Al menos tres condenados por las manifestaciones golpistas del 8 de enero de 2023 en la sede del Parlamento brasileño pidieron refugio en el consulado uruguayo en Santana do Livramento, según informó el medio Brasil de Fato.
Las tres personas que solicitaron refugio político están siendo sometidas por la Justicia brasileña por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y tenían retenido su pasaporte, pero la ley que regula las solicitudes de refugio en Uruguay habilita el ingreso a quienes lo pidan, aun cuando no cuenten con documentación.
Los solicitantes del refugio, que se presentaron a mediados de enero ante el consulado de Uruguay en Santana do Livramento, enfrentan condenas de entre 13 y 16 años de penitenciaría por delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daños calificados, deterioro de bienes catalogados y asociación delictuosa armada, aunque en ninguno de los casos las condenas están firmes.
Si bien allegados al caso confirmaron a la diaria la solicitud de refugio, tanto desde el consulado como desde la cancillería se negaron a brindar información, advirtiendo que el proceso de pedido de refugio es reservado. Las fuentes señalaron que otras personas imputadas por los mismos hechos podrían llegar en los próximos días a Montevideo para solicitar refugio.
En el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia participaron miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que se manifestaban en contra de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que había sido electo en octubre de 2022 y asumido funciones el 1° de enero.
Los manifestantes primero se concentraron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y luego ingresaron a la sede del Congreso, después a la sede del Ejecutivo, el Palacio de Planalto, y finalmente a la sede del Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano de la Justicia brasileña.
A partir de la solicitud del refugio en nuestro país, el caso es analizado por la Comisón del Refugiado, que funciona en el ámbito de la cancillería y está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, el Mides, el Ministerio de Trabajo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, representantes de la Universidad de la República y de organizaciones de la sociedad civil.
Entre los aspectos que debe evaluar la comisión para definir si otorga el refugio o no está la existencia de “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas”, y encontrándose fuera de su país de origen “no pueda o no quiera acogerse a la protección” de su país en función de dichos temores.