La petrolera estatal ANCAP investiga las causas de una “acumulación puntual” de crudo detectada el viernes 4 en las obras del complejo Godai, en La Barra, que inicialmente hizo pensar en una avería del oleoducto que transporta el hidrocarburo desde la Terminal Este hacia la refinería de La Teja y que pasa por ese lugar.
Entretanto, el trasiego hacia Montevideo está suspendido “de forma preventiva” y el tránsito en la Ruta 10, en la zona conocida como Palmas de la Barra, permanece este lunes parcialmente cortado para facilitar las tareas.
Sobre la medianoche del viernes 4, Ancap informó sobre daños ocasionados por los movimientos de tierra iniciados hace unas semanas en el predio del emprendimiento autorizado entre el arroyo Maldonado y la Ruta 10, a la altura de la calle Juan Pedro López. No obstante, tras dos jornadas completas de trabajo, el domingo por la noche la empresa comunicó que “se realizaron numerosos cateos próximos al oleoducto” y que, hasta ahora, no se constató una falla en la infraestructura.
“Se estima que podría tratarse de una acumulación antigua de hidrocarburos que afloró como consecuencia de los movimientos de suelo realizados por la obra. Los análisis de las muestras de producto recogidas en sitio y la continuidad de las tareas de inspección procurarán determinar con certeza el origen”, detalló el comunicado oficial. Concluyó que “la situación permanece localizada, bajo control y con monitoreo permanente por parte de los equipos técnicos”.
Oleoducto bajo presión
El caso registrado este fin de semana en Palmas de La Barra coincide, además con la preocupación de Ancap por el desarrollo de otra construcción ubicada junto al oleoducto, en la desembocadura del arroyo Maldonado: la del edificio Delamar Lofts, edificado en el barrio El Tesoro, entre la ruta 10 y el arroyo.
Como informó inicialmente la diaria, el 28 de mayo la IDM libró una orden de “detención inmediata” de la construcción, promovida por el desarrollista Enrique Etchebarne, a raíz de denuncias de residentes en el primer edificio Delamar original, que es lindero y se encuentra a metros de los puentes ondulantes.
Una inspección técnica de la Dirección de Control Edilicio de la IDM constató que la nueva construcción “no se ajusta al permiso autorizado” por en julio de 2024. Las obras “exceden los límites” del padrón 15.001 y avanzan sobre el padrón independiente 18.250, determinó el relevamiento, entre otras irregularidades.
En paralelo a los planteos vecinales, el 15 de mayo la IDM también había recibido consultas de Ancap ante la certeza de que la construcción viola la servidumbre con respecto al oleoducto José Ignacio-La Teja, establecida por la ley 17.389. El viernes pasado, la emisora Cadena del Mar informó que la detención de las obras ordenada por la IDM se debió a esta denuncia.
Grandes riesgos asociados
Un cateo puntual realizado por la empresa constructora permitió al ente público constatar que el ducto “está a 0,65 metros del muro frontal de la obra, a una profundidad de 1.7 metros del nivel del suelo de la vereda”, según indica un correo electrónico dirigido al Departamento de Gestión Territorial de la IDM, al que accedió la diaria.
“Ese muro corre más o menos paralelo a nuestro ducto, por lo que creemos que en toda su dimensión está incumpliendo con la ley 17.389. Y no podemos asegurar que, durante la construcción de sus cimientos, no hayan dañado nuestro ducto o su revestimiento”, reportó la empresa en su nota.
Otros documentos remitidos por Ancap a la IDM advierten que la violación de la reglamentación preventiva “podría afectar la mecánica de los ductos, que tiene riesgos asociados de gran impacto: derrame [por consiguiente daño ambiental en una zona turística clave de Maldonado], incendio, explosión o desabastecimiento de combustible en todo el país”.
Pedidos de informes del diputado Garlo
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) cursó dos pedidos de informes vinculados con ambos casos. El primero, fechado el 17 de junio, fue dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Ancap y tiene un único punto: determinar si la construcción del edificio Delamar Lofts, en los padrones 15.001 y 18.250 cumple con las exigencias establecidas en el artículo 5 del decreto nacional 120/012, reglamentario de las servidumbres establecidas por ley 17.389 en favor de Ancap.
“Queremos saber si se solicitaron los permisos y se realizaron las comunicaciones, si existe algún tipo de riesgo para esta infraestructura debido a la proximidad de las construcciones”, declaró a la diaria. El legislador ya había sido crítico con los incumplimientos que determinaron la orden de detención de obras en mayo con respecto a este emprendimiento.
Por otra parte, dijo que esta semana cursará otro pedido de informes a raíz de la situación registrada durante los movimientos de tierra del emprendimiento Godai. Su objetivo es saber si se cumplieron con las exigencias establecidas en la ley de servidumbres con respecto al oleoducto y si existió algún tipo de afectación o no en la infraestructura.
Garlo recordó que tanto Godai como la Delamar Lofts son excepciones otorgadas por el Partido Nacional gobernante en Maldonado, por fuera de la normativa aplicable a la zona, que “tienen beneficios constructivos extraordinarios y que implican una afectación concreta del ambiente en por su proximidad al arroyo Maldonado y su humedal, un ecosistema especialmente protegido por la normativa”.