La jueza de Fray Bentos de tercer turno, Selva Siri, condenó al militar retirado Dardo Ivo Morales a ocho años de cárcel por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, en el marco de la causa que investigó las torturas contra cuatro víctimas que estuvieron detenidas en el Batallón de Infantería 9, en Fray Bentos.

La sentencia, dada a conocer por la periodista Demir Pereyra y a la que accedió la diaria, fue el 22 de diciembre de 2025, el mismo día en que Morales fue condenado junto a ocho militares retirados por las torturas cometidas en San Javier, entre 1980 y 1984, tras haber sido denunciado por 11 habitantes de la localidad.

En la acusación, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, puntualizó que en 1980 fueron detenidas personas que posteriormente no pasaron por la justicia militar, como Susana Zanoniani, quien presentó originalmente la denuncia en diciembre de 2012. Perciballe destacó que “si bien las víctimas fueron más de 20 sanjavierinos, sólo prestaron declaración cuatro”, entre ellos, Zanoniani, que era maestra y tenía 35 años cuando fue detenida.

“Fue privada de libertad durante 11 días, encapuchada y sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. Puesta de plantón por largos períodos, objeto de algunos golpes, privada de alimentos y con escasas posibilidades de aseo. Pese a la detención, no fue procesada por la justicia militar y recuperó su libertad el 11 de mayo de 1980”, se señaló en la acusación.

También fueron detenidos Víctor Miguel Schevzov Bichcov y Ricardo Bozinsky Schevzov, que en ese entonces tenían 19 años, y Víctor Eduardo Macarov, que tenía 18 años y se encontraba en el liceo al momento de su detención. Todos ellos fueron torturados, procesados por la justicia militar y trasladados al Penal de Libertad, donde estuvieron presos por cuatro años.

En la condena, la jueza precisó que Morales participó y ordenó los interrogatorios a los detenidos. “En el marco de esos interrogatorios, los detenidos fueron encapuchados y sometidos a plantones, golpizas y picana eléctrica, prohibición de alimentos, de sueño e higiene, con limitaciones para ir al baño, durante el período de interrogatorios. Las víctimas permanecieron aisladas del mundo interior y exterior, incomunicadas antes del auto de procesamiento. Junto a otros militares, estos tormentos fueron infligidos u ordenados por Dardo Morales”, señaló.

También se señaló que no se responsabiliza a Morales por la “mera portación de cargo”, como adujo su defensa, a cargo de Rosanna Gavazzo y Graciela Figueredo, “sino por prueba suficiente sobre la existencia de hechos configurativos de distintos delitos y de su participación en ellos”. Para la jueza, “aludir a un formalismo sobre qué tareas pertenecían a su rango es ignorar a cuatro víctimas que lo identificaron realizando actividades concretas, interrogando, dando órdenes, ejecutando, vigilando a los detenidos”.

Una condena con perspectiva de género

La jueza señaló que la situación de Zanoniani merecía un “análisis aparte” desde “una mirada con perspectiva de género” por sus “múltiples vulnerabilidades por su condición de mujer, madre, privada de libertad”. La jueza señaló que Zanoniani estaba menstruando durante los días de detención y no le permitieron cambiarse de ropa; fue amenazada con no ver más a sus hijos, sufrió violencia sexual y, posteriormente, la destituyeron como maestra.

La jueza señaló que, en suma, “Zanoniani sufrió distintas formas de violencia del sistema represivo por su condición de mujer”. “Fue víctima de agresiones verbales, bromas, burlas, insultos”, puntualizó Siri, quien agregó que además la humillaron al no dejarla cambiarse y la expusieron “frente a quienes habían sido sus alumnos en la escuela del pueblo donde enseñó y frente a otros hombres”.

“El trato fue humillante, cruel, inhumano y degradante”, advirtió la jueza y agregó que “la desnudez a la que la expusieron para la revisación médica es un elemento de violencia sexual”. La jueza contó que en la exEscuela de Mecánica Armada de Argentina hay una foto que tiene un escrito de Andrea Bello, una sobreviviente, que dice: “‘La verdad es que en estos años he pensado que ser mujer en La ESMA era un plus agregado a nuestra calidad de secuestradas. Los abusos ya los relaté, innecesario volver a contarlos, pero también lo que significaba tener que bañarse, desnudarse frente a los guardias, para todas las compañeras’”.

Siri planteó que los “pensamientos de aquella mujer detenida no son distintos a los de Susana Zanoniani” y “reflejan la particular situación de desigualdad de las víctimas mujeres. El distinto significado que tenían algunos hechos o conductas por ser mujeres, que agravaban aún más la cruel situación que atravesaba”.

La jueza mencionó que las normas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) “obligan a los órganos judiciales a evitar todo tipo de discriminación contra la mujer, a garantizar su igualdad efectiva, con trato igualitario durante todo el proceso, sin sesgos intimidatorios, y a juzgar con perspectiva de género”.

En ese marco, señaló que “los actos cometidos por Dardo Morales y los demás militares le infligieron daños y sufrimientos físicos, mentales, sexuales por exposición forzada a la desnudez, con amenazas de cometer actos contra ella, contra sus hijos o su marido durante su privación de libertad”. También “afectaron su integridad y libertad personales” y ocasionaron “daños particularmente graves para una mujer a quien se le pretendió destruir la dignidad”.

“Estaba sujeta al completo control de los militares ante su manifestación de relación de poder, de desequilibrio, absolutamente indefensa, discriminada, dominada, controlada. Susana recuerda y relata esos hechos con enojo, con ira, con indignación. Los vuelve a sufrir con cada declaración, los revive. Fue humillada física y emocionalmente, perdió su trabajo como consecuencia de violencia institucional. Se desintegró su familia por la afectación de la salud mental de su esposo a raíz de su privación de libertad. Debió criar a sus hijos sola, realizando tareas para sobrevivir que nada tenían que ver con su profesión. Su daño persiste y pide justicia”, concluyó la jueza Siri.