El abogado Pablo Arretche, que representa a la familia del empresario Gonzalo Aguiar, asesinado en Punta del Este el 26 de febrero, pidió la suspensión del remate del Lamborghini Spyder que estaba previsto para este viernes, según informó El País y confirmó la diaria.

Arretche representa a la exesposa del empresario, Roxana Marroquin Donan, y a uno de sus hijos, Adrián Aguiar, quienes advirtieron que existe una irregularidad en el llamado a remate del vehículo, que fue incautado luego del crimen, en el que su pareja, Romina Camejo, le disparó dos veces, en un episodio que está siendo investigado por el fiscal Sebastián Robles.

El abogado explicó a la diaria que el vehículo ingresó legalmente al país y se cumplió con todo el procedimiento de importación, por lo que el Ministerio de Economía habilitó su empadronamiento. Cuando Aguiar fue a empadronarse en Canelones, porque vivía en La Tahona, el gobierno departamental le dijo que no tenía aforo para ese tipo de vehículo y por eso quedó empadronado en Canadá. Ahora el juez letrado de 4° turno, Sebastián Amor, deberá definir si suspende o no el remate del vehículo, valuado en 250.000 dólares.

Arretche dijo que la Dirección Nacional de Aduanas incurrió en “flagrantes irregularidades” al solicitar el remate del bien y agregó que el vehículo no fue empadronado en Uruguay por “causas imputables a la administración”. La familia de Aguiar está siguiendo todo lo relativo a la sucesión del empresario y las causas vinculadas a sus bienes.

En tanto, la fiscalía continúa la investigación sobre la muerte de Aguiar. A fines de abril se realizó la reconstrucción del crimen, a partir del cual se pidieron nuevas diligencias para confirmar o descartar la versión dada por Camejo, que aduce haber sido amenazada por el empresario y haber actuado en legítima defensa.

Además, Aguiar estaba siendo investigado por la fiscalía de Delitos Complejos y Económicos de tercer turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, por una maniobra denunciada por el grupo inversor canadiense Boreal, la empresa de venta de cáñamo que se había instalado en Salto y cerró repentinamente en diciembre pasado, que lo acusa de apropiarse de 20 millones de dólares del grupo inversor. También se lo investigaba por usurpación de funciones del presidente del Banco República, Salvador Ferrer, por la falsificación de un aval del banco por 90 millones de euros.

Por su parte, en la fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, se investigan los movimientos de bienes del entorno del empresario, a partir de los allanamientos realizados en La Maison, la casa de Punta del Este donde en febrero de 2023 se habría simulado un copamiento y robo de armas, y la casa de la expareja de Aguiar.

Rodríguez analiza la documentación encontrada en los allanamientos para realizar un seguimiento de las propiedades y constitución de empresas de Aguiar, además de la documentación vinculada a los objetos de valor y autos de alta gama encontrados en las propiedades del empresario fallecido.

Paralelamente, el fiscal de Maldonado Jorge Vaz investiga la denuncia presentada por el diputado de Cabildo Abierto de Maldonado Sebastián Cal, quien denunció ser amenazado por el empresario luego de que le advirtiera al entonces jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, que el empresario había contratado para su custodia personal a policías en actividad.

Pioli dijo que informó del caso a su superior, el director nacional de Policía, Diego Fernández, y se abrió una investigación administrativa para conocer la situación que quedó al descubierto el 29 de julio de 2022, luego de una persecución policial contra el empresario, que viajaba junto a un grupo que se desplazaba en dos camionetas de alta gama, una BMW y una Chevrolet, en la que fueron incautadas varias armas, entre ellas, una de reglamento. A fines de abril, el exministro del Interior Luis Alberto Heber informó que eran cinco los policías que trabajaban irregularmente para Aguiar y que la información había llegado previamente a la comunicación de Cal a través del sindicato policial.