La jueza en lo penal de 38° turno, Marcela Vargas, definió la prórroga por 180 días de la prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezin en la causa que los investiga por delitos sexuales contra menores.

Penadés fue conducido este lunes al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez para participar en la audiencia en la que se definió la extensión de la medida cautelar, tras más de cinco horas de debate, en el que las defensas de los imputados pidieron la prisión domiciliaria.

A la salida de la audiencia, el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, dijo que la continuación de la prisión preventiva se basa en que persiste el riesgo de fuga, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y “riesgo para la integridad de las víctimas, tanto física como psíquica”, y mencionó que aún continúa la investigación sobre la trama montada para identificar a las víctimas del caso, por la que hay hasta ahora seis personas condenadas.

Por su parte, el abogado de las víctimas Juan Raúl Williman dijo que en este caso “no es que haya sospecha fundada de la existencia de riesgos de la investigación o riesgos para las víctimas, tenemos una situación especial en la que los riesgos se concretaron”.

“Si bien la medida cautelar es la de mayor intensidad, en este caso se encuentra más que justificada”, agregó en referencia a la investigación por la que fue condenado el exdirector del Comcar Carlos Taroco por asociación para delinquir, cohecho calificado y revelación de secreto, como brazo ejecutor de una investigación parapolicial para identificar a las víctimas y deslegitimar la denuncia.

En tanto, la abogada Soledad Suárez dijo que la defensa planteó ante la jueza “hasta qué punto estaba desarticulada o no” la trama generada para identificar a las víctimas, y agregó que “quedan actividades pendientes en el juzgado”, lo que también formó parte de la argumentación para extender la prisión preventiva. “La sentencia de la juez fue muy clara, muy bien fundada y creo que debería mantenerse”, agregó.

La defensa de Penadés, que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, pidió la prisión domiciliaria para el exlegislador, que cumple prisión en la Unidad 19 del Instituto Nacional de Rehabilitación en Florida, al igual que la defensa de Mauvezin, que cumple prisión preventiva en la Unidad 17 de Campanero, y es defendido por los abogados Juan Carlos Fernández Lecchini y Rossana Gavazzo. Ambos apelaron la decisión de Vargas, sobre lo que se expedirá el Tribunal de Apelaciones de 4° turno.

Tanto la fiscal Alicia Ghione como los abogados de los imputados se retiraron del juzgado sin realizar declaraciones a la prensa.

Según supo la diaria, el miércoles habrá dos audiencias de preparación de declaración anticipada, una con una de las víctimas que formaban parte de la denuncia pero aún no había declarado, y una nueva víctima del caso, por lo que la imputación contra el legislador podría ampliarse.

Penadés fue imputado el 12 de octubre por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor, mientras que Mauvezin fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real.

La imputación de Penadés, que fue apelada por su defensa, fue ratificada en segunda instancia en una sentencia en la que se dieron a conocer más datos sobre la forma en la que el entonces senador utilizaba su posición social contra las víctimas, a las que llegó, en algunos casos, a través de la creación de un cuadro de fútbol para niños, y también se conoció el relato ante el juzgado de una víctima de violación.

Entre las diligencias pendientes que existen sobre el equipo parapolicial liderado por Taroco, que se contactaba con Penadés a través del funcionario del Parlasur Diego Cuiñas, compañero de Taroco en la masonería, está la investigación sobre otros funcionarios policiales que estuvieron vinculados al equipo. La fiscal indagará sobre cómo accedieron a documentos que formaban parte de la evidencia que era custodiada por Policía Científica, cómo se concretaron las maniobras vinculadas a la remisión de pena por trabajo a la interna del Instituto Nacional de Rehabilitación, la existencia de una eventual obstaculización de la emisión del pasaporte de Jonathan Mastropierro o escuchas telefónicas clandestinas que podrían incluir al equipo fiscal.