En entrevista con la diaria Radio, Leonardo Costa, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, aseguró que sus representados “transmitieron una gran satisfacción” por la formalización del proceso contra los socios del fondo de inversión Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del socio fundador fallecido Gustavo Basso, en el marco de la investigación por una presunta estafa a 4.300 inversores.

Carrasco fue imputado días atrás por un delito de estafa y lavado de activos disponiendo 180 días de prisión preventiva, mientras que Iewdiukow y Cabral fueron imputadas sólo por un delito continuado de estafa en calidad de autoras, con prisión domiciliaria como medida cautelar. La fiscalía especializada en Lavado de Activos no descarta una ampliación de la formalización, en la medida en que se sumen nuevos elementos a la causa.

Al respecto, Costa expresó que la sensación es que “se empieza a hacer justicia”, aún más cuando existía el “temor” de que las imputaciones fueran sólo por estafa y no “más allá de eso”. “Nosotros habíamos insistido de que acá había un claro caso de lavado de activos, y en la investigación que hizo la fiscalía, junto con los informes que llegaron de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo], se dio cuenta de que el lavado era mucho más profundo, en el sentido de que se estaban comprando bienes, muebles e inmuebles a nombre de diversas personas de las dos familias”, sostuvo Costa, quien fue prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle.

Costa destacó que el informe de la Senacaft, el cual sugiere un “posible vaciamiento de la empresa” al priorizarse la distribución constante de utilidades, dio cuenta de que lo que en un principio eran versiones de los damnificados sobre la existencia de distintos bienes en Uruguay y en el exterior era, en efecto, real. “Eso dio a los damnificados la fortaleza de decir, bueno, ‘lo que decíamos era verdad’”, acotó el abogado.

“Es un informe que, con las limitaciones que hay de recursos, va al hueso, y estoy seguro de que esa cuenta es de mucho más”, afirmó.

El representante de los damnificados señaló que la causa “recién inicia” y apuntó que “puede llegar a tener muchísima gente”. “Va a haber más personas que terminen en diferentes modalidades de tipificación delictiva también imputadas”, aseguró. Dijo que probablemente aún falte citar a muchas personas y que también hay otras que fueron citadas por Interpol como testigos, pero que, según su grado de participación, eventualmente podrían “venir también como imputados”.

Sin emitir algún juicio de valor, Costa mencionó a los “profesionales que actuaron en casi todas las compraventas”, así como a las “personas que hicieron posible, en alguna modalidad de participación, que esto ocurriera”, como uno de los elementos que se ha solicitado a la fiscalía que “investigue a fondo”, más allá de las formalizaciones de “los líderes de la organización”.

“Este nivel de estafa y de delito de lavado no ocurre solamente porque tres personas dicen ‘voy a hacer esto’”, aseveró el abogado. Señaló que, “si hay gente que participa a sabiendas en todo este mecanismo, por supuesto que también puede tener un delito de lavado de activos, por la modalidad de asistencia, eventualmente”.

Consultado sobre si esta primera etapa de la formalización no debería haberse ampliado a más personas o a otros delitos, como asociación para delinquir, Costa respondió que “el fiscal siempre fue muy transparente con los abogados de las víctimas” y les transmitió que necesitaba “empezar por algo para ir in crescendo”. “Lo que nos dijo el fiscal es: ‘dejame trabajar a mi tiempo, yo lo voy a hacer y voy a ir por más’”, señaló Costa, quien acotó que la prioridad de la causa “es la investigación patrimonial, más allá de que la gente no va a recuperar todo el dinero”.

La distribución del dinero de Conexión Ganadera podrá iniciarse cuando se establezca quiénes son los acreedores y cuál es el activo a repartir. El proceso concursal tiene la tarea de analizar los documentos entregados por los damnificados para validar su condición de acreedores. Si bien el concurso aseguraría a los acreedores un reparto equitativo, Costa explicó que, en caso de presentarse la Dirección General Impositiva, existiría un “crédito privilegiado” a favor de la administración tributaria, que “eventualmente puede ser importante y es dinero que no va a las víctimas”.