La internación compulsiva para personas en situación de calle data de 2011. En mayo de este año se aprobó una modificación a la ley vigente que amplía sus facultades y que comenzará a implementarse este domingo. Según afirmó el presidente Luis Lacalle Pou a sus ministros este jueves, la iniciativa es una prioridad para el gobierno.

Qué establecía la ley de internación compulsiva de 2011

La Ley 18.787, de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, aprobada en 2011, tenía un artículo único que planteaba que las personas de cualquier edad que estén en situación de intemperie completa con riesgos graves, enfermedades o riesgo de muerte podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos antes descritos y sin que esto implique la “privación correccional de su libertad”.

Las modificaciones de la nueva ley

La ley actual sostiene lo mismo que la anterior: las personas de cualquier edad que estén “en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.

Lo que agrega es que el Mides pueda solicitar a los prestadores de salud el traslado de estas personas a instituciones médicas aun sin que presten su consentimiento, “siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.

Al igual que en la ley anterior, previo al traslado de la persona, se requiere un informe de un médico que certifique que existe un “riesgo inminente para sí o para terceros o que el hecho de no trasladarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que sólo pueda aplicarse mediante una hospitalización”. Una vez en el centro de salud, la persona debe ser atendida y se debe certificar nuevamente lo antes definido.

Cómo es el protocolo de actuación

El procedimiento será una acción coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de la asistencia primaria, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que brindará el servicio médico, y el Ministerio del Interior, que prestará apoyo policial en caso de ser requerido.

El primer acercamiento a la persona en situación de calle y su asistencia primaria está a cargo de los equipos técnicos del Mides, tal como es actualmente. Son quienes reciben las denuncias -principalmente a través de la línea telefónica 0800 8798- y quienes toman contacto con las personas que duermen a la intemperie por medio de las recorridas del Equipo Calle.

En caso de analizar que la situación podría implicar la necesidad de una internación involuntaria, que puede ser por riesgo de salud o si se observa una capacidad de juicio afectada por problemas de salud mental o consumo de drogas y si esto puede ser un riesgo de seguridad para sí o para terceros, desde el Mides van a contactar a ASSE para que un médico preste asistencia y evalúe la situación.

Si el médico de ASSE indica la internación, aun cuando la persona se niegue, se deberá proceder al traslado. En el caso que el médico de ASSE no indique la internación, pero determine que de mantenerse a la intemperie puede haber un deterioro de su salud o un riesgo para sí o para terceros, el Mides podrá resolver si es pertinente o no trasladarla a un centro de salud.

Si la persona se niega a recibir asistencia o a ser trasladada, se podrá pedir apoyo al Ministerio del Interior para que la Policía concurra al lugar a colaborar con el operativo.

Una herramienta para casos agudos de salud mental

Fernanda Auersperg, directora Nacional de Protección Social del Mides dijo a la diaria que lo que se está agregando es “el factor psicológico” y “dandole a esa persona garantías”. Antes, “la persona era trasladada a una comisaría y a las pocas horas estaba en el mismo lugar y en la misma situación”, explicó, y contó que “lo que bscamos es dar una respuesta sociosanitaria digna y poder darle desde el Mides todas las alternativas adecuadas para estas personas”, para que puedan tener “una continuidad en los cuidados, seguimiento de sus tratamientos y acompañamiento de sus trayectorias vitales”.

Ante la consulta de por qué ahora, Auersperg indicó que “surge en la reglamentacion de 2021, que nos quedaban por fuera estos casos específicos en que no había un riesgo de muerte inminente por lo organánico, pero sí un problema agudo de salud mental que podía significar un riesgo para sí mismos o para terceros”. “Veíamos cómo estas personas se iban deteriorando progresivamente y no teníamos una herramienta para actuar rápido”, remarcó. Por eso, afirmó que presentaron el proyecto al nivel legislativo y, en paralelo, “fuimos construyendo las respuestas para el día después, porque de nada sirve que una persona vaya a un centro de salud y luego de compensada no tenga a disposición las alternativas acordes que aseguren la continuidad de los cuidados y los apoyos necesarios para su inclusión social”.

La directora Nacional de Protección Social subrayó que esto se da “en base a un sistema que hemos construido con el refuerzo en las Rendiciones de Cuenta; se han generado aternativas para que el Mides pueda ofrecer herramientas cuando la persona esté en condiciones de retorno”. Las herramientas buscan que la persona no retorne a su condición anterior sino que pueda, a través de un conjunto de políticas, reforzar sus condiciones de vida.

Para Auersperg es fundamental destacar que la ley no se aplicará solo cuando la persona está descompensada sino cuando hay un riesgo para sí mismo o para terceros. Aclaró que “no se van a trasladar a todas las personas que están bajo el uso de sustancias sino a aquellos que están desprotegidos y tienen una conducta violenta para sí o para terceros, que puede implicar un riesgo”. “La ley apunta a ir más allá de lo orgánico a nivel de salud y buscan contemplar las cuestiones agudas de salud mental”, enfatizó.

Según la jerarca del Mides, “es muy importante garantizar la continuidad de cuidados de la persona, que una vez que salga del centro de salud pueda seguir conectada a través de una red y pueda así seguir un tratamiento adecuado y oportuno”.

El compromiso del Ministerio del Interior

Según informó el Ministerio del Interior en su página web, van a prestar apoyo a las instituciones cuando se les solicite y aseguraron que la Policía “cuenta con personal debidamente capacitado en el trabajo con poblaciones vulnerables”. Por la cartera, la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana es la encargada de la coordinación interinstitucional. Van a disponer de personal y vehículos para estos operativos y se va a contar con el apoyo de Bomberos.

“El trabajo interinstitucional reafirma el compromiso asumido por este ministerio con la sociedad de salvaguardar la vida de los más vulnerables restituyendo sus derechos y libertades”, indicaron desde el Ministerio del Interior.