La empresa financiera D&H denunció a las autoridades de Cudam por apropiación indebida en el marco de un litigio por incumplimiento de pagos de una empresa tercerizada, por un monto de diez millones de pesos.

La financiera denunció que, en marzo de 2018, la empresa de servicios de salud Securi, que es tercerizada de Cudam, le cedió los derechos de crédito que tuviera para cobrarle a Cudam, por lo que, entre esa fecha y hasta el 28 de abril de 2023 Cudam pagó directamente a la financiera por los servicios de Securi. A partir de mayo, Cudam dejó de pagarle a la financiera, aun cuando seguía recibiendo servicios de Securi, según señalaron los representantes de la financiera, en la denuncia a la que accedió la diaria.

Ante la falta de pago, la empresa financiera embargó los créditos que Securi generaba con Cudam e inició una demanda civil contra la mutualista y su tercerizada, en la que Cudam niega tener obligaciones con la financiera. Los denunciantes señalaron tener correos electrónicos en los que Cudam reconoce tener pagos pendientes a la denunciante en junio y julio de 2023.

Además, en la denuncia presentaron comunicaciones entre Securi y Cudam, en las que Securi le pide a Cudam pagar los servicios directamente al Banco de Previsión Social, uno de los principales acreedores de la tercerizada, y Cudam responde que esa operación requiere la autorización de la empresa financiera, lo que es comprendido por los denunciantes como un reconocimiento de los derechos de la financiera a esos créditos.

Securi, que presta servicios a varias mutualistas, buscó acceso al crédito con la empresa denunciante, aportando como garantía los contratos de servicios con esas mutualistas, por lo que el caso podría ampliarse a otros negocios vinculados a la tercerizada.

El abogado Eduardo Sassón, que representa a la parte denunciante, señaló que la denuncia “se encuentra en el marco de múltiples denuncias e irregularidades entre las mutualistas y las empresas tercerizadas de prestación de servicios de Salud” y recordó que la ministra Karina Rando ya advirtió la complejidad de la situación ante la comisión de Hacienda integrada con Salud, del Senado.

“Surge de la evidencia aportada, que no sólo los créditos de los cuales se encuentran apropiándose indebidamente los denunciados pertenecen jurídicamente a los denunciantes, sino que existe un correo electrónico donde el contador de la institución lo reconoce, volviéndose completamente incongruente el cúmulo de excusas que se brindan para continuar apropiándose de los fondos”, señaló, y adelantó que una vez designada la Fiscalía competente, evaluarán pedir medidas cautelares sobre los bienes de los denunciados para proteger los derechos de la víctima.