La semana que transcurrió fue atípica y estuvo marcada por una serie de denuncias de amenazas de bomba en distintos espacios abiertos al público. Este viernes, el juez penal de 41° turno, Huberto Álvarez, condenó a un hombre e imputó a una mujer por ser los responsables de algunas de esas llamadas.
El hombre, de 32 años, fue autor de amenazas de bomba en Casa de Galicia, Círculo Católico y Montevideo Shopping. Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) informaron que en las llamadas que hizo al 911 cambiaba la voz para hacerse pasar por una mujer. Se trata de un guardia de seguridad que trabajaba en Montevideo Shopping y que fue entrevistado por Telemundo durante las evacuaciones que se realizaron al centro comercial este lunes. “Estaba dentro del local, soy guardia. Evacuamos. [La gente] estuvo bastante tranquila”, declaró.
Según informó Fiscalía, no tiene antecedentes y aceptó un acuerdo abreviado por el que fue condenado a seis meses de libertad a prueba por reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito. Durante ese plazo, el fiscal dispuso que deberá hacer trabajo comunitario, presentarse una vez a la semana en la comisaría y fijar domicilio.
En cambio, la mujer, de 28 años, no aceptó un proceso abreviado y se formalizó el proceso para ir a juicio por un delito de violencia privada en concurso formal con un delito de simulación de delito. La mujer, que trabaja en el Punta Carretas Shopping, argumentó que le había llegado un rumor de que había una bomba y por eso hizo la llamada. Se dispuso prisión domiciliaria de 45 días con uso de tobillera.
Asimismo, a última hora de este viernes una tercera persona relacionada a las amenazas de bombas en espacios abiertos al público fue detenida por la Policía. Se trata de un hombre de 20 años.
Al momento, no se ha logrado identificar a la o las personas relacionadas con la amenaza de masacre enviada por correo electrónico a la Universidad de la República (Udelar). Una persona bajo un remitente denominado “Marcos Berber” dijo que iba a concurrir armado a una facultad para “cometer una masacre”, que iba a transmitir por TikTok.
Según supo la diaria, las autoridades policiales manejan que el correo electrónico fue enviado desde Europa y se estima que en las próximas horas se podría acceder al IP para tener la ubicación exacta. En este caso también está trabajando la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Por otra parte, otro hombre fue detenido por los hackeos a diversos sitios web tuvieron lugar en la última semana, entre ellos, el de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, la empresa Buquebus y el Ministerio de Desarrollo Social. Este viernes de tarde la Fiscalía llevó a cabo la audiencia de formalización contra esa persona.
Carlos Negro: “A la Policía hay que dejarla trabajar”
El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó este viernes una conferencia de prensa en la que destacó el accionar de la Policía. Según dijo, entre que sucedió la primera llamada, el sábado a las 21.30, y la investigación, captura y puesta a disposición de la Justicia del responsable tan sólo pasaron 48 horas. “La conclusión que es ineludible es que a la Policía Nacional hay que dejarla trabajar”, apuntó Negro.
También precisó que las llamadas o correos electrónicos con amenazas son delitos y todas las figuras delictivas que se pueden aplicar conllevan penas de prisión. Negro destacó que, si bien ello le compete a la Justicia, en lo que respecta al MI señaló que todas “estas conductas merecen una pena de multa”. El artículo 103 de la ley de urgente consideración determina que aquel que haga “llamadas maliciosas, falsas, jocosas o irregulares al Servicio de Emergencia 911” será sancionado con una multa que podrá ir desde las 10 unidades reajustables (unos 18.000 pesos) hasta las 100 unidades reajustables (180.000 pesos).
La sanción es de aplicación administrativa y, por lo tanto, anunció que notificarán a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones para que se cobre por los hechos a los responsables.
Negro destacó que este viernes se dieron nuevas amenazas y que la investigación de la Policía recién inicia. “Estos son los primeros resultados y no vamos a claudicar en la investigación de ninguno de los hechos”, afirmó.
Las autoridades informaron que en el caso trabajaron tres unidades del MI en conjunto: el Departamento de Análisis Web, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Unidad de Cibercrimen.
A su turno, Ana Sosa, directora de Inteligencia Policial, informó que desde el sábado pasado han recibido aproximadamente 20 llamadas y cinco correos electrónicos con amenazas de bomba. Las llamadas fueron ingresadas al 911 y los correos involucraron a más de 12 instituciones públicas y privadas.
Sosa contó que el miércoles, cuando las autoridades del MI dieron la conferencia de prensa, la investigación policial venía muy avanzada, pero no pueden brindar información antes de tiempo porque “perjudica muchísimo” a los policías que están “trabajando desde el sábado incansablemente para lograr estos resultados”. También dijo que no se ha encontrado una relación entre la amenaza de masacre de la Udelar y la investigación por amenazas por explosivos.
Otra amenaza en Medicina
Además de las amenazas que se registraron en shoppings, centros de salud y educativos durante la semana, en el correr de la tarde de este viernes hubo una nueva amenaza de bomba en la Facultad de Medicina de la Udelar y el edificio fue desalojado por Bomberos, que realizó el protocolo de evacuación ante hechos de este tipo. El decano, Arturo Briva, dijo que han puesto a disposición de la Justicia y de Fiscalía las llamadas que han recibido en los últimos días.
“Evidentemente, es una actividad que pretende desgastar tanto al MI como a Bomberos y a la Universidad”, señaló Briva, en diálogo con Subrayado, y apuntó que “es cada vez más firme la voluntad de todos nuestros servicios de seguir adelante al mismo tiempo que aseguramos la calidad del estudio y la seguridad tanto de docentes como de funcionarios.