La fiscal suplente de Paso de los Toros, Fabiana Corbo, que tenía entre sus casos la investigación sobre el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, por un presunto delito de conjunción del interés público y privado, fue trasladada al departamento de Lavalleja, luego de la asunción como fiscal titular de Osvaldo Goncálvez. La venia para ascender a Goncálvez como fiscal departamental había sido pedida por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024, según informaron a la diaria fuentes de Fiscalía.

Recientemente, Corbo había pedido a la Junta Departamental de Tacuarembó los antecedentes autenticados del caso que investiga presuntas maniobras del jefe departamental en la compraventa de un campo de su propiedad, según informó a la diaria el periodista de Radio Kandela Sebastián Ríos.

La causa fue iniciada en agosto por Ríos, quien denunció que en mayo Ezquerra pidió a la Junta Departamental la recategorización del padrón de rural a suburbano industrial de su campo de 14 hectáreas, junto a la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños, que eran los interesados en comprarle el predio.

Según la denuncia, el campo fue vendido por Ezquerra a la empresa Ballintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino, por 210.000 dólares, cuando el predio había sido comprado por el intendente en 2007 por 32.000 dólares, y había sido declarado en 2022 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por un valor de 45.150 dólares.

Ante los cuestionamientos que se generaron en la Junta, Ezquerra basó su defensa en que en el expediente figura un boleto de compraventa del predio donde aparece como titular del campo. Sin embargo, los denunciantes señalan que ese certificado notarial donde se menciona al intendente no fue presentado por la intendencia, sino por la empresa, que necesitaba señalar el número de padrón para reclamar la recategorización.

El intendente será investigado por un delito de conjunción del interés público y privado, previsto en el artículo 161 del Código Penal, y pensado para el funcionario público que “con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato”. Prevé penas de entre seis meses a tres años de penitenciaría.