La exdirectora del departamento de Servicios Administrativos Alzer Arezo y el escribano adjunto Ignacio Wilf fueron condenados por la Justicia por abuso de funciones, a raíz de los malos tratos que impartieron a varios funcionarios del Poder Judicial.

El juez en lo penal de 31 turno, Emilio Baccelli, ratificó el acuerdo alcanzado entre los imputados y el fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, para ser condenados en un juicio abreviado, que implica que aceptan su responsabilidad en los hechos. Arezo fue condenada a una pena de 15 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, a cumplirse con seis meses de arresto domiciliario en diferentes modalidades.

Arezo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, de 20.00 a 6.00. Durante los primeros tres meses también deberá cumplir arresto total los fines de semana y los segundos seis meses el arresto domiciliario nocturno será sólo de lunes a viernes. Además, deberá presentarse una vez por semana en la seccional policial de su barrio y realizar dos horas semanales de tareas comunitarias por diez meses. También deberá pagar una multa de 15 Unidades Reajustables, unos 26.000 pesos.

Por su parte, el escribano Wilf deberá cumplir nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con un mes de arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total los fines de semana, hacer tareas comunitarias una vez por semana y dos horas semanales de tareas comunitarias durante ocho meses. Además, debió pagar una multa de diez unidades reajustables, unos 17.500 pesos. Ambos fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos por dos años.

En diálogo con la diaria, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, valoró la sentencia de condena y dijo que es “la primera vez que se condena a funcionarios de jerarquía en el Poder Judicial por casos de acoso”. Además, destacó el rol de la investigación administrativa que permitió demostrar cuál era la situación por la que estaban pasando los funcionarios.

Elizalde dijo que quedó pendiente avanzar en las responsabilidades institucionales porque los condenados “estaban sujetos a jerarquía” y recordó que su superior directo, el director general de Servicios Administrativos Marcelo Pesce, no fue alcanzado por la investigación administrativa porque renunció antes, luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia le quitaran la confianza al conocer los pormenores de la investigación administrativa.

Esa investigación, que fue base para la investigación penal, fue iniciada en noviembre de 2023 por la Asociación de Funcionarios Judiciales con la firma de más de 20 trabajadores y extrabajadores del departamento y luego del suicidio de José Luis Richino, uno de los funcionarios que fueron víctimas de acoso laboral en ese departamento, que es parte de la cúpula de la estructura organizacional del Poder Judicial.

En ese proceso se confirmó la violencia psicológica denunciada por los funcionarios, que implicó insultos, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia y revisión del trabajo en las computadoras de los funcionarios, obligación a pedir permiso para ir al baño o levantarse del escritorio y obstaculización de los tiempos para comer.

La instructora contó con el testimonio de más de 50 funcionarios, la pericia de pendrives y discos externos de la oficina y el registro de las 16 cámaras de seguridad de la oficina, las mismas que la directora Arezo utilizaba para monitorear remotamente a sus empleados cuando no estaba en la oficina.

“Nos pedían no hablar con nadie, no saludar, nos llamaron la atención cuando saludábamos y dejamos de hacerlo. Cuando dos funcionarios se llevaban bien, los separaban [...] Muchas veces volvía del baño y escuchaba a mis compañeros decirle que ya había llegado porque había preguntado por mí [...] Era muy difícil poder dejar el puesto de trabajo, si se solicitaba ir al baño había que dejar a alguien, en algunos casos había que avisarle a Arezo para ir al baño, no se podía pedir a un compañero que se quedara cinco minutos cubriendo, mientras ibas al baño o a comer”, figura entre los testimonios de las víctimas en la carpeta de investigación.

“Los domingos llegaba la tarde, me hacía un bollito en el sillón y me daban ataques de ansiedad que no me podía mover, y todo era de pensar que el lunes tenía que volver a trabajar”, contó otra de las víctimas.