Una quincena de personas resultaron heridas luego de que militares retirados guatemaltecos irrumpieran con violencia en la sede del Poder Legislativo para reclamar compensaciones económicas. Llevaban piedras, machetes, botellas y palos cuando rompieron el portón de hierro que funciona como una entrada secundaria al edificio.

En el estacionamiento quemaron autos y motos, según informaron periodistas de AFP y Efe, y dentro del Congreso rompieron vidrios y prendieron fuego despachos de legisladores. Entre los heridos hubo una decena de policías y cuatro periodistas de medios guatemaltecos.

Cuando irrumpieron los militares retirados, en el Congreso se encontraban 12 de los 160 legisladores, y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, que tuvieron que protegerse lejos de las zonas invadidas por los manifestantes.

Los reclamos de los militares retirados surgen de una promesa de campaña que hizo en 2019 el actual presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei. El mandatario dijo que cada integrante del Ejército que participó en la guerra interna que atravesó Guatemala de 1960 a 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, recibiría 15.500 dólares aproximadamente. Durante ese conflicto murieron o desaparecieron más de 250.000 personas, en su mayoría a manos del Ejército.

Quienes serían beneficiados por la promesa del presidente reclaman que el Congreso apruebe una ley que disponga esas compensaciones y amenazan con nuevos ataques en caso de no recibirlas. “Aquí hay kaibiles, hombres completamente entrenados, soldados de montaña entrenados para sobrepasar a los antimotines, están completamente entrenados para morir”, dijo Francisco González, integrante de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala, según citó el diario La Prensa. Los kaibiles son una fuerza antiterrorista del Ejército del país centroamericano, conocida por sus métodos de entrenamiento extremos. “Esto comienza. Se le va a volver un caos al presidente. Hemos estado con mucha paciencia”, dijo González.

Hasta el martes, algunas de las 15 asociaciones de militares retirados que reclaman esta compensación habían organizado manifestaciones y bloqueado carreteras. Desplegaron esas medidas en junio y también en agosto para presionar por la aprobación de la ley.

De acuerdo con La Prensa, algunos dirigentes dijeron que ese día, antes de irrumpir en el Congreso, fueron citados a asistir al Parlamento para informarse de los avances del proyecto que presentó en 2019 el diputado Felipe Alejos, pero no fueron recibidos.

“La otra semana hay posibilidades de que todos los veteranos salgan, lo han dicho ellos”, afirmó González en ese entonces. Agregó que esta vez no protestarían de manera pacífica y que “van a apostarse en las carreteras, no se sabe si aquí en la ciudad o en dónde. Se va a bloquear todas las entradas y salidas. La furia es tremenda, el engaño es muy fuerte porque les dijeron a los encargados que hoy los iban a atender a las 11.30 y no salió nadie”.

El Ministerio de Gobernación, equivalente a un Ministerio del Interior, informó este miércoles que ya tiene identificados a los líderes de las acciones violentas del martes, y anunció la detención de cuatro hombres, de 47 a 68 años, todos ellos acusados de haber causado daños en la sede del Congreso.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que “esto ya no es una manifestación, estos son actos delincuenciales”. Recordó que los dirigentes de estas organizaciones de militares son conocidos y consideró que ahora son grupos delictivos, y pidió a la Fiscalía “una investigación exhaustiva y profunda para dar con los responsables”.