Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, fue trasladada de la cárcel Viñas Cué a un pabellón de máxima seguridad en Martín Mendoza, otro centro penitenciario de Paraguay, la semana pasada. El abogado Santiago Moratorio, que defiende a García Troche, presentará en los próximos días una denuncia por vulneración de los derechos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y un “amparo consular” ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el escrito, al que accedió la diaria, se cuestionó el accionar de la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien dispuso el traslado, y se denunció que no ha actuado con “debida imparcialidad y perspectiva de derechos humanos”. Según sostuvo Moratorio, se determinó el traslado a un “régimen de máxima seguridad diseñado para perfiles de alta peligrosidad, sin considerar su estado de salud ni la falta de antecedentes de mala conducta procesal”.

“A pesar de los informes sobre el crítico estado de salud mental y física de la Sra. García Troche, la jueza Montanía ha priorizado medidas de rigor penitenciario extremo sobre el derecho a la vida y la integridad personal”, apuntó la defensa.

En la denuncia se señala que el traslado a la unidad de máxima seguridad “ha agravado su situación de forma exponencial, se encuentra aislada en una celda individual con solo dos horas de patio, sin contacto con otras internas, lo que constituye un régimen de aislamiento prolongado prohibido por las Reglas de Nelson Mandela”.

Por otra parte, se señaló que en la cárcel en la que está es “vigilada por personal que utiliza pasamontañas, eliminando cualquier posibilidad de identificar responsables ante eventuales abusos”. Además, se denunció “vigilancia ilegítima” durante el traslado y que se instruyó a la Policía a que filmara “todos los procedimientos médicos y la administración de fármacos a mi defendida”.

Por ese motivo, la defensa de García Troche solicita a la INDDHH que coordine una “visita de constatación para verificar las condiciones de reclusión en Emboscada”, así como que el Estado uruguayo “exija a la jueza Rosarito Montanía y a la Dirección de Institutos Penales de Paraguay un informe detallado sobre los fundamentos del régimen de máxima seguridad aplicado”. Asimismo, solicitó “el cese inmediato del aislamiento y de cualquier forma de vigilancia que atente contra su pudor e intimidad médica”.