En la noche del 14 de marzo, dos funcionarias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) fueron tomadas como rehenes por dos jóvenes privados de libertad, en el marco de un motín, en un centro del organismo ubicado en Bulevar Artigas y Cufré. Según dijo en ese momento el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, uno de los dos involucrados estuvo preso en el ex Comcar, y, “como no se terminó de confirmar su participación en el delito como mayor y tenía un saldo pendiente, viene para el Inisa”.

Para el jerarca, es necesario revisar estos casos: “Tenemos que buscar una mejor formulación para el país, no para el Inisa. Un chiquilín que sale del Comcar no puede terminar de ninguna manera en el Inisa por un saldo pendiente, es mi modesta opinión”, manifestó.

A raíz de esto hubo dos hechos, uno a nivel parlamentario y otro a nivel del Poder Ejecutivo. En primer lugar, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala presentó un proyecto de ley para modificar los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para que cuando un joven ingrese al sistema penal adulto por disposición judicial no vuelva posteriormente al Inisa para cumplir su “saldo pendiente” allí, sino que lo haga en establecimientos para adultos.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió el pasado viernes con las autoridades del Inisa e integrantes de la Presidencia de la República para crear una comisión con el objetivo de analizar un cambio en la normativa que evite que mayores de 18 años con estas características estén en centros para adolescentes. “El objetivo es evitar que las personas mayores de edad que están cumpliendo penas, condenas o preventivas en centros de reclusión para adultos, cárceles, vuelvan al Inisa o pasen a Inisa, porque dificulta mucho lo que son las medidas educativas que tienen los adolescentes en los centros de Inisa”, explicó Negro.

Actualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia dispone en sus artículos 91 y 92 que, “en ningún caso el adolescente que al llegar a los 18 años permanezca sujeto a medidas cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos”.

En diálogo con la diaria, Abdala dijo que existe “un vacío” en la legislación que es necesario corregir. “Evidentemente, ahí hay un tema de perfiles que, cuando se provoca una situación de coincidencia con otros adolescentes que están en un contexto bien diferente, distorsiona la dinámica de cualquier centro y, por lo tanto, desemboca en situaciones inapropiadas como esta”, apuntó.

Este tema está en la órbita del sistema político “hace mucho tiempo”, según Abdala. El legislador nacionalista recordó que en el gobierno de Luis Lacalle Pou se introdujo una “excepción muy genérica” en el artículo 92, que dispone que “en ningún caso podrán cumplirse [las penas] en establecimientos destinados a los adultos, salvo cuando por cualquier motivo haya permanecido en un establecimiento destinado a los adultos para el cumplimiento de otra medida de privación de libertad”.

De todas formas, Abdala señaló que la decisión “queda como facultativa del juez o del Poder Judicial”. “Fue lo que pasó en este caso, porque intervino un juez penal por el delito que se cometió recientemente ya cuando este joven era mayor de 18, y también el juez de adolescentes por la medida socioeducativa que estaba pendiente; y terminó prevaleciendo la tesis o la interpretación del juez de adolescentes”, apuntó, en referencia al motín.

Por eso, la propuesta es que, “cuando se comete un nuevo delito en condición de mayor de edad por parte de quien tiene pendiente una medida socioeducativa, no se producirá el reingreso de esa persona a un centro del Inisa, sino que, en tal caso, la medida socioeducativa que está pendiente debe completarse en el centro de adultos”. “El juez tiene que notificar esa circunstancia al juez penal y allí el Poder Judicial tiene que articular o coordinar esa circunstancia y el juez de adolescentes puede acompañar el cumplimiento de la medida socioeducativa que se va a concretar en un centro de adultos”, agregó.

Consultado sobre si tuvo algún contacto con el ministro del Interior por el proyecto, Abdala dijo que Negro ya recibió el proyecto. Asimismo, este jueves, Abdala se reunió con el directorio de Inisa para presentarles el proyecto que elaboró a raíz de la situación. El diputado del PN valoró de forma positiva la reunión y dijo que se fue “muy satisfecho”. A su vez, indicó que el presidente del Inisa le transmitió que “se iba a encargar de presentar el proyecto para que lo consideraran”.

“Veremos el gobierno o los juristas que asesoran al gobierno qué idea tienen; yo creo que esto resuelve la situación, pero todo es mejorable, opinable, se puede llegar a complementar”, concluyó.

El planteo del gobierno apunta a analizar la peligrosidad y no la edad, según diputada del FA

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA) Inés Cortés, que integra la comisión especial de seguimiento de las garantías del ejercicio de derechos de las infancias y las adolescencias, resaltó en diálogo con la diaria que el equipo creado en el Poder Ejecutivo busca hacer modificaciones, aunque “probablemente no desde el proyecto de Abdala”.

“El enfoque no es tanto una tábula rasa como propone Abdala, sino más bien viendo un poco, en base a qué tipo de delitos se cometieron, el nivel de peligrosidad”, señaló la diputada del FA. “Hay casos de gurises que entran siendo menores y terminan cumpliendo la pena mayores y no generan grandes problemas. Y también hay gurises que son superchicos y que están por homicidios y demás, y es complicado”, remarcó. En ese sentido, subrayó que la línea de trabajo es “analizar más en base a los casos particulares”, y no tanto por la edad.

De todas formas, Cortés rechazó “el discurso fácil” de que “aprobando un proyecto en el que se evite que los jóvenes que tienen una deuda con el Inisa después de pasar por el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] vayan al Inisa” se van a “solucionar estos problemas”.

Según la diputada frenteamplista, este cambio en la normativa “tiene que estar acompañado de otras medidas”, así como por “una revisión del INR como institución”. “Es algo que tiene que hacerse, porque en las condiciones actuales es inviable pensar que ahí se van a poder dar procesos de reinserción”, advirtió.