El Frente Amplio (FA) solicitó la creación de una comisión investigadora en la Junta Departamental de Maldonado tras la denuncia del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) por la “agresión” que recibió la directora de Magisterio, Nathalia Weigle, por parte de la directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, y su pareja, Martín Clavijo, el 20 de abril, cuando exigieron el ingreso de su hija a la carrera de Maestro en Primera Infancia por fuera del sorteo.

Con los votos en contra de la mayoría de la bancada del Partido Nacional (PN) la moción fue rechazada. El edil del Partido Colorado (PC), en tanto, se retiró de la sala durante la votación. Este martes, en la sesión ordinaria del legislativo departamental, el asunto desató un extenso debate entre los ediles del oficialismo y la oposición, que se prolongó hasta las 6.00. En esa oportunidad, también se sometió a votación el proyecto de decreto para instalar una zona franca, que fue aprobado.

Desde el FA señalaron que la actuación de Graziuso implicó “una transgresión en el ejercicio de la función pública” por invocar “el cargo público que se detenta como mecanismo de presión con el fin de obtener un beneficio ilegítimo”. Según la denuncia del Sidfe -que fue confirmada por la directora de Magisterio-, la directora de Asuntos Legales advirtió a Weigle que “políticamente podían solucionar el ingreso de su hija”.

El sindicato indicó que posteriormente Weigle recibió una llamada del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública, Víctor Pizzichillo, en la que “exigió la incorporación” de la estudiante por “resolución directa”, así como un pedido de disculpas a Graziuso, exjueza y segunda suplente del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Esta es una de las razones por las que el Centro de Estudiantes de Magisterio se movilizó y pidió la renuncia de Pizzichillo. El CFE, por su parte, ordenó una investigación administrativa por la acusación de “presión” por parte del jerarca.

A pesar de la movilización de docentes y estudiantes, a diferencia de la resolución del órgano de la ANEP, a nivel departamental no se hará un investigación del caso.

El debate

Alexander Infante, edil del PN, alegó que la posición contraria a la conformación de la comisión investigadora se debe a que en la denuncia se incurrió en “mentiras”, “especulaciones” y “rumores”, y a que los ediles del FA “no trajeron una prueba”.

“Consideramos que es tan o más peligroso para la democracia la probada infidelidad de un funcionario público como la utilización de herramientas por parte de legisladores para construir relatos oficiales a partir de especulaciones. Peor aún si lo llevamos al nivel de delitos, y mucho peor aún [es] acusar penalmente a una madre y arrastrar por todos los medios de prensa a su hija”, expresó Infante.

El FA había planteado que el hecho denunciado puede enmarcarse en una falta ética, administrativa, pero también penal. Citaron el artículo 16 de la ley de urgente consideración sobre “agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios”, que da nueva redacción al artículo 149 del Código Penal.

Infante también calificó la argumentación del coordinador de bancada del FA, el edil Leonardo Delgado, a favor de la creación de la investigadora como “engaña pichanga”. En respuesta, el edil de su partido, Javier Sena, retrucó: “Cuando se dice que se va hacer una investigación, el funcionario público está sometido al Decreto 500, sobre el procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público”. Y continuó: “Entonces no se puede decir que es un ‘engaña pichanga’ [porque] es desconocer la función pública. Me parece que eso es no entender dónde estamos en este momento como ediles”.

En esa línea, el frenteamplista Joaquín Garlo se mostró “sorprendido” por el “desconocimiento tan profundo y evidente” de la normativa que se evidenciaba y criticó que el informe presentado por el PN carece de “fundamento”, un requisito establecido por el Decreto 500. Por otra parte, defendió que el legislativo departamental, como ente de contralor del ejecutivo, posee tres mecanismos de acción: el pedido de informes, el llamado a sala al intendente y las comisiones investigadoras.

“El presidente de la comisión preinvestigadora, Alexander Infante, dice ‘acá no venimos a investigar, sino a presentar pruebas, no dichos, no rumores’. Otro grueso error: las comisiones preinvestigadoras no reciben pruebas, reciben denuncias porque las probanzas se sustancian en la comisión investigadora”, planteó Garlo.

El edil nacionalista Cristian Estela -perteneciente a la lista 44, liderada por Graziuso- discrepó con la posición de sus correligionarios. Contó que cuando la denuncia se hizo pública, él se encontraba en un centro de salud de Argentina. “Me llamó Javier [Sena] y le dije votá con los comunistas lo que los comunistas planteen”. “Esta mujer, con el coeficiente intelectual y la capacidad que tiene, no comete este error ni en tres vidas. La llevo a la Junta y los pasea, votá tranquilo”, siguió.

“Yo estoy acá porque la mujer me trajo hasta acá”, reconoció Estela, y calificó a la trayectoria de Graziuso como “lo más meteórico en la carrera política que he visto en mi vida”, ya que pasó de ser jueza a ser directora de Asuntos Legales de la comuna, en 2015, y poco tiempo después a encabezar una lista que obtuvo 5.000 votos. “Todo en un viaje solo. Mi respeto lo tiene”, manifestó.

“Estoy muy confundido, por eso voy a votar esta comisión investigadora -que corresponde-, pero es para defenderla porque tengo la garantía suficiente de que creo que ella no lo hizo, porque si no es turra”, disparó. Concluyó: “No nos podemos ir a dormir con la duda [...] Desearía que el PN se lo replanteara”.

“No estamos hablando de cualquiera, [de alguien] que no conoce las leyes”, aseguró el edil del FA Delgado, y recordó la formación y el currículum de la acusada: Graziuso es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, abogada y escribana pública, realizó cursos de derecho penal, seguridad pública, derecho administrativo, mediación y resolución de conflictos. Fue docente de la sede en Maldonado de la Universidad Católica en las cátedras de Derecho Civil y Derecho Penal I y II y fue jueza letrada en Maldonado, Ciudad de la Costa y en Chuy. Trabajó para el Poder Judicial desde 1991 hasta 2015, cuando se incorporó a la administración departamental con el cargo de directora de Asuntos Legales, que mantuvo en el actual período de gobierno de Antía.

Con respecto a la decisión del PC de no acompañar la creación del investigadora, el edil opinó que lo hizo “para no quedar mal con nadie”.