“No es para pedirte nada, pero sí es algo con lo que podemos ganar un dinero. Tengo un profesor que ha viajado por Angola, por todo el mundo. Es un empresario que tiene un proyecto para presentarle al presidente de la República. Es como digo yo, si no jugamos, no ganamos”. El funcionario de Migraciones del Chuy César Pintos le mandó este mensaje al entonces jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, el 30 de marzo de 2022. El audio, que está incluido en el documental El facilitador, es uno de los 20 mensajes de audio que intercambiaron Pintos y Astesiano por esa fecha y que están siendo analizados por el equipo de la fiscal a cargo de la investigación, Sabrina Flores, según pudo saber la diaria con base en fuentes cercanas al caso.

“Tengo un negocio: 10 edificios en Playa Mansa parada 31. El argentino es como mi viejo y la mujer mi mejor amiga. Caes como anillo al dedo”, escribió Pintos en otro de los mensajes, el 13 de abril de ese año. Con ese negocio, vaticinaba el funcionario de Migraciones, ambos tendrían garantizada “la sonrisa para siempre”. En otra de las comunicaciones, Astesiano le informó a Pintos que había logrado que una persona ingresara a trabajar a la Aduana del Chuy, un trámite para el que había contado con la ayuda de Fernando Blanco, por entonces director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Pintos también aparece mencionado en el chat entre Astesiano y Ricardo Poroto Andrioli, un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería que participó en el ingreso al país de dos ciudadanos rusos que se casaron en un supermercado del Chuy. Una de las líneas de investigación que tiene abierta la fiscal Flores intenta dilucidar si algún funcionario de Migraciones estuvo al tanto del ingreso al país de Olesia Dzhumelia y Andrey Kashtanov, que en su segundo viaje a Uruguay (finales de abril de 2022) llegaron por tierra desde Brasil, según surge de las conversaciones recuperadas del celular de Astesiano.

No es la primera vez que la oficina de Migraciones del Chuy está bajo la lupa de la Justicia. En marzo de 2020, funcionarios del Ministerio del Interior (MI) presentaron una denuncia ante la fiscal letrada del Chuy, Matilde Matos, por hechos “de apariencia delictiva” en esa oficina de la frontera con Brasil. En aquel momento se denunció que funcionarios de la Inspectoría del Chuy cobraban una “importante suma de dinero a ciudadanos cubanos” para iniciar el trámite de residencia y obtener la cédula de identidad. Entre otras cosas, en el escrito que se presentó ante la Fiscalía del Chuy se señalaba que funcionarios de Migraciones habían falsificado firmas para agilizar esos trámites migratorios.

Las otras líneas de investigación

El ingreso de los rusos por el Chuy y la posible participación de contactos de Astesiano en esas maniobras son apenas dos de las tantas líneas que sigue investigando el equipo de la fiscal Flores. A finales de la semana pasada, el abogado del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sugirió que pedirán nuevas actuaciones para avanzar con la investigación que involucra a su cliente.

En el caso del espionaje a los dirigentes frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara también hay asuntos pendientes. Si bien el gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, admitió ante la Justicia que efectivamente había solicitado información para perjudicar a los legisladores, todavía no se ha logrado determinar cuál era la empresa que estaba interesada en pagar por esos datos.

Vertical Skies, la empresa de militares retirados uruguayos con sede en Miami, también sigue bajo la lupa por la compra del dron de 750.000 dólares para UTE. La división jurídica de ese organismo estatal le envió a la fiscal Flores toda la documentación del proceso licitatorio, que culminó en agosto de 2022 con una resolución favorable para Vertical Skies. De acuerdo a lo que surge en diferentes conversaciones recuperadas del celular de Astesiano, Vertical Skies se creó apenas arrancaba el gobierno de Luis Lacalle Pou con el propósito expreso de ganar licitaciones con el Estado.

Por otra parte, en el capítulo de licitaciones también sigue abierta la línea de investigación vinculada a los pedidos de coimas para ganar obras en la ruta 9. A mediados de 2024, un empresario uruguayo a quien le pidieron dinero declaró ante la fiscal Flores en calidad de testigo, pero todavía no se ha logrado identificar con quién coordinaba acciones Astesiano en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de Presidencia.

Otro asunto sin resolución judicial involucra a las jerarquías del MI, en particular al exsubdirector de la Policía Nacional Héctor Ferreira. En abril de 2022, Astesiano y su esposa viajaban a Buenos Aires, pero cuando los funcionarios de Migración de Colonia compulsaron el nombre de la mujer saltó una alerta o requisitoria que le impedía viajar (ambos contaban con antecedentes por estafa en Maldonado, por hechos ocurridos en 2013). Ante la situación, Astesiano llamó a Ferreira para pedir ayuda, el jerarca policial se comunicó con las autoridades de Migraciones y unas horas después el tema ya estaba solucionado. Este episodio fue investigado por la Fiscalía, pero no hubo un pronunciamiento al respecto.

La semana pasada, la fiscal Flores pidió el sobreseimiento de los excónsules uruguayos en Rusia Stefano Di Conza y Gustavo Piegas por la causa de los pasaportes, y hay expectativa de que tras esa decisión se retomen estas otras líneas de investigación que todavía siguen abiertas.