El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó que la Fiscalía investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera Drouet, salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con nexos con una presunta red de narcotráfico.

La reacción del mandatario se dio el martes en un comunicado publicado después de la filtración de unos audios difundidos por el medio digital La Posta, en los que se escuchan las voces de generales de la Policía hablando sobre el archivo de una investigación reservada denominada León de Troya, enfocada en el seguimiento a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que aparece una persona cercana al oficialismo, Rubén Cherres Faggioni, un estrecho colaborador de Carrera, quien realizaba negocios ilícitos con organizaciones delictivas albanesas que operan en Ecuador.

En las grabaciones se escucha a tres generales de la Policía hablando sobre el archivo de la investigación que involucra a Cherres Faggioni. Posteriormente fueron identificados como Tannya Varela, comandante de la institución, Giovanni Ponce y Mauro Vargas; dos de ellos fueron destituidos.

Este miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, se refirió a la orden del presidente en una entrevista con la cadena local Teleamazonas. Según el funcionario, la desvinculación de los dos uniformados fue ordenada por el mandatario porque “estos generales han tomado decisiones que pudieron afectar la institucionalidad” del Estado.

En el documento, publicado el martes, el gobierno aseguró que el presidente Lasso “nunca ordenó que se archive investigación alguna, y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicado de forma reservada”, informó el diario digital ecuatoriano Primicias.

Pero el dato más contundente del documento titulado “El presidente de la República no solapa a nadie”, que fue publicado por la Secretaría General de Comunicación del Gobierno a modo de respuesta, está en el punto 4, donde se dice que el mandatario expresamente “pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera”, quien es su cuñado.

De acuerdo a la investigación de La Posta difundida en los primeros días de enero y conocida mediáticamente como caso Gran Padrino, desde el comienzo de su mandato, en mayo de 2021, Lasso quiso tener un equipo de asesores privados para que supervisaran la rentabilidad de las empresas públicas. A la cabeza de este equipo de asesores Lasso designó a su cuñado Carrera, quien es uno de los principales accionistas del banco Guayaquil, entidad que el ahora mandatario presidió durante 18 años, entre 1984 y 2012. En el caso, que está siendo procesado judicialmente por la Fiscalía, también tendría un papel protagónico Hernán Luque Lecaro, quien fue designado en julio de 2021 presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Según las denuncias, Carrera y Luque generaron una red mediante la cual se cobraban coimas cuando se otorgaban contratos de obras públicas. Por su parte, Cherres Faggioni está siendo investigado por la Policía por un presunto caso de narcotráfico en el que también habrían participado criminales provenientes de Albania.

La investigación periodística, luego analizada por los legisladores en una comisión que aprobó la realización de juicio político, lo cual fue refrendado a comienzos de este mes por la gran mayoría de los parlamentarios, dejó al descubierto, entre otras cosas, que Cherres Faggioni habría aportado más de un millón de dólares para el financiamiento de la campaña electoral de Lasso, en una operación de blanqueo de capitales provenientes de la organización delictiva albanesa que está instalada en Ecuador. Los denunciantes dicen que es imposible que el presidente Lasso no supiera de estas operaciones ilícitas millonarias, por lo cual reclaman su destitución.

La iniciativa de juicio político es impulsada por la mayoría legislativa, que está integrada por la bancada de Unión por la Esperanza, sector afín al expresidente Rafael Correa, el centroderechista Partido Social Cristiano y facciones de la Izquierda Democrática y del movimiento indigenista Pachakutik.

Si el Poder Judicial no hace objeciones y devuelve el caso al Legislativo, proceso que puede demorar algo más de un mes, el juicio en la Asamblea Nacional se pondrá en marcha. Según la ley ecuatoriana, para que un jefe de Estado pueda ser cesado por el Parlamento se necesitan dos tercios de los votos a favor de la moción.