Un tribunal administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) falló en contra del secretario general del organismo, Luis Almagro, por entender que causó “daños morales, personales y profesionales” al exdirector ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado brasileño Paulo Abrão, a quien decidió no renovar en el cargo en 2020.

En ese entonces, Abrão contaba con apoyo unánime de los comisionados de la CIDH para continuar por cuatro años más en el cargo; sin embargo, la decisión fue bloqueada por Almagro, que no dio su visto bueno por -según argumentó meses después- la cantidad de denuncias de un mal ambiente laboral en la CIDH generado por denuncias de favoritismo y encubrimiento a empleados acusados de acoso sexual.

“Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo”, dijo Almagro en su momento. Sin embargo, la sentencia del tribunal administrativo, que este miércoles consignó Associated Press (AP), detalla una actitud “desconcertante” tanto del excanciller uruguayo como de la defensora de los derechos humanos de la OEA, Neida Pérez, por entender que se violó el derecho de Abrão al debido proceso.

Poco antes de que finalizara el mandato de Abrão, Pérez envió un correo en el que detallaba las quejas sobre el entorno laboral, pero sin hacer recomendaciones de medidas disciplinares; pero cuatro días más tarde, envió un correo sólo a Almagro en el que recomendaba no renovar al director de la CIDH.

De acuerdo a la sentencia, esto “refleja una lamentable falta de transparencia, trato justo y manejo ordenado de las comunicaciones oficiales con funcionarios de alto rango de la OEA”, además de consignar que las denuncias sobre el ambiente laboral no fueron como las describió Almagro, sino que consistieron en entrevistas con Pérez en las que no hubo quejas únicamente contra Abrão sino contra varios empleados.

La cuestión para el tribunal es que Abrão no fue renovado por argumentos que no tenían pruebas firmes, o al menos no habían sido presentadas en ninguna investigación formal al respecto, y por lo tanto el abogado no tuvo oportunidad de defenderse antes de ser cesado del cargo. Por esto, la OEA deberá pagar a Abrão 12 meses de salarios, además de obligar a Almagro a firmar una carta que consigne que el brasileño no estaba siendo sometido a ninguna investigación al momento de ser cesado.

Esta sentencia se suma a una ya delicada situación del secretario general a la interna de la OEA, donde está siendo investigado por su relación sentimental con una funcionaria 20 años más joven, la mexicana Marián Vidaurri, parte de su círculo de confianza, lo que sería una violación al código de ética de la organización.