El miércoles la fiscal suplente de Delitos Sexuales de tercer turno, María Isabel Ithurralde, presentó la acusación contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y pidió 16 años de penitenciaría por 20 delitos sexuales. Al mismo tiempo, solicitó seis años de penitenciaría para Sebastián Mauvezín. El jueves la jueza de 36° turno, Marcela Vargas, extendió la prisión preventiva para ambos, luego de que el exlegislador tomara del brazo al policía Federico Rodríguez y le dijera “nos vemos”, al término de una audiencia, el 1 de octubre, en la que declaró como testigo protegido.
Este lunes la diaria Radio recibió a Soledad Suárez, abogada integrante del Consultorio Jurídico de la Udelar y defensora de las víctimas en el marco del caso. La profesional indicó que “se presentó una denuncia” por las palabras que Penadés le profirió a Rodríguez en la audiencia y adelantó que ella “seguramente sea testigo” porque presenció el hecho. Sobre ese momento, contó que Rodríguez le dijo que “tuvo más miedo que cuando le dieron un tiro”, porque tuvo “a Penadés, que mide como dos metros, parado al lado, apretándole fuertemente la mano y diciéndole 'que pases bien, nos vemos'”, algo que la jueza entendió como un acto intimidatorio hacia el testigo.
Al mismo tiempo, la abogada habló sobre la actitud de Penadés en las sesiones. “Se refirió a mí en forma despectiva y autoritaria dos audiencias antes de esa”, contó, y agregó que “ya era una alerta de cómo se mueve: reparte comida, interrumpe, se ríe, hace comentarios en tono de voz elevado, se da vuelta y nos manda a callar”. “Me parece que se confundió la humanidad de la jueza con permitir una exhibición de poder -que esta persona tiene muy naturalizada- y, en cierta forma, logra hasta que naturalmente los sujetos se sometan”, concluyó. “Al sujeto que lo están formalizando por una rapiña, ¿lo imaginás parándose y yendo a saludar a la jueza, repartiendo comida, parándose cuando quiere, interrumpiendo la audiencia, diciendo cosas?”, cuestionó la profesional.
Respecto de la posibilidad de que la defensa presente la prescripción de los delitos, Suárez dijo que “no le sorprendería”, pero aseguró que los argumentos del tribunal fueron “contundentes y lapidarios”. En ese sentido, recordó que, “en la medida en que [Penadés] tuvo fueros, su calidad de legislador impidió el acceso a la Justicia”, y “cuando la persona no puede acceder fácilmente a la Justicia, no puede correr el plazo”. “Para mí, surge [que es] obvio que no puede contarse prescripción alguna cuando no hay acceso a la Justicia”, reafirmó.
Las denuncias y las víctimas
Para la acusación se tomaron en cuenta las declaraciones de 13 personas contra el exlegislador, de las cuales diez eran menores al momento de los hechos. Los delitos, sin embargo, son 20. A excepción de “[Jonathan] Mastropierro, Romina [Celeste], [Javier] Viana y el policía“, el Consultorio Jurídico defiende a todas las demás víctimas, indicó Suárez. “Hay situaciones en que no fue sólo un encuentro, sino más y, por ende, ocurrieron otros hechos de relevancia penal”, comentó la abogada.
“Además de eso, tenemos la trama, que también son delitos que se suman”, dijo con relación a que la fiscal tomó en cuenta que Penadés promovió la conformación de un grupo para realizar acciones de inteligencia sobre las víctimas, con la ayuda de policías y funcionarios públicos. A su vez, con la acusación en mano, dijo que contiene “reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de violación”. Aclaró que, en este tipo de delitos, a las víctimas les cuesta “determinar específicamente cuántas veces fueron, ya que son situaciones de cronicidad o de un tiempo en el que se dio muchas veces”.
“Estamos en un ámbito temporal muy grande, desde el año 90, e informan sobre una práctica habitual. Como dijimos siempre, con la acusación decimos que nos casamos con la teoría del caso, por el convencimiento total y un nivel de verificabilidad muy alto. Ya se presenta como realidad sin perjuicio de que la persona mantiene el principio de inocencia”, acotó.
Por último, destacó su conformidad con el trabajo de Fiscalía en dos sentidos: “Primero, la doctora Alicia Ghione, que hizo una labor que requirió una valentía enorme y un compromiso absoluto al punto en que terminó afectada su salud. Sin lugar a dudas, se hizo de forma correcta más allá de las dificultades que vivieron los equipos que estuvieron acompañándola, sometidos a altísimos niveles de estrés”. Por otro lado, destacó el trabajo de Ithurralde, quien “en poquísimo tiempo estudia en profundidad y sigue investigando”, con “una labor, responsabilidad y técnica impresionante”.
Vicisitudes del caso Mauvezin
“Para nosotros no hay dudas de que se trata del captor”, dijo Suárez sobre el exprofesor Sebastián Mauvezín. En sus palabras, es un rol “que es importante entender” porque “también está vinculado con el desarrollo histórico: no es lo mismo el poder que Penadés tenía al inicio con el que tenía en los últimos tiempos, cuando su figura era constante en el informativo, e ir al encuentro de las personas se vuelve algo más dificultoso, además del desarrollo tecnológico”.
“Parece bastante clara la necesidad de una figura como la del captor, que va al encuentro de estas víctimas y sale a cazarlas de diferentes maneras, desde ir a una plaza y encontrar chiquilines que considera posibles víctimas” hasta “hacer las propuestas y generar los contactos”, expresó. La fiscalía señaló que Penadés “recogía a chicos menores de edad en la zona de 18 de Julio y de Parque Batlle, y hacían reuniones en Maldonado o en otros departamentos; algunos de estos chicos salían de lo que hoy es el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y no tenían a dónde ir”, ilustró.
“En lo que era el Iname o el INAU hoy ocurría lo que tristemente sigue pasando, que se escapan y salen. En esas ocasiones, cuando se encontraba en la calle, transitando con amigos, era interceptado por Penadés directamente”, acotó la abogada respecto de uno de los casos que representa.
Taroco y la trama de espionaje
La abogada también se refirió a la investigación parapolicial que tiene seis condenas, una de ellas contra el exdirector del Comcar Carlos Taroco -quien lideró la investigación sobre los vínculos entre Mastropierro y otros denunciantes para deslegitimarlos- y “la persecución que llevó adelante usando el aparato del Estado, no sólo desde lo tecnológico, sino también con recursos humanos, llegando a apretar gente dentro de la cárcel”.
“No es verdad que la trama se desarticuló totalmente”, opinó sobre el caso. En cuanto a la posibilidad de que continúe operativa hasta el día de hoy, dijo que “hubo contactos en la Corte Electoral, en la DGI y un sujeto utilizaba estas actividades desde el INAU, aunque no quedó comprobado si era con finalidad de trama o no, pero no podés usar la computadora del INAU, que además tiene información de niños y adolescentes”, acotó.
“Ahí por lo menos se detectó. Hay otras personas que aparecen nombradas y nada más, y no sé si esa persona en concreto [Taroco] siguió realizando actividades para proveer información, pero te muestra que no era sólo a nivel carcelario, sino que iba para diferentes aparatos del Estado: los chiquilines iban al Instituto Técnico Forense y esta gente se enteraba y los monitoreaba; surge de los celulares, pruebas que no dan lugar a dudas, pero no te dice cómo se enteraron ni quién era el contacto que tenían”.