Representantes del Síndicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) comparecieron el jueves ante la Comisión bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario para hablar sobre las condiciones de trabajo en cárceles. También recibieron a una delegación del Sindicato Nacional de Policía (Sipolna).
Tras la comparecencia, el presidente del SUPU, Ricardo González, comentó a la diaria que expresaron a los legisladores la preocupación por la carencia de personal en cárceles en todo el país, tanto de funcionarios policiales como de operadores y las malas condiciones en las que se prestan los servicios, y puso como ejemplo el Comcar donde hay cuatro o cinco policías para controlar módulos donde están encerrados unas 800 personas privadas de libertad.
“A eso hay que sumarle las carencias de apoyo logístico, herramientas y el estrés que se vive”, señaló y agregó que el sindicato presentó proyectos para que se declare la insalubridad del trabajo.
En el planteo realizado por el SUPU los policías advirtieron sobre la inadecuada atención médica, escasez de protocolos y recursos para atender emergencias sanitarias y de seguridad, además de no contar con asistencia médica en ningún centro carcelario. Otro punto señalado por el sindicato fue el impacto psicosocial que implica el trabajo y detallaron que de 3.000 policías asignados a cárceles, 800 se encuentran certificados.
Por otra parte, mencionaron que las instalaciones destinadas a la custodia en los establecimientos carcelarios no cuentan con servicios básicos como agua caliente o insumos de higiene.
También señalaron que no cuentan con los uniformes adecuados ni el equipamiento para responder ante una situación de emergencia, tanto desde el punto de vista sanitario como para la protección individual, en casos en los que deben intervenir en situaciones de violencia, señalando que la falta de protocolos adecuados aumentan el riesgo de la integridad del personal, no contando, en muchos casos, con un botiquín de primeros auxilios.
Otro punto mencionado por el SUPU fueron los riesgos sanitarios. Resaltaron que la mala gestión de los residuos en los establecimientos genera ambientes propicios para contraer enfermedades, tanto para las personas privadas de libertad como para los operadores que están en contacto directo con ellos, y agregaron que la ausencia de mantenimiento regular de las instalaciones contribuye a crear entornos propensos a infecciones y brotes epidémicos.
Entre las propuestas realizadas por el sindicato, se plantea la necesidad de generar programas de apoyo psicológico continuo, con asesoría profesional para atender a los trabajadores, contar con espacios de contención y capacitaciones sobre el manejo de estrés y un seguimiento sistemático de salud mental y el bienestar psicológico de los operadores penitenciarios.
Los integrantes del SUPU remarcaron que es necesario invertir en infraestructura para garantizar instalaciones higiénicas y adecuadas para la custodia y la rehabilitación, así como generar protocolos de respuesta inmediata ante emergencias médicas en cada centro penitenciario. Además, proponen la creación de una comisión de trabajo integrada por los trabajadores y el Ministerio de Trabajo que permita una supervisión periódica de la salud laboral en cárceles.