infinanciable y se vuelve, cuando su razón de ser es lo contrario, una fuente de nuevos delitos y exclusiones sociales”.

El sistema penitenciario sigue teniendo “serias carencias”: “Superpoblación que impide tratamiento, extrema falta de recursos humanos y programas de tratamiento, encierro con falta de acceso a una hora diaria de patio para buena parte de la población, escasa atención de salud mental, pobreza presupuestal que afecta áreas básicas –insumos, pagos de peculios y aportes a la seguridad social de los internos, logística, informática, equipamiento, suministros-, debilidad programática –falta de personal educativo y técnico para elaborar planes de tratamiento individual y permitir que las personas progresen dentro del sistema- y debilidad institucional –la rectoría del sistema la realiza un organismo (el INR) subordinado a lo que de hecho es un Ministerio de Seguridad (el Ministerio del Interior), lo que enfoca las prioridades de la gestión en otros objetivos, lo que saca fortaleza y autonomía de gestión a ese organismo que debería tener personería propia para programar, ejecutar y negociar su presupuesto, organigrama y escala de cargos y salarios”.

No fue un accidente imprevisto

Entre las conclusiones que se plantean “lo ocurrido es de enorme gravedad por sí mismo, ya que no fue un accidente imprevisto, sino algo que ocurrió en un contexto de severas carencias y precariedad prolongado durante años y donde periódicamente ocurren emergentes violentos también extremos, aunque en el caso la cantidad de muertos marca una señal que convoca a redoblar esfuerzos”.

Señalan que “se trata de un hecho que, lamentablemente, es representativo de un estado de cosas en una parte importante del sistema penitenciario (aproximadamente un poco más de un tercio, unas 6.300 personas, la gran mayoría jóvenes, la gran mayoría proveniente de hogares pobres, la gran mayoría con hijos a su cargo, la gran mayoría con adversidades y obstáculos para una inserción laboral y social), donde el tratamiento y la rehabilitación no están presentes con mínimos aceptables para el grado de desarrollo institucional, económico y social del Uruguay”.

Aseguran que “la volatilidad y precariedad de la situación se mantiene en varios puntos del sistema, lo que nos vuelve a hacer pensar que las señales son inequívocas: es necesario avanzar hacia un nuevo diseño institucional y programático del sistema penitenciario desde ahora mismo”.

“El hecho ocurrido muestra que el Estado uruguayo incumplió su deber de cuidado y tutela del derecho básico a la vida al tener condiciones materiales y de convivencia de alta precariedad, debiendo por lo tanto resarcir a las víctimas y a los familiares de las víctimas, quienes tienen sobrado derecho para recurrir judicialmente a ello si no ocurriera voluntariamente” sentenciaron.

Según indican, “el Estado también es responsable civilmente por el daño que provoca la falta de tratamientos en las cárceles, y una adecuada defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias ameritaría también acciones de reparación por el no cumplimiento de ciertos mínimos asistenciales, como son la alimentación inadecuada, las carencias materiales y sanitarias, la falta de tratamientos de salud mental y al consumo problemático, el acceso a alfabetización y a capacitación, todos ellos elementos contenidos en las normas penitenciarias a las que se ha obligado el Estado uruguayo ante la comunidad internacional y que deberían ser un rasgo distintivo del país en su bitácora de derechos humanos”.

“Las condiciones de vida en buena parte de nuestras cárceles deben ser valoradas, por la administración de justicia, al momento de aplicar la pena o cuando se activan instrumentos liberatorios. El ciudadano tiene la obligación de respetar los derechos ajenos, no debe delinquir, y si delinque, debe cumplir una pena. El Estado, con el ciudadano que delinquió, tiene a su vez la obligación de que esa pena se cumpla en el marco de ciertos estándares mínimos de tratamiento, si lo incumple, perdiendo allí legitimidad, también debe reparar el daño. No son lo mismo cuatro años de pena en una cárcel ‘normal’, que en una cárcel sin tratamientos básicos”, adviertieron.

“Al margen de la impactante magnitud del resultado, ni las condiciones de reclusión ni la violencia que se genera en ellas son una novedad, lo que es más preocupante aún, pues son demostrativas de una cierta incapacidad o falta de perspectiva de la política pública para revertir una situación que se vincula directamente con la atenuación de la violencia social y la integración a una vida digna de los sectores más desfavorecidos”, concluyeron en lo que respecta al evento sucedido, para dar pie a las recomendaciones posibles.

Recomendaciones

Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones en clave de posibles pasos para avanzar, con el foco “en lo que se considera una de las situaciones más críticas y volátiles hoy: el módulo 4 de Comcar”, aunque puede aplicarse a otros módulos y otras unidades penitenciarias.

En cuanto a la gestión, se plantea dotar de mayor autonomía a los módulos del Comcar para que pueda haber mejores acciones de tratamiento; instalar cámaras de videovigilancia, tanto dentro como fuera de la cárcel; establecer regímenes de patio para todos los sectores; reforzar la cantidad de funcionarios técnicos y de seguridad; generar un fondo concursable para que la sociedad civil pueda ampliar su presencia; crear comités de prevención de conflictos con referentes de las personas que están presas; contar con formularios base de cada persona privada de libertad para poder generar planes de tratamiento individual; agilizar los movimientos por progresividad para generar traslados a unidades más abiertas y con mejores condiciones; institucionalizar la elección de delegados y su funcionamiento, con reuniones periódicas y sistemáticas con las autoridades para mejorar la vida cotidiana del lugar; y crear una mesa de instituciones conformada por todos los organismos públicos que realizan actividades en la cárcel.

En lo que respecta a las obras, se propone crear una biblioteca que sea cogestionada con las personas privadas de libertad; refaccionar el patio de la planta baja, adecuando espacios con distintos fines; reparar las salas de visita en conjunto con los presos; generar sectores de convivencia en los que haya que adherir a una reglamentación que implique un clima de convivencia pacífica, con una resolución de conflictos a través del diálogo.

En salud, se recomienda que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) amplíe el funcionamiento de la policlínica en el módulo y que comience a brindar atención psicológica; también que se establezca una mesa de cogestión entre la autoridad penitenciaria y la sanitaria (INR y ASSE); generar actividades de atención primaria de salud, con campañas de prevención específicas; y mejorar sustantivamente el régimen de alimentación, tanto en su cantidad y calidad de insumos como en su producción y distribución, procediendo si es necesario a la privatización total o parcial del servicio.

En lo educativo, “siguiendo con los relevamientos realizados de analfabetismo y los pasos anunciados, el Ministerio de Educación, desde su Dirección de Educación, impulse desde ya, con un Equipo de Alfabetización, una campaña de alfabetización conformando grupos con los internos que ya han sido identificados por esa repartición como analfabetos o con serias dificultades para leer, escribir o hacer cálculos”. Por otra parte, propone “incluir a los módulos críticos y en particular al módulo 4 en la población objetivo para algunos de los 2.000 cupos para cursos anunciados por Inefop que se inician este año para capacitación laboral e incorporación de capacidades prosociales”.