A pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, fue desarchivada la causa que investigaba la desaparición de la militante comunista Amelia Sanjurjo, cuyos restos fueron hallados en junio de 2023 en el Batallón 14 e identificados el 28 de mayo, según informó Telemundo y confirmó la diaria.

La causa fue retomada por la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, quien tomó declaración al integrante del Servicio de Paz y Justicia Adrián Manera, que fue el primer denunciante de la desaparición de Sanjurjo ante la Justicia penal, el 31 de diciembre de 1985.

También compareció ante la jueza Urioste el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Wilder Tayler, quien declaró sobre el hallazgo en el predio militar, dado que, desde 2019, la INDDHH tiene designada por ley la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de la dictadura.

En esta causa, la fiscalía buscará identificar a los responsables de la detención y el posterior asesinato de Sanjurjo, ocurrido en noviembre de 1977. La fiscalía propondrá, en la etapa de acusación penal, tipificar el homicidio en concurso formal con la desaparición forzada, por entender que la aparición de los restos no excluye la comisión de ambos delitos.

En la jurisprudencia uruguaya hay dos sentencias en las que se tipificó el delito de desaparición forzada, integrado como tal al marco jurídico uruguayo en 2006, pero no hay ninguna sentencia que integre ambos delitos, como ocurre en la jurisprudencia internacional, por lo que -de concretarse- la causa Sanjurjo sería la primera en la que se logre una sentencia por desaparición forzada y homicidio.

Desde la recuperación de la democracia, a principios de 1985, la información y los procesos judiciales vinculados con la desaparición de Sanjurjo tuvieron poco avance, incluyendo información falsa originada desde las fuerzas armadas.

Tras la denuncia inicial realizada por Manera, al expediente se incorporaron las declaraciones de Carlos Aguilera, quien vivía con Sanjurjo en Colón, y su amiga Leonor Albagli, quienes fueron secuestrados en la casa de Sanjurjo tras cuatro días de vigilancia. El expediente también cuenta con el testimonio dado por la hermana de Amelia, Carmen Sanjurjo, a la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas que funcionó en 1985, en el que cuenta cómo fue la desaparición y la búsqueda inicial que llevó adelante con su padre.

En esa instancia, Carmen declaró que cuando fueron a la casa que alquilaba con Aguilera, encontraron que los militares habían “destrozado” los objetos y estimó que faltaba dinero por la forma ordenada en que la hermana llevaba sus cuentas. Además, denunció que luego de varios días recorriendo con su padre diferentes unidades militares y policiales para conocer su paradero, le informaron por teléfono, sin identificarse, que su hermana había fallecido, sin dar ninguna información sobre las circunstancias de la muerte.

El expediente también tiene el testimonio de Leonor Albagli, quien también fue detenida en el operativo en la casa de Sanjurjo y trasladada al centro clandestino de detención La Tablada, dependiente del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), donde llegó a escuchar a Sanjurjo durante la tortura.

La pareja de Sanjurjo, Carlos Aguilera, dio detalles del operativo de vigilancia que montaron en su casa, desde donde fue trasladado a La Tablada por tres militares vestidos de particular con botas negras, algunos de ellos con acento brasileño.

“Venía del trabajo y como de costumbre a veces abría la puerta y a veces lo hacía Amelia. Lo que me extrañó es que se abre la puerta del frente y se oye su voz. Me extrañó la voz, pero entré igual; en eso, me toman la camisa, me tironean un poco y caigo en el sofá. Estaba medio encandilado porque no había luz; yo venía del sol y como adentro estaba oscuro no veía bien. Buscaba a Amelia por la voz y no la encontraba [...] Entonces me di cuenta de que era uno de ellos que gritaba; tenía la voz finita e imitaba su voz. Me dijeron: 'Flaco, quedate quieto; venimos a ver a Amelia Sanjurjo y no se encuentra. Queremos saber dónde está, queremos localizarla'”, declaró Aguilera en la comisión parlamentaria. La causa también cuenta con el testimonio del vecino Juan Bucalo, que fue testigo del operativo de detención.

En junio de 1986 el juez en lo penal de 4° turno, Severino Baldi, solicita información al Ministerio de Defensa, y la causa es objeto de una contienda de competencias entre la Justicia civil y militar, que finalmente es ganada por la civil. Una vez que el caso queda en manos del Poder Judicial, es remitido al Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 3° de la ley de caducidad, que establecía que el juez debía consultar al presidente si un caso estaba incluido en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Ante la consulta, el presidente Julio María Sanguinetti decidió incluirlo bajo el amparo de la ley, por lo que el proceso judicial fue interrumpido. En cumplimiento con el artículo 4 de la ley de caducidad, que obligaba al Ejecutivo a investigar, Sanguinetti ordenó a los fiscales militares que él mismo designó brindar información sobre el caso y recibió como respuesta que no tenían información sobre las circunstancias de la desaparición. “Los pocos indicios reunidos, aunque apuntan en ese sentido, no permiten concluir, de ninguna manera, que haya quedado probada la participación de militares en la denunciada desaparición, aun dando a esta por cierta”, señalaba el informe enviado por el coronel José A Sambucetti a Sanguinetti, el 14 de octubre de 1987. Treinta y seis años después, sus restos fueron encontrados en el Batallón 14.