El Ministerio del Interior (MI) investigó posibles fuentes policiales del periodista Eduardo Preve luego de que este publicara en su cuenta de X información reservada originada en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

El caso con el que comenzó la investigación sobre los policías que podrían haber informado a Preve fue la filtración del inicio de una investigación administrativa por el acceso irregular al sistema El Guardián por parte de dos integrantes de la Dirección General de Inteligencia e Información Policial.

Esas escuchas telefónicas habían sido ordenadas por la jueza Silvia Urioste a pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Los escuchados eran exjerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, presuntamente implicados en el homicidio, entre ellos el expolicía Ricardo Zabala procesado por el homicidio.

En una auditoría interna sobre los accesos a El Guardián el MI detectó el ingreso irregular a varias conversaciones, entre ellas la de los indagados en la causa Cecilia Fontana. Luego la diaria publicó que uno de los investigados era hijo de un exjerarca de Inteligencia de la dictadura, el organismo que estaba siendo investigado en el caso.

Tras descubrir el acceso irregular, el fiscal Perciballe realizó una denuncia penal que está en manos de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro, y el MI comenzó una investigación administrativa que aún sigue en curso. La publicación de Preve, que mostró los documentos oficiales con los que se ordenó la investigación administrativa por el acceso irregular a El Guardián, generó una nueva investigación, que también fue filtrada e informada por el periodista este martes en su columna La tapadita.

Según informó Preve, la investigación que inició el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Juan Rodríguez, para identificar las posibles fuentes policiales del periodista contiene información personal suya, como fotos de su perfil de Instagram -en una de ellas aparece con su padre-, las publicaciones en X sobre el caso y una ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Pública con sus datos personales, entre ellos una vieja dirección suya, en la que, según informó el periodista, hoy viven sus hijos.

Preve informó que la investigación administrativa se focalizó en un integrante de la dirección, que resultó sumariado por el MI el 9 de noviembre, y señaló que en el expediente existe un documento en que quedó registrada una consulta realizada por el Departamento de Jurídica del MI con el director general de apoyo tecnológico (Unatec), Hugo Imas, para saber qué tipo de diligencia se debía pedir a la Justicia en caso de avanzar en la intervención de dos celulares del policía investigado, para obtener las comunicaciones con el periodista. Imas da detalles del contenido que necesita y el tipo de diligencia que precisaría para obtener esos mensajes por vía judicial en coordinación con las empresas de telecomunicaciones.

Esa diligencia, que es propia de una investigación penal y no administrativa porque implica la violación de un ámbito privado y, por lo tanto, requiere la orden de un juez, nunca fue concretada, al menos legalmente, dado que no existe en Fiscalía una causa que esté investigando las fuentes del periodista, segun informó Preve y confirmó la diaria con varias fuentes.

Según supo la diaria, la filtración sólo se está investigando en el MI en el marco de una violación por parte del policía al Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos, y al tratarse de una falta grave, el hecho de incumplir con los protocolos de tratamiento de información reservada podría culminar con la destitución del funcionario.