Como tantos otros sectores del Estado, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) plantea por estos días sus reclamos presupuestales al gobierno, de cara al proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que deberá enviarse al Parlamento, como plazo máximo, el 31 de agosto. Sobre esto y otros pedidos que atañen a su labor y su posicionamiento sobre algunas propuestas del Ejecutivo, como la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, habló en entrevista con la diaria Radio.

“Lo que estamos reclamando básicamente es que al Poder Judicial en su conjunto se le duplique el presupuesto”, señaló Elizalde. El dirigente afirmó que “no puede pasar más lo que pasó en el último período de gobierno”, en el que, durante el último año de gestión, se alcanzó “la asignación más baja de toda la historia del Poder Judicial”, el 1,03% del presupuesto nacional.

“Para comparar, el Parlamento tiene más o menos la misma asignación presupuestal que el Poder Judicial. El Parlamento tiene 500 funcionarios y dos sedes. Nosotros tenemos 500 sedes y casi 4.700 y pocos funcionarios”, ejemplificó Elizalde. Sobre los lineamientos salariales para el sector público presentados por el gobierno, que no han conformado a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), cuestionó que no aseguran un “mantenimiento del salario”: “Plantea que en los cinco años se pueda mantener el poder de compra de ahora, pero no plantea, por ejemplo, las pérdidas salariales que se puede llegar a tener por un cambio de criterio en cómo se calcula el IPC [índice de precios del consumo] interanual”, señaló.

Por otro lado, Elizalde afirmó que las condiciones de trabajo en el Poder Judicial “no están siendo las más adecuadas”. De hecho, desde hace mucho tiempo, sostuvo, AFJU reclama la creación de una oficina de salud laboral, sin obtener “una respuesta por parte del organismo”. El dirigente recordó el suicidio, en 2023, de un funcionario de la Dirección General que había sufrido violencia y acoso laboral, un caso que derivó en una denuncia por parte de más víctimas, una investigación administrativa, la renuncia del director general de Servicios Administrativos Marcelo Pesce y la destitución –por parte de la Suprema Corte de Justicia– de la directora del Departamento de Servicios Administrativos, Alzer Arezo, así como del escribano adjunto Ignacio Wilf. Sin embargo, para Elizalde, el cambio sobre “cómo nosotros organizamos el trabajo” aún “no ha estado arriba de la mesa”.

En el sector público, al no alcanzarse un acuerdo entre COFE y el gobierno, los lineamientos salariales se negociarán por separado según las distintas ramas de actividad. Elizalde aclaró que AFJU no está afiliada a COFE, pero sí forma parte del Consejo Superior de Salarios de los Públicos “como una cuestión específica del Estado”.

La negociación por sector, afirmó, “es todo un desafío” para AFJU, “porque hace muchísimos años que no se negocia por rama de actividad”. Dirigentes del sector público –como Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT– advierten que este tipo de negociación podría generar un escenario en el que algunos sectores con mayor presupuesto logren mejores pautas salariales, mientras que en otros se profundice la situación de salarios sumergidos. Elizalde coincidió en que es un riesgo para el sector judicial, que además tiene “pocos funcionarios en comparación, por ejemplo, con la educación”.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de mejor calidad de la discusión: “Si bien somos menos, también tenemos ciertas responsabilidades asignadas por la Constitución que impactan socialmente. Entonces ahí tiene que estar nuestro foco sobre la discusión. No tanto en que si somos muchos o pocos, sino en qué rol cumplimos”, consideró.

“Tenemos mucho que decir sobre la seguridad pública”

A fines de julio, el Ministerio del Interior (MI) lanzó los denominados Encuentros por Seguridad, la segunda fase del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, centrada en el diálogo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, así como con los partidos políticos.

AFJU no estuvo dentro de las organizaciones convocadas, afirmó Elizalde, y señaló: “Estamos esperando que haya una convocatoria porque creo que tenemos mucho que decir en esto que se está hablando o discutiendo sobre la seguridad pública, por experiencia, por el rol que se cumple, dónde se trabaja”.

El dirigente consideró que “no es menor” la no convocatoria al Poder Judicial: “Es muy llamativo que cuando hablamos de seguridad pública en los ámbitos del Parlamento, en los ámbitos políticos, es como que al Poder Judicial –ya no a nuestra asociación– había una costumbre de no convocarlo”. En ese sentido, señaló que termina siendo “una discusión entre técnicos, entre políticos, entre policías”, pero sin la participación del “actor fundamental”: el juez, que es quien “realmente termina decidiendo cuál es la cuestión penal, quien termina resolviendo si está dentro del marco o no está dentro del marco, según el marco jurídico”.

A propósito de lo que tiene para aportar AFJU, la asociación está en proceso de elaboración de un documento para presentar al MI con su mirada sobre diferentes situaciones vinculadas a la seguridad. En este documento señalan que la tasa de homicidios se duplicó entre 1990 y 2024 y se ha mantenido en niveles elevados desde 2018. Elizalde explicó que esas cifras impactan en la función judicial, principalmente de las morgues. “Nosotros tenemos mucha experiencia porque, en definitiva, los homicidios terminan en las morgues, analizándose donde está la pericia específicamente. Y bueno, eso impacta fuertemente”, señaló, y acotó que, además de Montevideo, Rivera es “uno de los lugares donde mayor trabajo hay con relación a las morgues”.

Por otro lado, sostuvo que, si bien las situaciones de carácter penal son las que generan mayor impacto, en los hechos representan “sólo el 10% de la generación de expedientes”, dentro de un universo de aproximadamente 200.000 expedientes anuales. En cambio, “donde están fuertemente impactados los expedientes, o las problemáticas, es en [los juzgados] de Familia y Familia Especializados”. “Esas dos materias se llevan más de la mitad de la generación de los expedientes. Eso también tiene que estar arriba de la mesa en la discusión sobre sistemas de justicia y dónde se quiere impactar con el presupuesto que se quiera asignar”, afirmó.

En cuanto a la presencia del crimen organizado en Uruguay y las presiones sobre el Poder Judicial, Elizalde consideró que para blindar esas situaciones hay “que darles las garantías a los jueces para que puedan fallar, que creo que actualmente las hay, pero tiene debilidades que tienen que ser muy atendidas, porque si no, sí hay riesgo de que las presiones que se ejerzan sobre los magistrados y sobre los operadores del sistema de justicia sean grandes”.

Ministerio de Justicia: “El mismo actor político va a tener la misma perspectiva para el que acusa, para el que defiende y para el que tiene preso”

Sobre el compromiso del gobierno de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Elizalde manifestó que su gremio está “en contra” de la iniciativa. En cuanto a las razones, sostuvo que “tiene que discutirse una política general” sobre la materia y que “está mal puesta la discusión sobre si ministerio sí o ministerio no”. Además, cuestionó que quien lo pone arriba de la mesa sea el sistema político.

Recordó que Uruguay tuvo Ministerio de Justicia únicamente durante períodos dictatoriales: primero en la dictadura de Lorenzo Latorre y luego en la dictadura cívico-militar. Consideró: “No es un dato menor, porque es incluso cultural: todo el desarrollo democrático del país, la construcción del país, se dio en un ámbito sin Ministerio de Justicia, con una real separación de poderes”.

Si bien no se plantea que el ministerio tenga funciones jurisdiccionales, Elizalde advirtió que se debe cuidar “dónde están puestas las garantías”, porque el diseño institucional de la cartera implica si se limitará o no al Poder Judicial, “o si vos en el fondo no estás socavando la garantía del ciudadano”.

“Está bien, el Poder Ejecutivo está planteando que tenga sus autonomías, pero todo depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, bajo la égida del mismo ministro político, va a tener la política hacia las cárceles, hacia la fiscalía y hacia la defensa. Quiere decir que el mismo actor político va a tener la misma perspectiva para el que acusa, para el que defiende y para el que tiene preso”, sostuvo el dirigente.