La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comparecieron a la Comisión de Población y Desarrollo el martes para dar explicaciones sobre su accionar en el caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas, y en el que se reportaron varias irregularidades en el proceso.
Lucía Salvia, directora de Jurídica, fue la encargada de dar información sobre la investigación administrativa que se realizó luego de su fallecimiento. Las novedades que tuvo el Ministerio Público fueron cinco y las primeras dos denuncias fueron en junio de 2023 y en abril de 2024, y las realizó la madre de Jonathan contra el padre.
Sin embargo, en ambos casos la Policía no puso en conocimiento a la Fiscalía y solamente se tramitó el caso por el Juzgado de Familia. En la comparecencia, la fiscalía puntualizó que en abril de 2024, la madre dijo: “A mi hijo también lo golpea. Me golpea a mí y golpea a mi hijo”, y autorizó a que le sacaran fotos a ambos. “Sin embargo, pese a esas circunstancias, de ninguna de las dos, repito, se dio conocimiento a la Fiscalía”, apuntó Salvia, quien contó que el juez dispuso medidas cautelares que, una vez cumplidas, se archivaron.
La tercera denuncia fue presentada por la UTU el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, en esa denuncia también hubo errores de procedimiento por parte de la Policía, debido a la titulación de la denuncia. Según narró la directora de Jurídica, la Policía anotó en la carátula “averiguación de situación de menor y/o personas mayores con discapacidad”.
“La Fiscalía interviene cuando está frente a una denuncia que reviste un hecho de apariencia delictiva, es decir, una conducta que se enmarca en una conducta penal determinada. En este caso, esta denominación de ‘Averiguación de situación’ lo que hizo fue minimizar la importancia de la causa”, señaló.
El caso fue abordado por el fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, que entendió que, en principio, por la carátula, el caso no “revestía de gravedad”, “no había detenidos y no se habían adoptado otras medidas”. Asimismo, el parte policial decía que el INAU debía “aguardar situación, enterar a la fiscalía y elevar antecedentes. Posiblemente la jueza no debió haber dicho ‘INAU aguarde situación’, tal vez haya dicho ‘INAU aborde situación’”.
Pacheco dispuso indagar a los padres, interrogar a otro familiar y volver a informar a la fiscalía. “Esas son las medidas de estilo; las dispuso y esperaba que, nuevamente, una vez que se cumpliera con esas medidas, se le informara”, contó Salvia. Sin embargo, la Policía nunca le volvió a informar.
Ferrero apuntó que lo “más grave” fue que la denuncia no estuvo caratulada o con una flecha roja que indicara “esto es una cuestión de maltrato” y, por lo tanto, se trató de “una titulación realmente lamentosa, sinceramente. No quiero echar cargas a nadie porque, vuelvo al punto, somos todos seres humanos, pero si de acá en adelante se puede hacer algo mejor, bienvenido sea”.
Las otras dos denuncias fueron luego del asesinato de Jonathan; una corresponde a la hermana y otra al mismo hecho del fallecimiento. La Fiscalía valoró el trabajo que hizo la ANEP y remarcó que “hicieron todo lo que podían hacer, y trabajaron muy bien; seguramente, en etapas anteriores de la vida de Jonathan ‑en la escuela y en el CAIF, si existieron esas denuncias que nosotros no conocemos‑ también deben haber trabajado muy bien, pero se pierden en el transcurso de la vida académica del chico”, se apuntó.
La denuncia de la UTU
En la denuncia de la UTU, el parte policial fue acompañado por un informe que advirtió la situación que estaba viviendo Jonathan y cómo desde la institución educativa estaban intentando acompañarlo.
Se detalló que el jueves 20 de noviembre de 2025, Jonathan ingresó a la institución con “marcas en la cara como moretones y con una pierna que no podía ni flexionar; por lo tanto, le preguntamos si había ido al médico y nos comenta que la madre no lo llevó y que le puso una crema, hielo para que bajara la hinchazón”.
Jonathan dijo que dos días antes había estado jugando al fútbol con amigos del barrio y que, al cabecear la pelota, se pegó con el arco en la cabeza y un amigo se le “cae justo arriba de la pierna”. “Se llama a la madre para que lo venga a buscar porque el alumno manifiesta que tiene mucho dolor y que solo quería venir a una materia para entregar tareas. Cuando viene la madre, nos relata una versión totalmente diferente sobre cómo se lastimó el estudiante a lo que él nos contó”, se indicó.
La UTU le solicitó a la madre que lo lleve al médico, pero la mujer argumentó que no tenía plata para el boleto. La institución le proporcionó plata para que concurriera al centro de salud y “la madre se compromete y firma un acuerdo que cuando lo lleve ese día traerá un certificado confirmando la asistencia. Dicho acuerdo no fue cumplido”.
Al día siguiente, al no tener noticias de Jonathan, intentan comunicarse sin éxito con la madre. El lunes 24, se la llama nuevamente y al día siguiente, al no tener respuesta, resuelven concurrir al domicilio. “En esa instancia se lo ve a Jonathan con la pierna igual que estaba el jueves. Se conversa con la madre, teniendo como respuesta que no lo había llevado al médico, sino que llamó a una ambulancia para que lo viera en su domicilio. Según refiere la madre, el estudiante no deja que lo toque ningún médico si no es la doctora de referencia. La indicación supuestamente del médico de la ambulancia fue hielo, crema y que lo lleve el miércoles 26 al médico”, se apuntó.
El 26 de noviembre, se comunicaron con la madre y esta dice que no lo llevó al médico y que su padre se lo llevó a Neptunia. “Es relevante mencionar que no es la primera vez que Jonathan asiste a la institución con alguna herida (raspón, herida en la cara, marca de que se clavó una varilla en la sien) ‑eso está entre paréntesis‑ y no recibimos en ninguna de esas situaciones certificación médica que afirme que haya tenido la asistencia adecuada y el tratamiento para las curaciones. Se le ha pedido varias veces algún papel que certifique la ida al médico, pero por parte de la madre nos comunica que nunca le dieron nada para presentar en la UTU”, se afirmó.
Al día siguiente, y luego de constatar que no se lo había tratado, la UTU radicó la denuncia en la Policía para que se investigara lo acontecido.