El abogado Rodrigo Rey presentará un recurso de exclusión de responsabilidad en busca de que la Justicia brasileña ordene la absolución y el regreso de Felipe, uno de los hinchas que permanecen en Brasil desde el 23 de octubre, tras ser detenido en los incidentes de la previa del partido entre Peñarol y Botafogo en Río de Janeiro, según informó el abogado a la diaria.

Rey explicó que se trata de un recurso vehiculizado a través de un hábeas corpus, sobre el que se espera una respuesta de la Justicia brasileña este mes. La petición se basa en la situación personal de Felipe, de 33 años, quien padece una discapacidad física e intelectual.

El abogado aclaró que la defensa de los hinchas de Peñarol sigue enfocada en obtener la libertad de todos los que permanecen en prisión preventiva antes de comenzar a presentar acciones para el retorno de los uruguayos que permanecen en Brasil sujetos al proceso judicial, pero señaló que en este caso -tal como se realizó con el menor de edad Ezequiel- se priorizó la situación personal para buscar que sea excluido del proceso, considerando que los documentos que dan cuenta de su condición clínica “hacen muy evidente que no participó en los desmanes”.

“Él en realidad termina preso porque no puede comunicarse adecuadamente”, manifestó el abogado, y reiteró que antes de continuar con este tipo de pedidos se trabajará para conseguir las dos libertades pendientes.

Los incidentes entre hinchas de Peñarol e hinchas de varios equipos brasileños ocurrieron el 23 de octubre, comenzaron de madrugada en el hotel en el que se alojaba el equipo uruguayo y sobre el mediodía se extendieron a Praça do Pontal, en Recreio, que estaba establecido como el punto de encuentro para los hinchas de Peñarol para partir al estadio olímpico Nilton Santos.

En principio fueron detenidas 130 personas, pero luego fueron liberadas, hasta que quedaron procesadas 21 personas, que permanecen en Brasil esperando el avance de su causa. De esos 21, dos permanecen detenidos y no pueden comunicarse con sus familiares. Se trata de Ezequiel y Alexis, que permanecen en prisión preventiva porque los jueces consideraron que, al tratarse de extranjeros, existe riesgo de fuga. A fines de diciembre, los abogados conversaron con la cancillería para que Uruguay pida un trato humanitario para los detenidos.