Medio centenar de militantes del Partido Nacional –entre los que figuran exediles, concejales electos y familiares de una alcaldesa y de jerarcas de confianza – ingresaron a la Intendencia de Maldonado (IDM) al amparo del artículo 4 de la Ley 20.451, según revela la nómina que obtuvo la diaria mediante una solicitud de acceso a la información pública.
El citado artículo habilita, “por razones fundadas de idoneidad y previo informe de la existencia de los créditos presupuestales correspondientes”, a designar personas en forma directa bajo la modalidad de funcionarios contratados hasta el término de la administración vigente.
Las designaciones del intendente Miguel Abella se consumaron mediante la Resolución 03053/2026, que el gobernante firmó junto con el secretario general, Álvaro Villegas, el 27 de marzo pasado. Al aprobarlas, consideraron que “se emitieron informes fundados”, que “existe disponibilidad de crédito presupuestal” y que la cantidad de contratos es “significativamente inferior” al tope legal de 4% de los cargos presupuestales de la comuna. También afirmaron que los nombramientos “no implican derecho a la carrera administrativa ni a la inamovilidad ni al cargo”.
Tareas “imprescindibles”, según Hualde
En la “actuación 1” del expediente, el prosecretario Martín Hualde “advierte la necesidad de personal” para la prestación de tareas en los escalafones de servicios auxiliares, obreros profesionales universitarios y administrativos, y considera que son “imprescindibles para el normal funcionamiento de las unidades funcionales y no pueden ser postergadas sin afectar la gestión”.
El prosecretario alegó que, como “no se cuenta con listas de prelación vigentes para estas tareas específicas [que no especificó], no es posible viabilizar los reemplazos a través de las mismas con el perfil requerido en el escalafón correspondiente”. Por lo tanto, consideró “pertinente” invocar al artículo 4 de la ley de ingreso a las intendencias “para asegurar la continuidad de los servicios públicos y la eficiencia administrativa”. “Atento a que se configura la necesidad de cubrir las tareas referenciadas”, adjuntó al expediente la nómina de “personas que reúnen idoneidad necesaria para las mismas”.
Por otra parte, en la “actuación 2”, el director general de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Baeza, aseguró que “existe crédito presupuestal suficiente” para las contrataciones y adelantó que también se contemplarían en la modificación presupuestal 2027-2030, aunque no detalló cuál es el gasto proyectado por este concepto.
La IDM proporcionó a la diaria la nómina de personas contratadas, con los correspondientes municipios o departamentos a los que ingresaron y, en algunos casos, los servicios a los que fueron asignadas. Sin embargo, la administración no especificó qué tareas desarrollan ni los “informes fundados” que acreditan la idoneidad de las personas contratadas, como se le solicitó.
Alcaldesa de Solís Grande colocó dos familiares
En la nómina se encuentran la hija y el hermano de la alcaldesa del Municipio de Solís Grande, Patricia Martínez, de Unión y Cambio, sector liderado por el senador herrerista Rodrigo Blás. Valentina Soca Martínez, licenciada en Lenguaje y Medios Audiovisuales, ingresó al Municipio de Pan de Azúcar con un grado 5 del escalafón Administrativo. Según la tabla de sueldos vigente, percibe un salario nominal mensual de 56.819 pesos.
Ronald Martínez, hermano de la alcaldesa, fue edil de Unión y Cambio en la administración pasada y llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Legislativo; este año ingresó al Departamento de Deportes contratado con un grado 6 del escalafón obrero ($63.807 nominales por mes) para trabajar en alguna parte del Campus de Maldonado.
Laura Paroli, militante de la histórica lista 20 (Hualde) ingresó en Administración Documental con un grado 5 A. Es la esposa del concejal del Municipio de Punta del Este, Julio Pérez. Una de sus hijas, Camila Pérez, es funcionaria del área de Comunicaciones de la IDM.
La psicóloga deportiva Belén Álvez entró al Departamento de Deportes para desempeñarse en esa profesión, con un grado 7 del escalafón universitario, al que corresponden 101.159 pesos nominales mensuales. Es hija del especialista en Derecho Deportivo Hugo Álvez Cuñetti, convencional por la lista 20 y abogado en la División de Asuntos Legales de la IDM.
Este funcionario de larga data, destituido en 2012 por el exintendente Óscar de los Santos, regresó a la comuna en 2016, tras un acuerdo extrajudicial con el exintendente Enrique Antia, por el que cobró una indemnización de 600.000 dólares; el acuerdo fue observado varias veces por el Tribunal de Cuentas de la República.
En el grupo de “familiares de” también se encuentra la escribana Inike Smeding, quien ingresó con grado 7U para desempeñarse en el nuevo Departamento de Ingresos Públicos. Es hija del ingeniero Paol Smeding, ratificado por Abella como subdirector general de Vialidad Rural y Urbana dentro del departamento de Obras Públicas al comienzo de esta administración.
Más redituable que ser concejal
Wilmar Andrés Montero ingresó al Municipio de Pan de Azúcar con un grado 9 del escalafón administrativo y percibe un sueldo básico mensual de 84.520 pesos nominales, según la tabla de sueldos de la IDM. En mayo de 2025, Montero fue reelecto como concejal de ese municipio en representación del sector Todos por Maldonado, pero no asumió. En febrero de 2025, llegó a ser alcalde de Pan de Azúcar cuando el titular, Alejandro Echavarría, renunció para hacer campaña por su reelección.
María del Carmen Alfonso, concejal y alcaldesa interina del Municipio de Pan de Azúcar en la pasada administración, ingresó con un grado 6 del escalafón administrativo (al que corresponde un salario nominal de 59.920 pesos) para desempeñarse en ese mismo municipio. Montero y Alfonso integraron la lista 93 de Miguel Plada, exalcalde pandeazuquense, actual director general en la IDM y primer suplente del intendente Abella.
Por su parte, Rosario de Vecchi se ubicó en el Municipio de San Carlos con un grado 5A. Por lo menos hasta el año pasado, fue concejal suplente del municipio de Garzón por la lista 904, que pertenece al alcalde carolino Luis Cima. Se presenta como diseñadora de interiores y agente inmobiliaria.
Gabriel Piria, bisnieto del pionero Francisco Piria, fue concejal del Municipio de Piriápolis en la administración pasada; trabajó por la reelección del alcalde nacionalista René Chiche Graña (Unión y Cambio) y este año ingresó a ese municipio con un grado 6 del escalafón administrativo.
Exediles blancos en la nómina
Además del ya mencionado exedil Martínez, ingresaron otros exintegrantes de la bancada nacionalista en la Junta de Maldonado. Nicolás Domínguez, quien en la pasada administración se desempeñó como edil de la lista 20 (Hualde), entró ahora al Municipio de Punta del Este en calidad de electricista de la Feria Artesanal.
Carlos Antonio Figueredo, exedil suplente del PN, entró con un grado 6 del escalafón de Servicios en el Departamento de Deportes para trabajar en las canchas del barrio Los Caracoles (realojo del Kennedy). Por su cargo cobra un sueldo nominal de 63.807 pesos. En 2024 integró la lista 23 y para las departamentales de 2025 formó en la lista 21, la misma del actual presidente de la Junta de Maldonado, Osvaldo Matteu.
Francisco Olivera, edil del sector Todos por Maldonado en el período 2015-2020 y de la lista 88 (del diputado Diego Echeverría) entre 2020-2025, ingresó al Departamento de Gestión Ambiental con un grado 5A. Según indica la nómina aportada por la IDM, cumple tareas en el parque El Jagüel.
Puerta giratoria hacia el despacho del diputado Echeverría
Dos contratos derriban flagrantemente el argumento de la necesidad de ingresos directos para cubrir tareas “imprescindibles” e “impostergables”: los militantes de la lista 88 Diego Machado y Fabián Suárez ingresaron a la IDM por el artículo 4, pero pasaron en comisión al despacho del diputado Diego Echeverría.
Machado fue el encargado de la Oficina Desconcentrada del Municipio de San Carlos en la zona balnearia durante la administración pasada y se postuló a esa alcaldía en mayo de 2025. “Soy alcalde o nada”, solía decir en la campaña, pero en marzo ingresó al Departamento de Turismo –cuyo director general es Edgar Silveira, cuadro de Echeverría– con un grado 9 del escalafón Administrativo, al que corresponde un salario nominal de 84.320 pesos. Al mismo departamento de la IDM, con similar grado, entró Suárez. Otra militante de Echeverría que ingresó a Turismo, aunque en su caso para quedarse, es María Beatriz Vero, contratada con un grado 6 del escalafón administrativo.
Militantes en el Municipio de San Carlos
Iván Suárez, militante del riñón del alcalde carolino, fue contratado con un cargo grado 10 del escalafón Obrero, al que corresponde un salario de 84.320 pesos nominales por mes. Suárez aparece públicamente como responsable de la Oficina Desconcentrada del Municipio de San Carlos en la zona balnearia (Manantiales), a donde también ingresó Analía Calvete, con un grado 5A.
La odontóloga María Cecilia Marañón, militante de la lista 72 del PN (Artola-Antía) y convencional del Partido Nacional, también consiguió un cargo en el Municipio de San Carlos. En la nómina figura como “María Cecilia Marañol”, contratada con un grado 7 U para trabajar en el área de salud odontológica municipal.
Enzo Alvira, quien en las elecciones de mayo de 2025 figuró como segundo titular de la lista 66 (Echeverría), detrás de Diego Machado, entró al mismo municipio con un grado 7 administrativo, asignado al Centro Deportivo Municipal Carolino.
Contratos en Cultura, Gestión Ambiental y Desarrollo Social
Al Departamento de Cultura de la IDM, cuyo director general es Andrés Rapetti, ingresaron tres personas por el artículo 4. Fabián Camacho, referente de la lista 904 del alcalde carolino, lo hizo con un grado 8 del escalafón obrero, mientras que el fotógrafo de eventos sociales Milton Carrato, quien militó en la lista 904 y en la 32 (Rapetti), entró con un grado 5 A. Con el mismo grado también ingresó Nicolás Moreno, de la lista 23; fue el coordinador de Cultura del Instituto Ideas, usina del programa de gobierno de Blás como candidato a la IDM.
Al Departamento de Gestión Ambiental ingresaron seis personas, en su mayoría de la lista 5020. Es el caso de Víctor Marino García Hernández y Charles Terra Dufourc, contratados con un grado 5 del escalafón obrero, y de Yennifer Trindade y Agustín Cuello Sastre, ambos con un grado 5 del escalafón administrativo.
Al militante Publio Toledo lo contrataron con un grado 5 O para limpieza urbana. Los restantes son el ya citado exedil Francisco Olivera y Pedro Cayales, asignado a El Jagüel con un grado 5 O.
En el Departamento de Desarrollo Social ingresó Claudia Pérez, militante de la lista 93 del director Miguel Plada, con un grado 5 A asignado a la subdirección de Políticas Sociales. Marianela Rivero, de la misma lista, entró a la dirección de Salud con un grado 8 A, asignada al área de Adicciones. En Salud también fueron contratados Marcela Tabeira y Facundo Guerra (7U).
En la nómina del Departamento de Desarrollo Social figuran, además, Aldana Montes de Oca (7U) asignada a la subdirección de Políticas Sociales, y el militante de la lista 88 Eduardo Barrán, con un cargo 5A en La Capuera, aunque según la IDM este último “no asumió”.
Colorados en Deportes
Fernando Álvez, quien se bajó de su candidatura a la IDM por el Partido Colorado para acompañar a Abella en el PN y terminó designado como director general de Deportes, consiguió cuatro contratos para su repartición.
La ojedista Annie Gaeta (lista 25) entró con un grado 5 del escalafón administrativo; otro colorado que se sumó a Deportes, en este caso para trabajar en el vestuario del Campus con un grado 5 del escalafón de servicios, es Clovis Gómez.
El árbitro de fútbol Oscar Fungi, también colorado, figura en la nómina con un grado 6 del escalafón de Servicios, asignado para las “canchas del realojo” del exasentamiento Kennedy; sin embargo, según informó la IDM, “no asumió”.
Otras designaciones
Federico Galeano, quien fue uno de los tres representantes del PN en la comisión multipartidaria de Ordenamiento Territorial, ingresó al Municipio de Maldonado contratado con un grado 8A administrativo. En la última administración de Antía, fue contratado como un grado 8 de particular confianza en Deportes.
Por su parte, el militante de la lista 88 Juan Caubarrère Schröder ingresó con un grado 7U al departamento de Planeamiento y Presupuesto. En tanto, para el área de Obras Civiles de la Dirección de Obras fueron contratados por el mismo mecanismo el ingeniero civil Guillermo Echavarría (7U), Javier Ramírez (7O) y Gerardo Acosta (6O).
Hebel Figueredo (con un grado 10 del escalafón obrero) y Rodrigo Guerra (grado 5 administrativo) ingresaron al Municipio de San Carlos; Héctor Zabaleta, Miguel Rodríguez (grado 50) y Ana Villalva (grado 7U) se ubicaron todos en el Municipio de Pan de Azúcar; Tania Fernández ingresó con un 7 A en el Municipio de Punta del Este.
Analía Caraballo fue contratada en Movilidad y Andrea Nández en el área Notarial, ambas con un grado 5 del escalafón administrativo. Lucas Rodríguez ingresó con un cargo 6 A en Descentralización, mientras que en Vivienda fueron contratados el militante de la lista 75 Pablo Quesada (6O), el arquitecto Luciano Rodríguez y la ingeniera Fiorella Nicora, ambos con grado 7 del escalafón universitario.