El patrimonio de Nayib Bukele, que gobierna El Salvador desde 2019, se dio a conocer por primera vez este lunes. El presidente declaró activos por 4.561.160,23 dólares y pasivos por 94.681,99, lo que deja un patrimonio neto de 4.466.478,24 dólares.
Estos números se hicieron públicos después de que el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobara en febrero una “ley anticorrupción” que obliga a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial y la de su cónyuge ante la Corte Suprema, con el detalle de activos, pasivos, adquisiciones y transferencias. De todos modos, solo se divulgaron los totales de activos y pasivos.
Desde 2021 se presentaban declaraciones patrimoniales, pero se mantenían en reserva bajo el argumento de que se trataba de información confidencial, publicó el periódico La Prensa Gráfica. El cambio en la normativa fue reclamado por el Fondo Monetario Internacional, con el cual el gobierno llegó a un acuerdo por 1.400 millones de dólares en 2024.
La riqueza de Bukele contrasta con la preocupación por la economía presente en la población de su país. En las encuestas elaboradas por el Instituto Universitario de Opinión Pública, este asunto aparece como el principal problema para los salvadoreños, tanto en la medición de 2024 como en la de 2025.
El año pasado, 28,4% de los consultados identificaron la economía como el “principal problema que enfrenta actualmente El Salvador”, a lo que se agrega un 8,4% que mencionó el alto costo de vida y un 8,1% que situó en el primer lugar el desempleo.
Sin embargo, la seguridad sigue siendo el eje de la política de Bukele. Días atrás, al inaugurar un complejo de oficinas de la Fiscalía General de la República, el presidente destacó que “la violencia en El Salvador está en niveles mínimos, y que alguien vaya a ser asesinado, violado o extorsionado es la excepción, no la regla”, dijo.
De todas maneras, Bukele considera que es necesario profundizar su política de seguridad, que ha sido muy cuestionada por no respetar los derechos humanos, pero también le ganó popularidad en un país en el que la violencia de las pandillas llegó a ser el principal problema. “Todavía no somos un país de ley-orden”, dijo.
El presidente afirmó que, pese a que logró “vencer” a las pandillas “en una guerra abierta”, su meta es pasar a “una nueva etapa para construir el país con mayor ley y orden de todo el hemisferio y, en un futuro, uno de los países con mayor respeto a la ley y al orden en el mundo”.
La política de seguridad de Bukele se apoya, entre otras medidas, en el cuestionado régimen de excepción que rige desde marzo de 2022. Esa medida, que restringe garantías y derechos, fue creada para aplicarse en forma transitoria, pero ya se prorrogó 50 veces y se extendió por más de cuatro años.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch reclamaron días atrás que se termine con ese estado de emergencia permanente, con las detenciones arbitrarias, las muertes bajo custodia estatal y las violaciones de los derechos humanos. Exigieron procesos judiciales con garantías, y la revisión de los juicios colectivos a supuestos pandilleros.
También denunciaron, por separado, la situación de Ruth López, que era una voz crítica del gobierno. La abogada y defensora de los derechos humanos, que fue asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue detenida hace un año. Se la acusó de malversación de fondos y, después, de enriquecimiento ilícito.
Human Rights Watch sostuvo acerca de la situación de López: “Pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños del abuso de poder”. Actualmente la abogada está en prisión preventiva, sin pruebas y sin acceso adecuado a abogados, denunció la organización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató el caso y dictó medidas cautelares para López. Según advirtió Amnistía Internacional, esas medidas no se cumplieron y López es una presa de conciencia. Afirmó que “la profunda preocupación sobre el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso” se extiende también a otras “miles de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador”.