El próximo viernes culminará la quinta y última ronda de los Encuentros por Seguridad, cuyos insumos podrán eventualmente incluirse en el Plan Nacional de Seguridad, que impulsa el Ministerio del Interior (MI). En ese marco, en uno de los encuentros de la última ronda se discutió en torno a mejorar los mecanismos para el destino de los bienes expropiados del narcotráfico.

En la cuarta ronda, y en lo que va de la quinta, se discutió sobre propuestas que han sido presentadas por diversos actores, en el marco de la discusión más amplia que se fue desarrollando en los primeros tres encuentros, en torno a siete ejes estratégicos que abordan diversas problemáticas, desde el narcotráfico hasta la violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes.

Una de las 60 propuestas elaboradas por distintas organizaciones, a la que accedió la diaria, fue de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilegal de Drogas, que depende del MI y que propuso, en concreto, la “recuperación urbana y territorial de bienes inmuebles expropiados al narcotráfico”.

La dirección planteó que las soluciones desarrolladas hasta el momento no han sido eficaces: en el caso de las fincas e inmuebles utilizados para el microtráfico, es decir, las bocas de drogas, se ha visto que, luego de tapiarse, “transcurrido un lapso de tiempo variable, vuelvan a ser utilizadas para esa actividad delictiva, aumentando sus medidas de seguridad y resguardo”.

En el caso de los bienes inmuebles (casas, apartamentos, terrenos, campos), el Poder Judicial dispone su decomiso y derivación a la Junta Nacional de Drogas. Sin embargo, desde la dirección se advierte que estas propiedades, al no ser intervenidas rápidamente, son utilizadas por otros integrantes de las organizaciones delictivas que hacen “usufructo temporal o completo de las instalaciones, que en su defecto se encuentran a disposición del Fondo de Bienes Decomisados”. En otros casos son abandonadas, “bajo riesgo de ser ocupados, y pierden abruptamente su valor en el mercado, no generando así ningún tipo de beneficio para la sociedad”; se puso el ejemplo de la casa Quincho Grande, que se le confiscó a Gerardo González Valencia, integrante del cártel mexicano Los Cunis, en Punta del Este.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilegal de Drogas propuso, entre otras medidas, “establecer protocolos para la reutilización social de los padrones expropiados al narcotráfico, mediante la utilización de dichos lugares para diferentes funcionalidades para la población en general y bajo estudio de cada circunstancia”. A modo de ejemplo, se señaló que en algunos casos las fincas deben ser demolidas por su estado de abandono y, en ese caso, se podría “construir plazas, espacios verdes, centros culturales, espacios deportivos”.

También se manejó que los inmuebles en buen estado podrían ser utilizados por “diferentes organizaciones sociales con participación público-privada para generar fuentes de trabajo, centros de rehabilitación de consumo, entre varias otras que puedan surgir”. Por último, se llamó a agilizar los procesos “de remates judiciales, tanto de bienes muebles (vehículos decomisados) como inmuebles, volcando porcentaje de las ganancias económicas a programas educativos, informativos y de rehabilitación”, así como “prestando eventual atención y medidas de contralor para que los bienes no regresen al círculo de la actividad criminal”.

Un diagnóstico compartido

En el encuentro del 14 de octubre, según consta en la relatoría del sitio del Plan Nacional de Seguridad, el Poder Judicial planteó que los procedimientos previstos en el artículo 52 bis de la Ley 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) “presentan demoras y falta de criterios comunes, generando litigios y deterioro de los bienes”.

Por el Poder Judicial participaron Juan Pablo Novella, Mercedes Reyes y Victoria Muraña, quienes propusieron “protocolos unificados y personal técnico especializado para la conservación y destino de los activos, así como una reglamentación clara sobre su administración temporal”. A modo de ejemplo, el Poder Judicial habló de un modelo utilizado en Colombia sobre “extinción de dominio como referencia comparada”.

La Constitución de Colombia de 1991, en su artículo 34, habilitó que, por sentencia judicial, se declare “extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”.

El Poder Judicial “destacó que el modelo permitió recuperar grandes patrimonios del narcotráfico, aunque enfrentó problemas de complejidad procesal y politización. Sugirió que Uruguay podría inspirarse en esa experiencia, adaptándola a sus garantías constitucionales y asegurando una administración transparente y profesionalizada de los bienes”.

Desde el Poder Judicial se señaló que existen “problemas prácticos” con el Fondo de Bienes Decomisados y mencionó, por ejemplo, que en el caso de “aviones, automóviles, caballos de carrera, hoteles y apartamentos” el “mantenimiento genera costos elevados y pérdida de valor”.

Daniel Zubillaga, asesor jurídico del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, apuntó que están finalizando un convenio para reutilizar bienes decomisados, como computadoras, en sus programas de formación y medidas socioeducativas, fortaleciendo la reinserción y el aprovechamiento institucional de esos activos”. En tanto, la representante de Inmujeres, Marta Piñeiro, planteó que en su momento se destinaron fondos provenientes de decomisos a la compra de “ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y vehículos para las Fuerzas Armadas y la Aduana”, pero advirtió que no existe “información pública sistematizada sobre esos destinos, por lo que es necesaria mayor transparencia”.