Si algo caracterizó la campaña para las elecciones internas partidarias en Maldonado, además de la multiplicidad de precandidatos blancos con aspiraciones a suceder a Enrique Antía en las elecciones de 2025, fue el cruce entre actores políticos por el alto y costoso despliegue de cartelería electoral oficialista en espacios públicos y lugares prohibidos por una normativa de 1994.
Pasadas las elecciones, el 1° de julio la Intendencia de Maldonado (IDM) informó que ya estaba retirando esos carteles y que “en dos o tres días las principales avenidas y gran parte de la capital departamental” quedarían liberados de las toneladas de plásticos y madera que dejó la campaña.
A casi dos meses del acto eleccionario, todavía pueden verse numerosos carteles en las calles de distintas ciudades, sobre todo en balnearios ubicados el este del arroyo Maldonado. En algunos puntos se observan imágenes y logos colgados de cables de media tensión. Ni los partidos políticos ni la IDM los retiró aún.
Medina: las empresas “están un poco atrasadas”
Carlos Medina, coordinador de Gestión Ambiental de la IDM, aseguró a la diaria que “el trabajo se está realizando, pero que las empresas tercerizadas encargadas vienen un poco atrasadas”.
Comentó que las cuadrillas de Aseo Urbano continúan recorriendo las calles y también están en comunicación con los sectores políticos para que retiren los carteles que se encuentran “en zonas de riesgo ya sea por altura o por lugares de difícil acceso”.
La ubicación de carteles de gran porte dentro de predios privados, pasando el límite de la vía pública, es un aspecto que el jerarca consideró “preocupante”. “Lo único que podemos hacer es intimar al padrón al retiro de los carteles, pero no podemos retirarlos”, argumentó.
Durante y después de la campaña electoral hubo varios actores políticos que se expresaron en ese sentido; incluso, algunos de los que más carteles desplegaron. Los jerarcas de la IDM entienden que, si bien la responsabilidad de quitarlos es del grupo político que los coloca, “eso nunca ocurre y siempre tienen que ser retirados por la IDM”.
El 2 de julio el arquitecto y edil frenteamplista Jorge Pieri -cuya agrupación, El Abrazo Crece, colocó un solo cartel en todo el departamento- propuso un proyecto para que los sectores políticos asuman costos del retiro de cartelería electoral. Además, la bancada del Frente Amplio pidió informes a la IDM sobre los costos y condiciones de retirar la propaganda instalada en la vía pública para las elecciones internas.
Una ordenanza en ciernes
La respuesta al pedido de informes llegó semanas atrás. De acuerdo al Ejecutivo, el retiro de la cartelería “no tiene costo” para la IDM porque está incluido en las licitaciones con las empresas tercerizadas, dijo Pieri, este martes, a la diaria.
También informó que no se aplicaron multas a los sectores que incumplieron la normativa vigente desde 1994, aunque establece que cada sector debe tener delegados que retiren los carteles pasada las elecciones y que está prohibido instalar esta propaganda en espacios públicos tales como pasto, rotondas o banquinas.
En cuanto a la disposición final de los residuos plásticos, de madera y metal, la comuna respondió que se derivó al vertedero de Cerro Pelado donde funciona la cooperativa Creer y que, por otro lado, se destinó a un refugio de animales en San Carlos, dice el documento al que accedió la diaria.
Consultado sobre si se prevé hacer controles para las elecciones de octubre, teniendo en cuenta la normativa vigente, el Ejecutivo contestó a los ediles opositores que se trabaja en “una nueva ordenanza” pero no ofreció detalles. Pieri señaló que, por el momento, el Frente Amplio no ha sido consultado sobre el asunto.
Por su parte, Medina señaló a este medio que Gestión Ambiental y la Dirección de Urbanismo trabajan en la zona balnearia para evitar la contaminación visual y que están buscando “un acuerdo político para prohibir este tipo de propaganda” en el departamento. “No queremos hacer un decreto que lo prohíba, sino buscar el consenso para poder lograrlo”, dijo.