A mediados de 2021, la construcción de una pista de aterrizaje privada a cargo del hotel Fasano Las Piedras suscitó la preocupación de actores políticos, académicos y sociales debido a los potenciales riesgos ambientales sobre la fauna y la calidad del agua.
La pista de aterrizaje, las explanadas de maniobra y el camino de acceso desde el hotel, que constituyen el aeródromo, fueron construidos sobre una superficie de 13 hectáreas sobre los humedales del arroyo Maldonado, un área natural de cría y alimentación de especies de aves residentes y migratorias, como la gaviota cangrejera y el flamenco austral, ambas en peligro de extinción. Además, los bañados cumplen los servicios ecosistémicos de evitar inundaciones, filtrar contaminantes provenientes de las ciudades y abastecer de agua a los acuíferos subterráneos.
Finalmente, el 22 de diciembre el Ministerio de Ambiente (MA) decidió sancionar a la empresa de capitales brasileños JHSF Uruguay SA con una multa de 1.200 unidades reajustables (1.637.196 pesos uruguayos). El MA también dispuso que la empresa haga una difusión pública a su costo en dos diarios de circulación nacional y uno local en Maldonado, según informó el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
En respuesta a las múltiples denuncias, el 8 de julio de 2021, el personal de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del MA realizó una inspección del sitio y constató el estado avanzado de la construcción de la pista. Una semana después, la cartera informó a la empresa que era pasible de ser sancionada. Recién el 19 de noviembre del pasado año, los responsables de Fasano Las Piedras comenzaron el trámite de operación en el MA para la habilitación del aeródromo.
Sugerida por el área jurídica del MA, la sanción se fundamenta en que la empresa ejecutó las obras sin poseer una autorización ambiental previa, algo que pone en “riesgo el ambiente” y la “salud humana”, según se desprende de la resolución, a la que accedió la diaria.
Además, el MA tuvo en cuenta dos infracciones similares que JHSF Uruguay SA cometió en el pasado: en 2014 comenzó a funcionar el complejo turístico y recreativo sin haber obtenido una autorización ambiental de operación y en 2016 fue multada por ampliar la infraestructura vial del hotel y del restaurante sin contar con un permiso. En estos casos, se aplicó una sanción económica de 200 y 250 unidades reajustables, respectivamente.
No obstante, el 14 de diciembre de 2021 el MA convalidó la obra del aeródromo ubicado sobre el padrón urbano 9.201, en San Carlos. “En sentido estricto, una pista privada de estas características no requiere una autorización ambiental previa. En este caso, por ser parte de un proyecto que sí necesitó una autorización”, el MA “los multó por haber incumplido en presentar en tiempo y forma la tramitación ambiental. Es un incumplimiento administrativo”, dijo Peña a la diaria.
La primera autorización fue concedida, en 2009, por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para el fraccionamiento y construcción de 205 viviendas y servicios, un proyecto que incluía un club house, un centro ecuestre, canchas deportivas y un muelle para embarcaciones. El 25 de noviembre de 2011, la empresa solicitó una modificación para incluir la creación de un campo de golf y reducir la cantidad de viviendas a 130.
Términos y condiciones
Para el funcionamiento del aeródromo, el MA planteó varios requerimientos: toda “variación significativa” al proyecto original deberá ser comunicada en forma previa a su ejecución para ser evaluada por las autoridades. Fasano Las Piedras podrá realizar sólo una maniobra aérea por hora y deberá presentar informes ambientales que incluyan la cantidad de vuelos anuales, el número de vuelos por días, las rutas aéreas y los umbrales de la pista realizados. También tendrán que relevar las denuncias o reclamos que reciban y las acciones que adopten en consecuencia.
Por otra parte, deberán informar al MA sobre los “incidentes” entre aeronaves y animales: detalle de la causa, fecha y hora, número de animales y especies, así como las medidas que llevan a cabo para “prevenir o ahuyentar la fauna”.
Durante el primer año la operación de la pista deberá regirse por un “plan de monitoreo de aves” -que tendrá que llevarse a cabo todos los meses-, con el fin de hacer un “seguimiento biológico de este grupo de tetrápodos, así como estudiar la peligrosidad potencial de las especies presentes, asociada al riesgo de colisión”, señala el documento.
En caso de que los cuerpos de agua artificiales -que se formaron como consecuencia de la construcción sobre el humedal- atraigan a las aves y a la fauna en general, la empresa tendrá que proponer medidas de mitigación o incluso erradicarlos.
Sobre los posibles riesgos de contaminación de las aguas por derrame de combustible, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que, “conforme a la documentación presentada por el titular de la empresa, no se prevé el suministro ni el almacenamiento de combustible dentro del emprendimiento”. En caso de que se requiera realizar una carga de combustible, deberá hacerse mediante un camión cisterna.
A su vez, el proveedor tiene que contar con un “kit de derrames” y gestionar adecuadamente los “residuos generados”. De todas formas, la empresa no definió un protocolo o “plan de contingencia” en caso de derrames. La información fue enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 13 de octubre, al diputado frenteamplista por Maldonado Eduardo Antonini, como respuesta a un pedido de informe.
“A la fecha no hay un informe final de esta división que se pronuncie técnicamente sobre la admisibilidad de los impactos ambientales de dicha construcción. Dado que se entendió que el proyecto podría tener impactos ambientales significativos moderados, que pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables, se solicitó al titular que presente un estudio de impacto ambiental”, indicó la DNA a pedido del MEF.
Antonini también envió un pedido de informe al MA, que fue respondido el 17 de setiembre. En él se indicó que la construcción del aeródromo contó con el permiso inicial del director general de Aviación Civil, el coronel Pablo Simone, el 6 de mayo de 2020. El documento también señala que están permitidos únicamente los vuelos diurnos y que no se requerirá servicios de radar para las operaciones, sino que las aeronaves deberán mantener contacto radial con la torre de control del Aeropuerto Laguna del Sauce. Al tratarse de una pista privada, no contará con personal del Ministerio de Defensa Nacional.