En la tarde de este viernes, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, dispuso la formalización del proceso contra dos personas como autores materiales del atentado del domingo pasado contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero: un hombre de 49 años, que fue detenido el viernes en Brazo Oriental, y otro de 50 años, que fue uno de los hermanos detenidos el miércoles.
A pedido de la fiscal Angelita Romano, Olivera les imputó delitos de asociación para delinquir, receptación, incendio, estrago y atentado, y dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 2 de marzo. Los dos imputados tienen varios antecedentes penales.
Los primeros detenidos por el ataque contra la fiscal fueron un hombre de 55 años, sin antecedentes penales, y una mujer de 43, que finalmente fue liberada. La pareja fue detenida el domingo, horas después del atentado, circulando en la zona de camino Corrales y avenida Centenario, en un Volkswagen Bora negro, que fue utilizado en la organización del ataque. La revisión de las cámaras determinó que la mujer no participó. El hombre fue imputado el martes por un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.
Los formalizados
El miércoles fueron detenidos dos hermanos luego de que la policía determinara, con base en los registros de las cámaras, que uno de los vehículos utilizados en el atentado había estado en su casa, en la zona del Nuevo Centro Shopping. El detenido fue identificado porque paró en una estación de servicio Ancap en la zona de Villa Española. “Creo que no”, contestó uno de los hermanos, cuando la fiscal Romano le preguntó si había posibilidades de que el resultado del ADN realizado a la colilla de cigarrillo encontrada en el patio de Ferrero coincidiera con el suyo. El hombre negó su participación en los hechos y dijo que el vehículo utilizado en el atentado fue dejado en su casa por alguien que se lo llevó para arreglar, pero no quiso dar más datos. Su hermano, un taxista sin antecedentes penales, fue liberado, tras constatarse que no estaba involucrado.
A partir de la cámara de un particular, la policía logró dar con el tercer imputado en la causa, que fue detenido este viernes en la zona de Brazo Oriental. En las últimas semanas, el hombre había comenzado a frecuentar el galpón del fondo de la casa, donde trabaja como mecánico el hermano que fue imputado. La fiscalía sigue la pista de un BMW y un Volkswagen UP que también habrían sido utilizados en la organización del atentado.
Según supo la diaria, la policía incautó en la casa de los hermanos 12 celulares, pero sólo uno estaría en condiciones de ser periciado, dado que el resto estaría en desuso. Ese celular, junto con otros dispositivos incautados, es uno de los elementos con los que los investigadores apuestan a dar con los autores intelectuales del hecho.
Los datos que apuntan a Villa Española
Luego del atentado, al mediodía del domingo pasado, el auto Volkswagen Bora negro que participó en el ataque como “soporte” fue interceptado mientras circulaba por camino Corrales y Centenario, en la zona de Villa Española. También la casa donde fue llevado el auto antes del atentado se encuentra en la zona, bajo la jurisdicción de la seccional 13.
Según supo la diaria, durante la semana la policía realizó requisas en el Penal de Libertad y les incautó los celulares a Diego Fernández Albín y a Víctor Albín, hermanos de Luis Fernández Albín, una de las personas que la policía investiga como autor intelectual del hecho, y también a Antony Suárez, uno de los integrantes de la banda criminal de Villa Española.
Los Suárez y Los Albín -que no son parte del grupo familiar de Fernández Albín, que opera en Cerro Norte- disputan el control del tráfico de droga en el territorio de Villa Española, la Unión y el Hipódromo.
Los antecedentes y las diferencias con los demás casos
Uno de los puntos que genera incertidumbre entre los investigadores y los operadores judiciales que actúan en el caso es la distancia entre los detenidos y los autores intelectuales del hecho, es decir, que no se puede establecer el nexo fácilmente, algo que no había ocurrido en los incidentes anteriores de este tipo. Otro punto que llamó la atención es la edad de los involucrados, todos en el entorno de los 50 años, un aspecto que difiere de amenazas anteriores, en los que los autores materiales eran más jóvenes.
La primera amenaza contra Ferrero ocurrió en mayo de 2020, luego de que un vehículo arrojara una granada sobre la fachada de la sede de la Brigada Antinarcóticos causando daños a los vehículos que estaban estacionados. Ese atentado fue reivindicado al día siguiente por la organización del narcotraficante prófugo Sebastián Marset en un mensaje enviado a la fiscal, el Primer Cártel Uruguayo.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, señalaba el mensaje enviado desde un celular registrado en Perú. Por ese caso hubo unas 20 personas imputadas, en su mayoría detenidas en la zona del Cerrito de la Victoria, que fueron defendidas por el abogado de Marset, Santiago Moratorio. Por la amenaza fue condenado el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, quien dijo haber prestado su celular para que se hiciera.
Incautación en Punta Espinillo, en agosto.
Foto: Ministerio del Interior
En el ataque del domingo, además de que no fue reivindicado por una organización, en ninguno de los procesos judiciales iniciados contra los imputados intervinieron abogados particulares que puedan vincularse con alguna de las organizaciones.
El otro antecedente de este caso fue el 4 de diciembre de 2024, cuando desde dos motos dispararon contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en la calle Cerro Largo y Andes. Dejaron una hoja A4, una carta para el entonces director del INR, Luis Mendoza: “Mendoza, los presos se respetan”. Por ese hecho fue condenado Luis Fernández Albín, donde está el foco de una de las líneas de investigación sobre el atentado del domingo a Ferrero. Las autoridades policiales señalan a Fernández Albín como el responsable de buena parte del acopio y la distribución de la droga a nivel local y de la exportación de cargamentos de cocaína a nivel internacional.
En agosto, la policía encontró 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo. Cinco personas fueron imputadas por el hecho, pero no se logró responsabilizar al dueño del cargamento. Según confirmó la diaria con diversas fuentes, en el momento de la incautación la policía constató que Fernández Albín estaba en una chacra a tan sólo dos kilómetros del lugar donde se encontró la droga, pero no se halló evidencia que lo conectara con el cargamento.
Fernández Albín estuvo preso varias veces en los últimos 18 años y se estima que su vínculo con Marset se afianzó cuando estuvieron en el sector de La Piedra en el Penal de Libertad. La reclusión en ese sector fue parte de la negociación de la defensa de Marset cuando acordó la entrega de su cuñado, Sebastián Alberti Rossi.
Según dijeron fuentes vinculadas con el caso, Fernández Albín opera muchas veces como socio de Marset a nivel local y dividen las ganancias de los cargamentos que el primero logra exportar a nivel internacional. Se maneja que la carga de droga de Punta Espinillo, cuyo precio en Europa se estima en 50 millones de dólares, pertenecía a ambos.
Ferrero, quien antes de asumir su cargo como fiscal de Corte subrogante se desempeñaba como fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, supervisó el operativo que llevó a la incautación de la cocaína, como lo ha hecho en todos los casos “grandes”. El 13 de agosto, diez días después del operativo policial, contó ante la Comisión de Transporte de Diputados que su fiscalía se encarga del narcotráfico internacional, “el grandote”, y que durante siete meses mantuvo ambos cargos, pero luego de que se retiró Juan Gómez, se dedicó a la Fiscalía de Corte, porque, según enfatizó, “no se pueden las dos changas a la vez”. Sin embargo, detalló que actualmente supervisa los casos pesados. “Estoy atrás de todos los grandes de drogas y superviso, y hay algunas cosas que no les puedo decir que hacen al último procedimiento que también supervisé”, dijo ese día en referencia al de Punta Espinillo.
En noviembre de 2024, faltando dos meses para obtener la libertad, Fernández Albín fue trasladado del Penal de Libertad a la Unidad 25, una cárcel de máxima seguridad que funciona dentro del ex Comcar. A principios de diciembre, su defensa presentó un habeas corpus por recibir una golpiza por parte de la policía dentro de la unidad a la que fue trasladado y dos días después de la denuncia ocurrió el atentado contra la sede del INR.
Fernández Albín recuperó la libertad y se instaló en una casa prestada en el barrio privado de Colinas de Carrasco, en Canelones. En el marco de la causa que investigaba el atentado al INR en enero de este año, fue imputado con prisión domiciliaria por 90 días. Al principio del proceso, negó su participación, dado que no había mayores evidencias en su contra como autor intelectual del hecho, ocurrido mientras estaba en prisión.
El domingo 16 de febrero ocurrió el ataque en la rambla del Buceo, cuando desde una moto dispararon 17 veces contra Axel Mattos, Alexa Berón y su hijo de cinco años, en el marco de un largo enfrentamiento con la banda Los Colorados, con la que la banda conocida como Los Suárez y los Fernández Albín disputan territorio en Cerro Norte. Por esa causa fueron imputados el hermano de Fernández Albín, Víctor Albín, quien se encuentra preso desde 2015, y otras personas vinculadas con la organización.
En el marco de esa investigación, la policía allanó la casa en Colinas de Carrasco, donde Luis Fernández Albín estaba cumpliendo prisión domiciliaria preventiva por el atentado al INR, y encontraron un arma fuera de reglamento. El 1º de abril la fiscalía ofreció un acuerdo abreviado para que fuera condenado a seis meses de penitenciaría por el atentado contra el INR y la posesión del arma, restando los tres meses que había cumplido de prisión domiciliaria preventiva. Esa condena la cumplió en La Piedra del Penal de Libertad y fue liberado en julio.