La Intendencia de Maldonado (IDM) revela “una política tributaria que incrementa la presión fiscal sin contemplar la realidad económica de la población”, sentenció el Frente Amplio (FA) departamental tras analizar la respuesta a un pedido de informes del edil Pablo Cicero sobre los criterios del ajuste de la contribución urbana y suburbana de enero.
En base a los datos aportados por la IDM, el FA señaló que hubo “un incremento global de la recaudación tributaria del 5,4% para 2026”, por encima del índice inflacionario de 3,65% registrado al cierre de 2025. Además, indicó que en algunos tributos departamentales hubo “incrementos muy superiores”.
Entre estos, menciona la tasa de conservación de pavimento, que “aumentó un 11,41%, lo que representa más de tres veces el nivel de la inflación”. También señala que el impuesto general ambiental, que sustituyó al impuesto general municipal, “implicó un aumento de la recaudación del 42,59%, al pasar de 1.232 millones de pesos a más de 1.756”; es decir, 524 millones adicionales.
Este incremento se explica por una “suba en las alícuotas” –porcentaje que se le aplica a cada padrón en función de lo que haya construido– que afecta a viviendas y comercios minoristas, con ajustes de 2% a 3%, hoteles y restaurantes de 3% a 4% y supermercados e hipermercados de 5% a 6%. “En términos relativos, al shopping le subieron la tasa un 20%, mientras que a la vivienda de la gente, un 50%”, sentenció el FA.
Aumentos sin estudio de impacto social
La respuesta brindada por la IDM indica que “no se analizó ningún tipo de consideración referente a la capacidad de pago de los contribuyentes”, advirtió Cicero, para concluir que el proceso de aplicación de los valores y aforos “se basó exclusivamente en criterios del mercado inmobiliario y no incluyó estudios desde el punto de vista social”.
Según el edil, esto implica que “se aplicaron aumentos sin evaluar si las familias, los jubilados o los propietarios de vivienda única están en condiciones de afrontarlos”. Asimismo, sostuvo que “se está tratando de la misma manera a un gran inversor inmobiliario que a un vecino trabajador, priorizando la recaudación por sobre la capacidad del pago”.
Ante este escenario, el FA de Maldonado considera que estos datos “evidencian una política tributaria que incrementa la presión fiscal sin contemplar la realidad económica de la población, en un contexto donde resulta necesario proteger el ingreso de los hogares”.
Por último, la organización política señaló que seguirá ejerciendo “una oposición responsable, controlando al Ejecutivo departamental y proponiendo siempre en defensa de la población”. En esa línea, reclamó “transparencia” en los criterios de actualización de aforos, “protección efectiva a la vivienda única y los contribuyentes vulnerables” y una rendición de cuentas sobre “el estado real” del pavimento.