La Comisión Asesora Técnica sobre Punta Ballena firmó, este jueves 4, el acta de acuerdo para postular la incorporación de padrones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La instancia fue precedida por la aprobación unánime de medidas cautelares para otros cinco padrones, durante la sesión del martes 2 en la Junta Departamental de Maldonado.
“La propuesta técnica fue construida de forma conjunta entre la Asociación Civil Punta Ballena Protegida, el Centro Universitario Regional del Este (CURE-Udelar) y los equipos técnicos de la Intendencia de Maldonado, integrando los aportes de las distintas instituciones participantes y la colaboración de técnicos, investigadores y especialistas de diversas disciplinas”, indicó Punta Ballena Protegida, al celebrar el acuerdo, en un comunicado.
El trabajo partió de la declaratoria de “Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena” como reserva departamental natural, por iniciativa popular, en marzo de 2025. Desde su creación, en enero pasado, la comisión destinó varias sesiones a analizar los aspectos jurídicos, ambientales, territoriales y científicos vinculados con el informe final de la Comisión Asesora Especial sobre Punta Ballena en cuanto al ingreso de terrenos al SNAP.
El trabajo, que incluyó el aporte de profesionales externos en carácter de colaboradores honorarios, concluyó este jueves con la aprobación unánime. En consecuencia, la comisión recomendó al intendente Miguel Abella que proponga al Poder Ejecutivo la incorporación de los padrones 15.503, 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938 y 12.939 al SNAP con la categoría Monumento Natural, incluidos el borde rocoso y el área marino costera, que son públicos, para preservar sus actuales condiciones paisajísticas y ecosistémicas.
Si el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, aprueba la iniciativa, la administración del área SNAP será compartida por el gobierno nacional, el gobierno departamental y el Movimiento Punta Ballena Protegida, que recientemente se constituyó como asociación civil.
Las actuaciones de la Comisión Asesora Técnica serán remitidas al intendente Abella mediante el secretario general de la comuna, Álvaro Villegas, para que el jefe departamental dicte la resolución de continuación del procedimiento de postulación al SNAP.
Medidas cautelares para cinco padrones
Por otra parte, la Junta Departamental aprobó medidas cautelares para preservar los terrenos cuya inclusión al SNAP fue rechazada por la IDM. El decreto que el intendente Abella puso a consideración del legislativo fue aprobado por la unanimidad de los ediles, el pasado martes 2.
Establece que en los padrones 12.931, 14.819, 15.535, 16.775 y 24.262 de Punta Ballena, considerados “de alta sensibilidad”, quedarán prohibidos nuevos fraccionamientos y urbanizaciones, permisos de construcción e instalación de cualquier tipo de infraestructura, movimientos de suelo y extracciones de roca o rellenos, e intervenciones en la vegetación nativa o introducción de especies exóticas. Además, el texto señala que, de detectarse construcciones irregulares, se intimará a los propietarios a su retiro inmediato para mitigar impactos ambientales.
El informe que sustenta el decreto advierte que estos padrones “albergan herbazales rupícolas costeros y ambientes serranos únicos” y que cualquier alteración en laderas y afloramientos rocosos podría causar daños irreversibles en las visuales panorámicas y en especies endémicas o amenazadas que habitan el lugar.
Las medidas estarán vigentes durante los dos años siguientes a la promulgación del decreto o hasta que se apruebe el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión Punta Ballena, que elaborará la Comisión Técnica Asesora. Las restricciones serán inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Maldonado para los interesados estén formalmente notificados de las limitaciones.
El Departamento de Gestión Territorial tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las medidas, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública o gestionar órdenes de allanamiento si fuera necesario. El incumplimiento derivará en sanciones que irán desde multas severas hasta acciones de recomposición del ambiente afectado y acciones de demolición.