Portabilidad numérica: un nuevo “derecho” para los ciudadanos o un “modelo de negocios” que “debilita” a Antel

Hoy queda operativa la portabilidad numérica, sistema que permite mudarse de empresa de telefonía móvil sin la necesidad de cambiar el número de celular. El mecanismo fue creado por una serie de artículos de la ley de urgente consideración (LUC) votada en 2020, que están entre los 135 que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo.

Sobre la puesta en marcha de este sistema hay dos visiones: una ‒la del gobierno‒ que indica que la portabilidad numérica es un nuevo “derecho” ganado por los ciudadanos, y otra ‒la de quienes promovieron el referéndum‒ que señala que es “ridículo” decir que esto significa un avance en materia de derechos y que, además, perjudicará a Antel, la empresa estatal que compite en el rubro con dos multinacionales, Claro y Movistar.

La portabilidad numérica se pone en marcha hoy luego de un proceso que implicó la conformación del Comité de Portabilidad Numérica ‒que integran la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación (Agesic), Antel, AM Wireless Uruguay SA (Claro) y Telefónica Uruguay SA (Movistar)‒, que hizo el análisis y el cronograma para su aplicación, que luego sufrió atrasos.

En diálogo con la diaria, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, manifestó que la portabilidad numérica es beneficiosa porque “la persona pasa a ser el dueño” de su número de teléfono y “va a poder decidir qué hacer” con este una vez que quiera cambiarse de empresa de telefonía móvil. “Eso otorga más libertad”, aseguró el jerarca, y agregó que “es un derecho que va relacionado a la identidad de las personas” porque “el número de teléfono es parte de la identidad digital”, ya que, precisamente, al registrarse en “redes sociales” e incluso en “cuentas bancarias”, “una forma de verificación de la identidad es el número de teléfono”.

En la misma línea se expresó la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, que en conversación con la diaria comentó que la portabilidad numérica “es un derecho de las personas, que las pone en el centro y les permite conservar su número independientemente de quién sea el prestador” del servicio. “Poder elegir el prestador que atienda mejor tus necesidades y no quedarte con uno por el miedo a perder tu número sin duda te beneficia directamente”, expresó. También consideró que habrá un beneficio indirecto para los usuarios porque, al “dinamizar” el mercado, las empresas deberán esforzarse más “tanto para fidelizar a sus clientes actuales como para poder captar nuevos”.

Distinta es la visión del sindicato de Antel (Sindicato Único de Telecomunicaciones, Sutel). Su secretaria general, Florencia Leymonié, dijo a la diaria que “es muy ridículo” e incluso “obsceno” plantear que los ciudadanos ganarán un derecho “por la posibilidad de cambiar de compañía conservando el número”. “La libertad o el derecho no son elementos de consumo, la libertad tiene que ver con otros aspectos”, dijo, y agregó que también hasta ayer la gente podía “tener el servicio que quisiera”. “Es de un delirio brutal” plantear que se gana en derechos, “sobre todo en un país donde se están planteando recortes sustanciales en materia de derechos”, apuntó. En este sentido, dijo que la portabilidad numérica está en la LUC, precisamente “donde se recortan una cantidad de derechos, una cantidad de libertades”.

Pablo Siris, director de la Ursec en representación del Frente Amplio (FA), partido que junto al PIT CNT y otras organizaciones sociales promovió el referéndum, dijo a la diaria que “considerar que esto es un derecho es un sinsentido”. “Realmente no tiene nada que ver con un derecho, ni con una libertad, ni con la identidad digital”, aseguró. Además, afirmó que los discursos que vinculan “la portabilidad numérica a una libertad” son “más políticos que técnicos”, porque en realidad el nuevo sistema “es claramente un modelo de negocios”. “Lo que pasa es que a nadie le gusta que le digan: ‘Usted está siendo objeto de mercado, de disputa entre empresas’. Mucho más bonito es decir: ‘Usted ahora tiene la libertad de elegir’”, puntualizó.

¿Qué pasará con Antel?

Una de las principales discusiones en torno a la portabilidad numérica se da al hablar de posibles beneficios o perjuicios para Antel, ya que es la firma líder del mercado y, por tanto, hay quienes entienden que es la que tiene más para perder, mientras que otros interpretan que esa lógica debería continuar y no hay motivos para deducir que se reducirá su cantidad de clientes. Según el último reporte de la Ursec sobre el mercado de las telecomunicaciones, Antel mantiene la mayor cantidad de suscripciones de telefonía móvil del país (46,73%, superior al 32,35% de Movistar y al 20,91% de Claro). Según un estudio de Equipos elaborado en agosto y divulgado en noviembre, “Antel perdería unos 240.000 clientes y recibiría unos 220.000, con un saldo negativo en el entorno de 20.000 clientes”.

En este sentido, Leymonié comentó que, en general, en los países donde se aplica la portabilidad, “las empresas que dominan el mercado son las que tienen más para perder”. Y planteó que en este caso la que “tiene más para perder” no es una multinacional “sino que es una empresa pública”.

Distinta es la opinión de los funcionarios del gobierno. Aramendía consideró que “Antel tiene una muy buena red” y “presta muy buenos servicios”, entonces “no hay argumento para decir que puede llegar a ser perjudicado” por la portabilidad numérica. Apuntó que Antel “tiene una participación muy estable” en el mercado y que no cree que eso “vaya a cambiar”. Consultada acerca de la tendencia internacional, la versión de Aramendía es contraria a la de la funcionaria de Antel, porque “suele pasar” que las empresas con más clientes atraen más cuando se inicia la portabilidad.

Acosta y Lara, por su parte, dijo que no se espera “ningún tipo de perjuicio para ninguna empresa”. Además, dijo que “uno se cambia de empresa si la empresa te trata mal, si tiene un mal servicio o si no cuida al cliente”, y entonces “lo que tiene que hacer Antel es mimar un poquito a sus clientes”, por ejemplo, al “mejorar lo que es la atención al cliente”. “No creo en la premisa de que Antel tendría que perder. Antel, inclusive, debería ganar mercado”, expresó. Según dijo, “en base a la experiencia mundial”, los usuarios que utilizan la portabilidad numérica son “entre 5% y 10%”, y agregó que Uruguay tiene “un mercado bastante estable”. “Ese 5% o 10% de corrimiento no va a ir solamente hacia una empresa ni va a perjudicar a una sola”, matizó.

“Los que tienen sus dudas son el sindicato y la oposición, que no creen en Antel como empresa pública y exitosa; nosotros creemos en la empresa pública”, sentenció el titular de Dinatel.

Siris, en tanto, consideró que “la portabilidad es un modelo de negocios planteado por las empresas de telefonía móvil en los años 90 con el objetivo de permitir a las más pequeñas competir con las más grandes”, y además dijo que “es un modelo de negocios cuya aplicación es relativa, en un momento en el que deberíamos estar pensando en otras tecnologías que han sido disruptivas en el siglo XXI y que son de mucha mayor trascendencia”.

Sin embargo, según Aramendía, “el éxito de la portabilidad no se mide por el hecho de que haya muchas o pocas portaciones”, sino que “el beneficio se ve a mediano plazo, por cómo las empresas responden” con sus ofertas “a las necesidades de la sociedad”. Lo mismo señaló Acosta y Lara, quien dijo que “sin lugar a dudas va a haber un mercado más competitivo” que hará “que algunos precios bajen o que se mejoren los servicios”.

En tanto, Leymonié prevé “una batalla campal para poder capitalizar el mercado” que, según entiende, provocará “lesiones” a Antel. “Al competir con empresas multinacionales, lógicamente los precios que podemos manejar como empresa pública son bastante diferentes”, apuntó. Además, la portabilidad “se va a dar en un escenario en el que se viene debilitando a Antel”, ya que “todas las fortalezas que tenía para salir al mercado” a conquistar clientes “se vienen deslegitimando”, como “la plataforma Vera”. La sindicalista manifestó que este sistema forma parte de un plan más grande que tiene como fin “debilitar” a la empresa pública.

Ante una posible derogación

Uno de los reclamos que han hecho el sindicato y la oposición es que la puesta en marcha de la portabilidad numérica debió haberse suspendido hasta después del referéndum, cuando se sepa si va a seguir formando parte del marco normativo o no. Desde el gobierno se argumenta que ese planteo carece de sentido alguno, porque la ley está vigente. “Tenemos la obligación de aplicarla”, dijo Aramendía. “Además, tenemos un decreto del Poder Ejecutivo que establece cómo se tiene que hacer la implementación y también un cronograma, con el que incluso venimos atrasados”. Acerca de qué pasaría si la ley se derogara el 27 de marzo, dijo que los que ya cambiaron de proveedor no tendrán ningún inconveniente y podrán mantener su situación, y el único cambio es que no podrá haber nuevas mudanzas de empresa manteniendo el mismo número.

También hubo dudas sobre qué pasaría con las inversiones realizadas y los contratos firmados con el administrador de la base de datos, que será el consorcio Cleartech-Cietel, en caso de que la norma se derogue. Para ello, el Comité de Portabilidad Numérica acordó que se agregara en los contratos a firmar con el consorcio una cláusula que exima al Estado de toda responsabilidad jurídica ante la eventual derogación. Esta adenda consiste en que ni el consorcio ni las empresas podrán reclamar lucro cesante ni daños. Acosta y Lara expresó al respecto: “Quisimos no dejar ningún tipo de cabo suelto”.

El titular de la Dinatel explicó que cada una de las empresas debió aportar 375.000 dólares para la instalación del administrador de la base de datos, que es el que se encarga del sistema que permite la portabilidad. Además, por cada cambio de una empresa a otra ‒siempre que se mantenga el mismo número‒, la compañía beneficiaria deberá hacer un pago al administrador, y ese monto es el que dejaría de percibir el consorcio en caso de que se derogara la ley, porque no habría más mudanzas. Hasta los primeros 5.000 cambios, cada empresa que desee recibir un cliente deberá pagar 27,50 pesos más impuestos [un total de 33,55] al administrador para que este procese la solicitud. Luego, ese monto se va disminuyendo hasta llegar a los 24 pesos más impuestos [29,28] cuando se superen las 45.000 solicitudes.

A la Justicia

A principios de enero Sutel informó que había intimado por la vía judicial al Poder Ejecutivo para que frenara la puesta en marcha de la portabilidad numérica hasta el referéndum. En el gobierno señalaron que esta intimación “vence en sí misma”, es decir, no tiene ningún efecto, y decidió seguir adelante. “Es simplemente una expresión de voluntad del sindicato, carece de efecto porque no hubo resolución” judicial, explicó Acosta y Lara. El viernes, tanto la Ursec como el Ministerio de Industria, Energía y Minería presentaron su respuesta a la intimación y consideraron que el planteo de Sutel “no corresponde” y “contraría la Constitución”, ya que la interposición de un recurso de referéndum no tiene efecto suspensivo sobre la ley, según indica el documento consignado por El País y al que accedió la diaria.

En respuesta, Sutel emitió un comunicado en el que volvió a manifestar que “se debe esperar a que la población se exprese” en el referéndum “y que solamente una voluntad caprichosa, autoritaria, completamente falta de espíritu democrático y de civismo puede explicar que se avance con este tema sin esperar el pronunciamiento popular en las urnas”.

En tanto, Siris también consideró que “la población está llamada a pronunciarse en relación a este tema” y, por tanto, “no hay ningún motivo por el cual la portabilidad debería empezar antes de esa fecha”.

Empresas

Consultadas por la diaria, fuentes de las tres empresas manifestaron su posición sobre el mecanismo que se pone en marcha hoy. Desde Antel se expresó que, “en la práctica, la portabilidad da un grado mayor de libertad a los clientes” pero que, “como líderes del mercado”, están “seguros” de que la mayoría los va a “seguir eligiendo”. En este sentido, se explicó que la empresa trabaja “para ofrecer las mejores promociones y los planes más convenientes” para los usuarios, a lo que se suma “tener la mejor cobertura”, entre otras virtudes.

También desde Movistar expresaron que “la portabilidad es un mecanismo que brinda mayor libertad de elección a los usuarios”, y esto “exigirá a los operadores mejorar continuamente sus propuestas”. “La portabilidad va a potenciar el proceso de innovación, aumentando la cantidad y la diversidad de ofertas disponibles”, señalaron.

Desde Claro indicaron que la portabilidad permitirá a los usuarios “acceder a mejores ofertas y calidad de atención”, además de “precios más competitivos”. Además, dijeron que el nuevo sistema “pondrá en tela de juicio las condiciones comerciales de permanencia ‒por ejemplo, los plazos de 24 meses y las penalidades por terminación anticipada de los meses restantes del contrato‒ que fueron diseñadas en un contexto de preportabilidad”. En cuanto al monto de la inversión que fue necesario hacer, la empresa consideró que “es bajo” si se lo compara con otras, y que la experiencia a nivel mundial demuestra que “el arranque” de la portabilidad “será de un volumen moderado” de cambios de compañía.